- El tejido social está roto
El pasado lunes 1º de diciembre, la Cámara de Senadores recibió con gran interés el paquete de reformas que el presidente de la república propuso con el objetivo de mejorar la seguridad, la justicia y el Estado de derecho. Un día después, en la sesión del martes 2, dicho paquete fue turnado a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Justicia y Estudios Legislativos Segunda, para cumplir con el trámite correspondiente. En esta sesión, los grupos parlamentarios expresaron sus valoraciones iniciales.
Las y los senadores manifestaron sus divergencias y sus puntos de vista, pero a pesar de esto, tenemos clara nuestra ineludible responsabilidad de contribuir a buscar soluciones a la difícil situación por la que México atraviesa.
Estamos conscientes de la indignación de la sociedad ante la impunidad y la exigencia de justicia. Reconocemos la existencia de un movimiento social en las calles, que demanda la localización de los 43 integrantes de Ayotzinapa y castigo a los responsables.
Más allá de puntos de vista particulares, para responder adecuadamente a la sociedad, se requiere realizar un diagnóstico certero de la situación para saber si las propuestas enviadas por el Ejecutivo responden a esa problemática, o bien, qué adiciones y modificaciones podrían realizarse.
En Iguala, entre otras cosas, se investiga la infiltración de la delincuencia con las autoridades municipales por los lamentables hechos del 26 y 27 de septiembre que todos conocemos. De confirmarse los vínculos del expresidente municipal con grupos del crimen organizado, surgen varias interrogantes: ¿por qué fue posible esta infiltración? ¿Se trata de un caso que obedece a los perfiles económicos y familiares del expresidente municipal y de su esposa? ¿Se trata de un fenómeno regional? ¿Existe una debilidad estructural en los municipios mexicanos?
El fenómeno de la infiltración se tiene que abordar por lo menos desde tres perspectivas: la prevención, la detección de la infiltración y las acciones correctivas para sanear el ámbito municipal.
En nuestro país existen cerca de 2,500 municipios. ¿Cuántos viven una situación similar a la de Iguala? ¿Cuántos enfrentan riegos similares? ¿Es lo mismo hablar de municipios como Ecatepec, en el Estado de México, que de Elota, en Sinaloa, o de Tehuacán, en Puebla? Existe una gran disparidad en las dimensiones y características de los municipios mexicanos.
En la iniciativa de reforma que envió el titular del Ejecutivo, se pretenden reformar los artículos 21, 73, 104, 105, 115, 116 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se trata de la facultad del Congreso para expedir la Ley contra la Infiltración del Crimen Organizado en las Autoridades Municipales; la reforma para modificar el sistema de competencias en materia penal, para que los órganos de gobierno asuman su responsabilidad en este asunto; y la reforma constitucional concerniente al establecimiento de las policías estatales únicas.
Las y los senadores coincidimos en la urgencia que vive el país en esta materia y consideramos fundamental preservar nuestro sistema federal, los municipios deben conservar el poder de coerción para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.
El municipio y sus atribuciones forman parte de nuestro entramado institucional. No será debilitando el municipio como sortearemos esta crisis, sino con un trabajo coordinado, eficaz y eficiente de los tres órdenes de gobierno.
En Ayotzinapa se expresa en toda su dimensión la degradación institucional con todas sus causas y formas. Es una crisis institucional en materia de seguridad, pero también una crisis en materia de combate a la corrupción, de impunidad, de procuración de justicia, de comportamiento electoral. Se trata de una crisis que tiene como telón de fondo la pobreza y desigualdad.
Vemos con preocupación un conjunto de hechos presentes en la realidad nacional; el problema de la inseguridad y la infiltración del crimen organizado en algunas instituciones, y la precaria situación de la economía nacional y sus perspectivas para el siguiente año. Las proyecciones de las autoridades económicas mexicanas han presentado disparidades con el desarrollo de la economía nacional e internacional, lo que ha tenido impacto en el bienestar de millones de familias mexicanas.
Vemos con preocupación una posible polarización social y el déficit de credibilidad de la ciudadanía en las autoridades.
Para remontar la actual situación, se requiere una respuesta del Estado mexicano, lo que implica la acción de los tres poderes que lo integran. Esto significa acciones ejecutivas, reformas legales o constitucionales, e impartición de justicia.
El combate a la corrupción y a la impunidad son los ejes de la actual crisis que afecta al Estado mexicano. Urge avanzar en la reforma anticorrupción. Al final de cuentas, se trata de un sistema de hombres que tienen que ser responsables de sus acciones como servidores públicos y como ciudadanos.
El tejido social está roto. La única manera de reconstruirlo consiste en colocar, en primer lugar, las demandas de la sociedad. Es prioritario combatir la desigualdad, disminuir la pobreza, garantizar los derechos esenciales, proteger a los grupos en situación de vulnerabilidad, garantizar los derechos humanos a la libre manifestación, establecer controles democráticos y un sistema eficaz y eficiente de pesos y contrapesos que robustezcan nuestras libertades.
@MBarbosaMX
Presidente de la mesa directiva del
Senado de la República.
