Padecer la contingencia ambiental que afectó hace una semana a la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, es producto de la conjunción de irresponsabilidad e incompetencia de las diversas autoridades involucradas. La elemental coordinación para prevenir y atender una situación que afecta gravemente la salud de millones, parece convertirse en algo inalcanzable y lejano, pero se trata de un asunto del primer orden de prioridad que la cotidianidad de una de las zonas más pobladas del planeta.
No hay que olvidar que los tres días de contingencia ambiental fueron precedidos de inusuales vientos que durante dos días azotaron la región. La imagen más impactante fue la caída de una estructura de publicidad que aplastó a dos vehículos en el municipio mexiquense de Metepec. Cientos de árboles caídos, vialidades afectadas, zonas sin energía eléctrica, incluso se decretó la suspensión de clases en escuelas públicas y privadas.
Este evento, en sí mismo, puso a prueba la capacidad de coordinación entre las autoridades de las dos entidades federativas quienes resolvieron sus afectaciones sin mucha comunicación entre ellas, cuando la realidad requería de una respuesta lo más coordinada posible.
Las autoridades del Estado de México trataron de eludir su responsabilidad en la contingencia ambiental que se vivió en el Valle de México, ya que en lugar de abonar a la solución del problema lo agravaron con declaraciones y medidas como la adoptada por el gobernador Eruviel Ávila de impedir el acceso de los vehículos del gobierno capitalino, que diariamente descargan toneladas de desechos en rellenos sanitarios de aquella entidad.
Todos saben por experiencia propia y ajena, los niveles de corrupción que imperan en el Estado de México. La gente suele decir que si quieres “librar” el hoy no circula, mejor saca la placa de tu vehículo allá para que las verificaciones vehiculares salgan a modo. Eso es posible gracias a la complicidad de autoridades, verificadores y, tristemente, de los ciudadanos que se prestan a prácticas corruptas, pensando que resuelven su problema sin contemplarlas posibles afectaciones a futuro.
Los millones de Mexiquense que a diario se enfrentan a las limitadas, malas y costosas opciones de transporte público, saben bien que casi siempre se trata de mafias toleradas y alentadas por las mismas autoridades. Saben que el Mexibús no funciona como debiera y que aún circulan rutas de colectivos que tuvieron que ser reubicados y no lo hicieron; que no se han retirado miles de autos chatarras que contaminan todos los días; que al menos uno de cada cinco verificentros tiene irregularidades y que las medidas de verificación ambiental no funcionan ni abonan en la reducción de contaminantes. En suma, impera un desorden evidente que no puede ocultarse con declaraciones grandilocuentes y oportunistas.
El Secretario de Movilidad del Estado de México, Isidro Pastor Medrano, reconoció que circulan en la entidad 200 mil unidades de transporte público en el estado: 103 mil son taxistas y 65 mil son de ruta fija, los otros son los piratas o tolerados. Ni unos ni otros superan del todo controles ambientales veraces como dicen hacerlo.
Cifras oficiales indican que de los 5.3 millones de vehículos que circulan diariamente en el valle de México, la mitad proviene del Estado de México (2 millones 600 mil), de ellos por lo menos 500 mil «evaden con mordidas» la norma ambiental.
La movilidad, lo sabemos, es un punto débil de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Estudios de organizaciones civiles como el Poder del Consumidor, establece que de 1990 a la fecha la Ciudad de México perdió 21 kilómetros de velocidad promedio debido a la gran cantidad de vehículos automotor. Antes se circulaba a 38 kilómetros promedio por hora, ahora el promedio es de17 kilómetros por hora. Los recorridos diarios pasaron de un promedio de 53 minutos por traslado, a una hora con 21 minutos.
La ZMVM tiene canales de comunicación y coordinación entre autoridades pero siempre serán insuficientes si se carece de voluntad política y verdadero compromiso para afrontar los retos y necesidades de una urbe con más de 20 millones de habitantes. El reto de la movilidad y una mejor calidad del aire deben ser objetivos precisos en la agenda de autoridades locales y federales en beneficio de los ciudadanos.
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