Como parte del combate a la corrupción se debe terminar con los llamados “moches”, los cuales se han convertido en la imagen de la corrupción gubernamental.
En la historia reciente, así como otros aspectos de la cultura popular, la corrupción ha tenido aspectos que la caracterizan. Un tiempo fue el “entre”, otro la “mordida”, otro la “comisión” y ahora son los “moches”.
Para nosotros, la corrupción es el uso indebido de la función pública con fines privados, que devenga en una conducta típica, antijurídica y punible, que afecte el patrimonio público o el ejercicio del buen gobierno; genere derechos o extinga obligaciones; tolere un hecho en contravención de la ley, u obtenga algún otro provecho ilegítimo a cambio de que se otorgue o se reciba un beneficio indebido.
Los “moches” son hechos de corrupción graves que tienen que sancionarse. Me refiero a cuando los titulares de Secretarías de Estado, los gobernadores, los legisladores federales y locales, los presidentes municipales, los servidores públicos federales, estatales o municipales y demás sujetos obligados, de manera directa, por medio de su cónyuge, concubina, concubinario o parientes, hasta el cuarto grado, obtengan beneficios patrimoniales proveniente de una persona física o moral que haya celebrado contratos de obra pública, adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios con cualquier dependencia, organismo, fideicomiso o fondo donde se ejerzan recursos públicos.
Se debe comenzar por cerrar la puerta a los moches en el Congreso, por tanto, incurrirán en actos de corrupción las y los diputados federales y locales que en el proceso de aprobación del Presupuesto Federal o local, según corresponda, gestionen o soliciten la asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo u obteniendo una comisión, dádiva o contraprestación indebida en dinero o en especie; así como, en el otorgamiento de obra pública o de servicios a favor de determinadas personas físicas o morales.
El combate a los moches no implica una cacería de brujas, en nuestra propuesta se establece una separación entre faltas administrativas y faltas administrativas graves; así como un amplio catálogo para cada una de ellas.
Las faltas administrativas serán sancionadas por los órganos internos de control, las faltas graves, como los “moches”, por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al cual dotamos, en la propia propuesta, de una ley orgánica, que lo provee de herramientas para ejercer cabalmente sus funciones.
Nuestro objetivo es construir un sistema nacional como una instancia de coordinación institucional, de autoridades competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como fortalecer la fiscalización y control de los recursos públicos.
Se podría auditar y fiscalizar a cualquier ente público federal, estatal y municipal, o a cualquier fideicomiso, fondo o figura jurídica que reciba recursos públicos, de manera directa por la Auditoría Superior de la Federación, entidad fortalecida en esta reforma.
La intervención ciudadana tendría un papel importante en el Sistema Nacional Anticorrupción, en el Consejo del Sistema, en la denuncia, en el seguimiento y en la aplicación de sanciones a hechos de corrupción.
Terminada la semana mayor, queda un mes del actual periodo ordinario de sesiones. Tenemos la obligación de consolidar el sistema anticorrupción. Es nuestra obligación y responsabilidad.
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ENTRESACADO: El combate a los moches no implica una cacería de brujas, en nuestra propuesta se establece una separación entre faltas administrativas y faltas administrativas graves; así como un amplio catálogo para cada una de ellas.
