Intervención del Senador Zoé Robledo A., del Grupo Parlamentario del PRD, durante la reunión de trabajo de comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos.
Zoé Robledo A. (ZRA). Compañeras y compañeros senadores.
Sin duda, la necesidad de una nueva regulación que pusiera en primer lugar a los ciudadanos, a los usuarios, a la calidad colectiva de los mexicanos como audiencia de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones fue un compromiso unificador de esta Cámara de Senadores cuando se aprobó la reforma constitucional.
En aquel momento coincidimos todos que era urgente un cambio en el modelo de competencia en la economía mexicana; coincidimos que era urgente un cambio en el modelo que combatiera los monopolios, así como nos lo había recomendado ya la propia OCDE desde el 2011, principalmente en dos sectores de punta: las telecomunicaciones y la radiodifusión.
Coincidimos que era necesario hacer leyes que premiaran la innovación y el talento de los ciudadanos frente a los carretazos de dinero de los empresarios que les aseguran posiciones privilegiadas en el poder futuro de un contubernio que sigue presente en nuestro país entre el poder público y el poder económico; uno de los rezagos que hemos heredado de tiempos menos democráticos que el que vivimos el día de hoy.
Desde 1951 se permitió el ejercicio en nuestro país de un modelo de televisión abierta y desde 1990 otro en el sector de las telecomunicaciones privadas que han llevado a México a contar con un grupo de poder que concentra las prácticas abusivas; que concentra la influencia en el poder público, que concentra la riqueza y en ese sentido son grandes responsables en del problema de desigualdad que vive en nuestro país: es el capitalismo de cuates, es el fetiche por el mercado libre. Sí, pero libre de competidores, libre de innovación, ajenos a los intereses del gobierno, de los ciudadanos, libre de proyectos y de servicios innovadores y de calidad; libres, pues, de reglas claras, libres de regulación, libres de resultados socialmente aceptables.
Por eso es que en el momento en que aprobamos la reforma constitucional hubo un acuerdo. Así lo pensamos muchos, que el acuerdo era frente a los poderes, a los dos, a todos; no solamente a uno o a otro.
La radiodifusión y las telecomunicaciones en México son islotes en donde los derechos de los consumidores y los derechos de los usuarios, de las audiencias y de los ciudadanos en general son cartas de triunfo que muy pocos pueden decir tener.
Ahí está el ejemplo de Telesistemas Mexicanos, en 1951 después convertido en Televisa y después el monopolio público convertido en privado, Telmex, que después derivó en Grupo Carso.
Estas situaciones hacen confundir el sentido social de una economía de mercado. Un escenario pantanoso en el que nos hemos estancado: mercados distorsionados, competencia simulada, altísimas barreras de entrada imposibles de alcanzar.
La legislación mexicana a lo largo de los años, relativas a este sector, ha favorecido a los de por sí ya favorecidos. Es no sólo un juego no legítimo; es un juego totalmente injusto, por eso la reforma constitucional en esta materia suscitó importantes consensos.
El mercado es una institución en donde se intercambian derechos y obligaciones, pero es el Estado quien debe garantizar la asignación clara de estos derechos y permitir que en igualdad de condiciones se compita. La rectoría del Estado y su capacidad de regulación son condiciones necesarias para poder hacer socialmente eficientes a estos mercados.
Después de la reforma constitucional, el día de hoy nos corresponde extender el esfuerzo y plantear los cómos con puntualidad, los cómos con un rigor técnico, con especificidad temática, pero sin olvidar la base y los principios que le dieron origen.
Hoy corresponde esa dificilísima tarea de reglamentar la Constitución sin contravenirla, siguiendo su letra, siguiendo su espíritu y nunca perder de vista hacia dónde deben de ser orientados los esfuerzos del Poder Legislativo y en particular de la Cámara de Senadores, deben estar orientados al bienestar de los ciudadanos y a la garantía del pleno goce de sus derechos.
Ese es el horizonte último de todo producto legislativo, la pluralidad de intereses en una democracia hay que aceptarlo, no es solamente una realidad, también es un síntoma de salud y vitalidad institucional, somos diversamente divergentes.
Sin embargo, lo que se ha confundido plenamente es qué intereses se deben defender y los intereses que aquí deben prevalecer son los de los ciudadanos, los de cada una de nuestras entidades federativas, no los intereses de las empresas, de ninguna.
La ramplona reducción que se ha hecho de esta ley es el que lo que está en juego es la disputa entre dos empresas. Ya se ha dicho en este mismo salón de sesiones, dos empresas y en ese sentido el que haga lo que haga el congreso, es el arbitraje para favorecer a uno u otro grupo económico.
Yo no acepto que se quiera poner esa condición. La discusión ha desdibujado por completo lo que debería haber sido la primera prioridad, cómo es que esa ley puede beneficiar a los consumidores y la segunda pregunta, si realmente lo hace o no.
La izquierda y la derecha han sido desplazadas como horizontes del espectro ideológico, por otras dos etiquetas y otro espectro. Ahora se habla de Televisa, se habla de Grupo Carso, dependiendo del lado del espectro radioeléctrico en el que cada quien quiere estar.
En dónde quedó la discusión ideológica de nuestros temas. Ahora la nueva disyuntiva no va a ser el ser de izquierda o de derecha, sino pertenecer a un grupo monopólico o a otro grupo monopólico ambos igual de nocivos.
Esa ley no es el mecanismo para favorecer o perjudicar a ningún grupo económico, sino para garantizar derechos y crear beneficios sociales.
La posición de los senadores del PRD es a favor de las audiencias y a favor de los usuarios, no es a favor ni es en contra de ninguna empresa, que quede claro. Lo malo no es que existan empresas como Telmex, Telcel o televisa, lo malo es la falta de competencia en la que operan esas empresas.
Estas empresas no disputan mercados, ahora están disputando capacidad de influir en los legisladores. Tenemos que lograr que hagan crecer el mercado geográfico y socialmente ambas para facilitar el acceso a nuevos usuarios y a nuevas audiencias, ese debería de ser el interés central de todos nosotros cuando nos paremos aquí y emitamos un voto.
El mercado de radiodifusión en telecomunicaciones tendrá que reordenarse como consecuencia de garantizar derechos y estándares para beneficiar a las audiencias y a los usuarios.
La tentación de favorecer a un grupo económico a través de la legislación en telecomunicaciones y radiodifusión es un grave error y una acción ilegítima.
En radiodifusión el énfasis debe ser ampliar nuestra democracia, fortalecer una sociedad en esencia plural, multicultural y heterogénea. Los medios deben garantizar el acceso y la expresión de toda la sociedad bajo condiciones de competencia económica equitativa y transparente, y donde debe existir una manifiesta intervención del Estado para garantizar el desarrollo y viabilidad de los medios públicos y los medios sociales.
Las telecomunicaciones también son un factor de desarrollo económico que en nuestro país no se ha aprovechado en todo su potencial, por falta de competencia debe obligadamente romperse la red que atrapa beneficios sólo a favor de una empresa que impone reglas y costos en detrimento del país.
Mayor bienestar y desarrollo económico y una más acelerada consolidación democrática y una más acelerada intervención de todo el espectro plural que es nuestro país, debería de ser la premisa de esta ley.
Si no conseguimos que la democracia avance, si no conseguimos que la competencia económica sea efectiva, que los monopolios desaparezcan y que los ciudadanos vean reflejados en su vida cotidiana los beneficios de esta legislación, entonces no podremos decir que hemos tenido éxito.
Esa legislación debe ver también hacia el futuro, las bases de hacer grandes negocios al amparo de la telefonía fija y las bases para hacer grandes negocios al amparo de la televisión abierta, hay que entenderlo, están a punto de agotarse.
Hoy la base de negocios está ya en los servicios convergentes, en la televisión restringida, en el Internet y en los servicios móviles.
Un par de décadas a lo sumo, como lo pronostica el físico teórico Michio Kaku, las telecomunicaciones estarán conectadas directamente a las personas incluso a través de realidades aumentadas; estaremos pudiendo monitorear todos los días conectados permanentemente, incluso nuestra salud.
A eso es hacia lo que vamos y estamos peleando todavía por cómo favorecer, o cómo perjudicar a uno o a otro de los dos grandes grupos que con falta de regulación, con corrupción, han crecido al amparo del bienestar y de la democracia de nuestro país.
Las telecomunicaciones, como las conocemos hoy, son un tenue esbozo de lo que nos depara el futuro: movilidad total y conexión permanente. Por eso es importante ver todos los temas que implica esta ley.
La preponderancia, sin duda, pero eso es sólo una medida que esperamos sea transitoria y que en la competencia en los mercados se vuelva efectiva en poco tiempo.
Es un tema importante sí, pero no es el único, ni mucho menos es el que más mira hacia el futuro.
Garantizar las libertades democráticas y los derechos de los usuarios y audiencias, es un tema igual de importante, garantizarlo sobre todo en la plataforma de Internet.
Asegurar la neutralidad de la red es probablemente la discusión más trascendente hoy para los próximos años y para el futuro de nuestro país por las nuevas formas de exclusión, las nuevas formas de discriminación y de hacer crecer privilegios indeseados, pasan justamente por ese tema y debemos mostrar, ojala, así como se muestra la preocupación por la preponderancia, hubiera de todos la misma preocupación por la neutralidad de la red.
Esa es la legislación que en 30 años se va a estar reclamando en nuestro país si no hacemos las cosas bien hoy.
Debemos de mostrar preocupación e interés en garantizar la privacidad en el manejo de datos, evitar la censura y la restricción de señales, promover los medios públicos con un modelo incluyente y plural, dejando de lado el oficialismo, impulsar y garantizar la presencia y viabilidad de medios comunitarios indígenas y muy señaladamente incluir mecanismos de accesibilidad para las personas con alguna discapacidad.
Es un paso importante en todos estos temas con inclusiones que se han hecho a partir de lo que era inicialmente la propuesta del Ejecutivo Federal.
Hay que decirlo de manera muy clara: El proyecto de Dictamen que se presenta hoy, no es una transcripción de la Iniciativa que envió el Ejecutivo Federal el 30 de abril a esta Cámara. Tampoco es el documento que presentó un senador a nombre de otros como un Dictamen.
Ahora, cuando escuchamos a muchos hablar de los beneficios y las bondades de esta Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, muchas veces olvidan decir que estos avances no estaban contemplados en la Iniciativa Presidencial.
Por el contrario, la Iniciativa original del Ejecutivo Federal acarreaba una serie de inconsistencias respecto a la Reforma Constitucional, ya que debilitaba al IFT; no garantizaba la neutralidad de la red ni la interdependencia editorial de los medios públicos, además de que amenazaba con cortes de señal de Internet por supuestas razones de seguridad y no consideraba en absoluto a las audiencias y a los usuarios con discapacidad.
La propuesta de Dictamen que se presenta incorpora muchas preocupaciones de la sociedad civil, muchas preocupaciones de académicos y de especialistas, y muchas preocupaciones de integrantes del Grupo Parlamentario del PRD.
Todas, por supuesto que no son todas; más de las que traía el Ejecutivo Federal, muchas más. No estamos satisfechos y yo creo que ningún legislador puede decir, jamás, que está satisfecho plenamente del contenido de una Iniciativa, sin ver ésta, la legislación ideal, es una mejor propuesta de la original.
Pero también hay que decirlo, contiene aún muchos elementos controvertibles y contiene aún muchos elementos insuficientes.
El PRD ha apostado por la construcción de una mejor ley a través del diálogo, un diálogo que ha sido de manera transparente, plural y ha sido también integrando a un grupo amplio de senadores, nunca ha sido un diálogo entre una o dos personas.
Cuando aquí se ha mencionado que hay un diálogo en Los Pinos, es falso. Con todo el respeto que yo le tengo al senador Ernesto Ruffo, como se lo he expresado hace un momento, hoy que cumplen 25 años de que el señor fue el primer gobernador que abrió la alternancia partidista en nuestro país, se lo digo:
Nosotros no iremos jamás a Los Pinos a negociar los derechos de absolutamente nadie. Si no hubiéramos intervenido en esa negociación, esta ley hubiera estado aprobada hace mucho, con una serie de regresiones gravísimas.
No podemos decir que estamos 100 por ciento satisfechos. Pero esta es una iniciativa radicalmente diferente a la que se presentó inicialmente.
Debemos verlo no como un paso final, sino como uno de los pasos iniciales en un largo camino de la reglamentación de sectores que por su muy alto dinamismo económico y tecnológico requerirán de nuevos ajustes.
Nuestros retos es que esta ley se mantenga actualizada y en eso nos estamos comprometiendo.
De aprobarse esta ley, los ciudadanos deben ver reflejados sus beneficios en muy corto tiempo; beneficios como el fin del pago de llamadas de larga distancia, como la portabilidad de su número telefónico con procedimientos sencillos y además, gratuitos; la llegada en poco tiempo de dos cadenas nacionales de televisión y una cadena de televisión del Estado mexicano; la aparición de nuevos y numerosos operadores virtuales de servicios de telefonía celular; la creación de una red pública de internet; mecanismos de acceso a los contenidos de radiodifusión para personas con discapacidad; y el fin del oficialismo en los medios públicos; además de un largo etcétera, que seguramente estaremos discutiendo en estas comisiones y, ojalá, en una muy amplia discusión y debate en el Pleno.
Son beneficios que no podemos regatear, no podemos regatearlos porque se cumplen para unos o se cumplen para otros; si no son beneficios para los usuarios, no son para nadie. Son beneficios que habrán de dibujar una nueva realidad para las telecomunicaciones y para la radiodifusión en nuestro país.
Esa ley implica muchos temas, muchas transformaciones: yo las considero positivas, por eso mi voto va a ser a favor.
