Candidatos asesinados y secuestrados, compra de votos, desvío de recursos públicos, reparto de despensas, televisiones, boletos de cine, guerra sucia entre candidatos y descalificaciones entre partidos. No es 1988, no es 1991, no es 1994, estos son los encabezados en los medios de comunicación de las elecciones del próximo 7 de junio de 2015.
¿Qué ha cambiado en 27 años? ¿Será posible tener elecciones limpias y equitativas en México? ¿Qué cambios tendrían que hacerse para poder mejorar la calidad de nuestra democracia?
A tres semanas de las elecciones, puede decirse que en el actual proceso electoral no existe equidad, ni una eficiente fiscalización de las campañas. El sistema jurídico mexicano establece para los partidos un sistema de financiamiento mixto; es decir, reciben prerrogativas del Instituto Nacional Electoral (INE) y financiamiento privado en su modalidad de aportaciones de militantes y simpatizantes, del autofinanciamiento o de rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.
El INE fiscaliza a los partidos para asegurar que el origen de sus recursos provenga de fuentes permitidas y éstos sean destinados a lo que establece la ley.
El objetivo de la reforma electoral era terminar con la inequidad en las contiendas electorales y fiscalizar eficientemente los recursos de las campañas.
Por supuesto que existen avances, pero nadie puede afirmar y demostrar que esta contienda ha sido equitativa. México es un país democrático, pero la calidad de la democracia es baja.
Lamentablemente la reforma constitucional y legal en materia electoral no bastó para garantizar campañas equitativas y transparentes. El sentido de las reformas que siguieron a las elecciones federales de 2012 era acabar con la inequidad y esclarecer el origen de los recursos de las campañas electorales. Estas metas no se lograron.
Por todos lados, los datos saltan a la vista y los medios de comunicación han documentado una larga lista de irregularidades.
Se han presentado desvíos de recursos públicos hacía las campañas. El propio coordinador de los diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) reconoció públicamente que la campaña publicitaria de su partido salió de las chequeras de sus grupos parlamentarios.
Medios de comunicación han documentado que se repartieron despensas, útiles escolares, pantallas planas, boletos de cine y tarjetas de descuento, para tratar de inducir el voto.
Los programas sociales fueron orientados para tratar de influir en las elecciones, como ocurrió en la Cruzada contra el Hambre.
La simple observación de la publicidad de varios de los candidatos pone en evidencia que las campañas sobrepasaron los topes para varios de los cargos en disputa. Las campañas se han “spotizado”, donde se priorizan imágenes y frases que no revelan ni la propuesta, ni el programa de las fuerzas políticas que representan.
Los despliegues publicitarios en Sonora, Michoacán, Guerrero o Querétaro no se han ajustado a los topes de campaña. La fiscalización falló. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece en su Artículo 191, Inciso b) que son facultades del Consejo General “en función de la capacidad técnica y financiera del Instituto, desarrollar, implementar y administrar un sistema en línea de contabilidad de los partidos políticos, así como, establecer mecanismos electrónicos para cumplir con las obligaciones de éstos en materia de fiscalización”.
No existe un sistema de fiscalización en línea. Si bien cada candidato reporta en formato electrónico el informe de sus gastos, este mecanismo está muy lejos de lo que se esperaba al aprobar la ley.
Es precisos hacerse y responder algunas cuestiones: ¿Las reformas constitucionales y legales en materia electoral no fueron las adecuadas? ¿Los responsables de aplicar la ley han sido incapaces y débiles al aplicar las normas? ¿Los sujetos obligados, partidos, candidatos y servidores públicos, decidieron ignorar las normas electorales?
No existen leyes perfectas. Al interés general que expresan las leyes, debe seguir la voluntad general de los servidores públicos y el resto de la clase política. La reforma constitucional y legal en materia electoral contienen importantes avances, pero su sola existencia no ha corregido los vicios y las prácticas que han desprestigiado a la política, violentado el Estado de derecho y puesto en riesgo nuestra democracia.
En el actual proceso electoral destaca para mal la falta de voluntad y, más aún, la decisión de algunos partidos y candidatos de violar las normas electorales. Estamos a tres semanas de acudir a las urnas y con nuestro voto, decir quienes nos representarán, aún estamos en tiempo de cumplir la ley.
La inmensa mayoría de los 83 millones de mexicanas y mexicanos que integramos la lista nominal y que podremos votar el 7 de junio, respetamos las leyes y reglas electorales. Reitero mi llamado a partidos y candidatos a hacer una lección limpia y a cumplir las normas electorales; y a las autoridades, a garantizar el cumplimiento de la ley. XXX TWITTER @MBarbosaMX
