México está revuelto. Hay manifestaciones, lo mismo en Chihuahua que en Quintana Roo, de médicos en el Zócalo, de empresarios en el Ángel o de maestros en Oaxaca. Pareciera que la ruta del diálogo para resolver conflictos está más resquebrajada que nunca.
Antes de analizar aspectos de política pública, creo que hay una gran lección que tenemos que aprender de todo esto: en México se mantiene la falta de empatía. A todos los niveles y en todos los sectores se percibe una incapacidad, casi absoluta, para ponerse en los zapatos de la persona de enfrente. En tanto no se resuelva esta deficiencia social, la tensión seguirá irremediablemente en aumento.
Llegar a las balas como ocurrió recientemente en Oaxaca es fracasar. Llegar al extremo de matar al otro es un proceso que se gesta cuando por cerrazón o desconocimiento se descalifica por una realidad que no es la propia.
El domingo 19 de junio en el municipio de Nochixtlán, durante un operativo policial para desarticular un bloqueo en la autopista Oaxaca-Cuacnopalan, se suscitó un violento enfrentamiento entre integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y elementos de la Policía Federal y Estatal, que ha dejado hasta el día de hoy 8 personas fallecidas, más de 100 lesionados, entre civiles, policías federales y policías estatales, así como decenas de detenidos.
Está claro que uno de los catalizadores del desbordamiento de la situación fue la negativa del gobierno federal a encauzar el diálogo con los integrantes de la CNTE. La cerrazón no puede caber como estrategia en un país democrático.
En lo inmediato, a una semana de los eventos, frente a los enfrentamientos del 19 de junio, prevalecen más preguntas que respuestas: ¿quiénes fueron los primeros en disparar?, ¿por qué lo hicieron?, ¿existieron grupos infiltrados ajenos al magisterio?, ¿por qué la policía dijo que no utilizó armas y después reconoció que sí?, ¿la policía federal y estatal violó el Protocolo del Uso Racional de la Fuerza Pública?, ¿dónde estuvo la labor de inteligencia previa al envío de la fuerza policial?, ¿cómo y cuándo se van a procesar y castigar a los responsables? Para que el diálogo sea creíble, tener respuestas a estas preguntas por parte de la autoridad es fundamental.
Necesitamos que la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, den un reporte profundo y detallado. Se debe considerar, incluso, acudir a instancias internacionales, para tener plena certidumbre sobre la naturaleza de los hechos ocurridos.
El escalamiento de la tensión y la lamentable pérdida de vidas humanas evidencian que es necesario construir un espacio de análisis y diálogo sobre la afectación de los derechos laborales de los maestros y maestras, derivados de la Ley General del Servicio Profesional Docente aprobada
