¿Recuerdan quién fue La Quina? Posiblemente muchos y sobre todo los jóvenes dirán que no. Este personaje, llamado Joaquín Hernández Galicia, fue el líder del Sindicato de PEMEX, de 1958 a 1989. Hablamos de más de 30 años al frente del gremio laboral de la paraestatal más importante de nuestro país.
Su período termina con su detención en 1989. Se le acusa de homicidio y acopio de armas para el uso exclusivo de las fuerzas armadas. Es condenado a más de 30 años de prisión, pero en 1997 el gobierno mexicano le concede la amnistía.
Es conocido que el verdadero motivo por el que estuvo en prisión, fue el enfrenamiento que tuvo con el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Terminó preso por un acto de venganza política. La aprehensión de La Quina como muchos otros, es ejemplo del viejo tipo de justicia a la mexicana.
El verdadero problema es que sigue instalada la misma forma de impartir justicia. A 27 años de distancia todo sigue igual. Desde Sonora hasta Veracruz saltan los ejemplos.
Hoy, personajes que caen de la gracia del poder, se convierten en chivos expiatorios. Son perseguidos no por una verdadera motivación de combatir la corrupción, sino por pretender lavarse las manos, y por decisiones políticas pragmáticas. Tenemos como el más reciente ejemplo, el teatro armado alrededor de Javier Duarte, gobernador con licencia prófugo de la justicia.
Persiste la idea de que la manera de procurar justicia, responde a la lógica “la libertad para mis amigos y la cárcel para los que no lo son».
La realidad en México es que la ley no se aplica igual para todos, y por eso estamos en los últimos lugares mundiales en materia de impartición de justicia. De acuerdo con el Índice de Estado de Derecho 2016 del World Justice Project (WJP), nuestro país ocupa la posición 108 dentro de 113 países de todo el mundo, en el rubro específico de justicia criminal.
En cuanto al rubro de Justicia Civil las cosas no son mejores. Ahí aparecemos en el lugar 101 de 113, sólo por arriba de países como Sierra Leona, Etiopía, Nicaragua o Camboya.
El mismo documento establece que «un Estado de Derecho efectivo reduce la corrupción, combate la pobreza y la enfermedad, y protege a la gente de las injusticias… Es el fundamento para comunidades de paz, oportunidad y equidad…», así que los últimos lugares de México en esta medición, significan que estamos cuesta arriba si hablamos de nuestras posibilidades reales de desarrollo.
Por eso urge que se implementen acciones radicales que modifiquen el rumbo y puedo citar dos que son posibles, pero que requieren de una amplia voluntad política y participación social:
1) Debemos refundar las procuradurías de Justicia de todo el país, comenzando por la Federal. No basta con cambiar al titular, o modificarle el nombre. Debemos convertirlas en verdaderos instrumentos de representación social, garantizar la calidad y objetividad de su labor investigadora, y separarlas plenamente del sesgo político que hasta ahora han tenido.
2) Como lo hemos anunciado, tenemos que eliminar el fuero. Este día, junto con mis compañeros senadores del PRD, daremos inicio a un juicio de amparo frente a la negativa de la mesa directiva del Senado para reconocer la renuncia a nuestro fuero. El fuero nos hace desiguales ante la ley, y aumenta la brecha de desconfianza que existe frente a la ciudadanía.
Es nuestra obligación generar acciones que construyan un mejor país. La justicia no debe ser selectiva, queremos que caigan los grandes personajes, pero todos; que sean sancionadas sus corruptelas, sin importar influencias, compadrazgos o incluso enemistades.
Requerimos un sistema tan sólido que quienes dañen el patrimonio de los mexicanos sean castigados. Donde estemos blindados de los “Padrés” o “Duartes” que vengan. Dejemos atrás el modelo de impartir justicia como ocurrió con La Quina, y asumamos que México merece un estado de derecho trabajando a plenitud, sin filias ni fobias.