En la campaña electoral Andrés Manuel López Obrador propuso la creación de una Guardía Nacionalque sustituyera a la Policía Federal y a otros cuerpos policiales, parecía una ocurrencia que pasadas las elcciones tomaría una forma más lógica, pero no fue así. La terquedad característica del ahora Presidente y la necesidad de establecer un pacto con las Fuerzas Armadas para asegurar estabilidad y protección a los altos mandos que sirvieron con lealtad a los gobiernos anteriores, son los dos elementos principales para pretender modificar la Constitución y crear una nueva fuerza armada con sello militar para combatir la inseguridad que impera en casi todo el territorio del país.
Existe justificadamente un enorme reconocimeinto y gratitud a la labor que, fuera de sus tareas originales, realiza el Ejercito y la Marina, pero se entiende su presencia fuera de los cuarteles como una medida temporal que se ha prolongado en el tiempo, necesaria pero transitoria, en tanto se tienen instituciones policiales confiables, eficientes y efectivas, que permitan el retiro paulatino pero definitivo de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
La Guardia Nacional como la quiere López Obrador es una traición a las personas que creyeron en un cambio que incluía desmilitarizar el combate a la inseguridad, diferenciarse de la política seguida por Calderón y Peña en esta materia pero, sobre todo, es una medida que anula todo el trabajo tendiente a conformar instituciones policiales bien capacitadas, confiables y bajo mando civil, afecta el Pacto Federal por la intervención en las entidades federales sin sujetarse a ningún control estatal y vuelve casi irrelevante el regreso de la Secretaria de Seguridad Pública.
La Guardía Nacional se diseñó en el siglo XIX y esta contenido en la Constitución de 1917 para ser una fuerza civil armada, de carácter temporal y plenamente diferenciada del Ejército, muy distinto a la que ahora se propone conformar a partir de las policías de la Marina y el Ejército, con disciplina y capacitación militar, destinadas a un despliegue territorial nacional e incluso actuando de forma auxiliar al Ministerio Público.
Si la Ley de Seguridad Interior que recientemente la Suprema Corte de Juticia de la Nación declaró incosntitucional, fue motivo para una protesta social y ciudadana por la perpetuidad de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y los controles discrecionales que pretendía otrogar; la creación de la nueva Guardia Nacional que en los hechos se formará a partir del Ejército y la Marina, y tendra un diseño y estructura militar, ha desatado el repudio de muchas personas y organizaciones nacionales e internacionales que incluso dejaron clara su oposición a esta idea en las breves audiencias que la Comisión de Puntos Constitucionales permitió en la Cámara de Diputados. Está discusión aún no termina.
Senador Juan Zepeda
