- Debe privilegiarse el diálogo para dar respuesta a las demandas laborales
- Inaceptable cualquier acto de violencia
- Encuentro entre autoridades y representantes de jornaleros la próxima semana
Rechazamos de manera contundente cualquier tipo de represión contra las y los jornaleros agrícolas que se manifiestan en el Valle de San Quintín para exigir el respeto de sus derechos laborales y un salario digno y exigimos que las autoridades estatales inicien una investigación inmediata de los enfrentamientos ocurridos la mañana de este día, señaló Angélica de la Peña Gómez.
Expresó su preocupación por la denuncias que se han hecho primero en redes sociales y luego en periódicos de circulación nacional, de un operativo llevado a cabo por la policía estatal preventiva en la colonia llamada Triqui, en Ensenada, que derivó en una confrontación violenta.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos comentó que la información es hasta ahora confusa y hay menciones de que se accionaron armas de fuego y se empleó un vehículo antimotines, y aún las autoridades estatales no han emitido ninguna comunicación oficial de lo ocurrido, pero fue contundente al llamar a las autoridades del gobierno de Baja California a garantizar la integridad física de jornaleras y jornaleros en todo momento.
Indicó que “no hay justificación para utilizar la represión para la resolución ante las inconformidades de los jornaleros, es necesario continuar el camino del diálogo que se inició con la instalación de mesa encabezada por el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava; el gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid; y la dirección de la Alianza de Organizaciones del Valle de San Quintín, pues se ha comenzado a delinear una ruta de soluciones.”
Las autoridades deben coadyuvar a que este conflicto no escale, por lo que deben aclarar a la opinión pública los hechos de esta mañana y finquen responsabilidades si de las investigaciones que realicen se encuentran indicios de la comisión de algún delito por parte de funcionarios públicos o particulares, es condición indispensable para continuar con la mesa de diálogo, concluyó la senadora Angélica de la Peña.
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