VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN EN TRIBUNA DE LA VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTRIO DEL PRD EN EL SENADO, DOLORES PADIERNA LUNA PARA PRESENTAR INICIATIVA DE LEY SOBRE FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.
Sen. Dolores Padierna Luna: Gracias presidente. Nuestro país está inmerso en una dinámica de descomposición muy grave.
Las y los mexicanos nos enfrentamos a una delicada situación provocada por la honda corrupción en que vivimos y la ineficacia de los órganos del Estado para combatir estos abusos.
Podríamos decir que el sistema de combate a la corrupción y de rendición de cuentas, está desarticulado y en una profunda crisis.
Pongo un ejemplo: este fin de semana se difundió la investigación especial de Aristegui Noticias “La casa blanca de Enrique Peña Nieto” en el que señala que Enrique Peña Nieto tiene en su patrimonio una casa en las Lomas, con un valor de 7 millones de dólares y que fue construida por el Grupo Higa; una de las empresas que entre comillas ganó la licitación del tren de alta velocidad México Querétaro y que además fue beneficiada en diversas licitaciones en el tiempo en que el actual presidente gobernó el Estado de México.
La casa que es un insulto para una sociedad con una mayoría de sus integrantes que vive en pobreza, es propiedad de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, una empresa de Grupo Higa, a la que supuestamente la esposa de Enrique Peña Nieto le paga mensualmente, sin que el inmueble forme parte de los registros patrimoniales de la familia del presidencial.
Esta nota se dio en el marco del anuncio que hizo el Secretario de Comunicaciones y Transportes sobre la adjudicación del tren de alta velocidad México-Querétaro al único consorcio participante.
Esta adjudicación estuvo rodeada de dudas, por tener cargados los resultados en favor de uno de los participantes y el poco tiempo que se dio para preparar sus propuestas a otras empresas interesadas.
La Auditoría Superior de la Federación año con año presenta tomos y más tomos que reflejan la corrupción que impera en los distintos niveles de gobierno, sin que siquiera se revisen algunas cuentas públicas y sin que haya una estrategia para resolver este problema estructural.
Atendiendo esta grave situación es que presentamos esta reforma a nuestra Carta Magna para fortalecer de facultades a la Auditoria Superior de la Federación y sentar las bases para una Ley General de Combate a la Corrupción y sea aplicada por la Fiscalía Especial creada por la reforma política aprobada en días pasados.
Según Transparencia Internacional en 2013, México ocupó el lugar 106 de 177 países evaluados en el índice de corrupción que elabora dicha institución; la calificación otorgada a México fue de 34 sobre 100, es decir, reprobado. Los países mejor evaluados son Dinamarca y Nueva Zelanda que comparados con México, la corrupción en nuestro país es de tal magnitud que debería merecería una atención prioritaria.
Por su parte, el Foro Económico Mundial en sus últimas evaluaciones califica a la corrupción como la principal limitante para hacer negocios en México, seguida por la inseguridad; ambos factores están íntimamente relacionados.
La falta de rendición de cuentas y de transparencia son causas que propician la corrupción y en este aspecto subsiste un enorme pendiente en la agenda nacional.
Por otra parte, Transparencia Internacional publicó un estudio sobre el nivel de transparencia con que operan las 124 empresas transnacionales más importantes a nivel mundial, 81 de ellas operan en México y llama la atención que la calificación promedio que obtuvieron dichas empresas es de 5 de 10 posibles, es decir, en promedio están reprobadas.
La mayoría de las grandes empresas trasnacionales operan con bajos niveles de transparencia, si a ello se agrega la falta de transparencia y la corrupción que privan en el gobierno, pues se tiene un caldo de cultivo para que las prácticas de corrupción no solo no se atiendan, sino que no se ven en ninguna institución y sea un fenómeno creciente.
En el caso de las empresas petroleras es muy importante que se tome en cuenta su limitada transparencia durante el proceso de licitaciones que se avecina, ya que la transparencia será un factor determinante para que operen con un nivel mínimo de certidumbre los contratos que se otorguen.
Entre las modalidades de corrupción se pueden mencionar varios ejemplos: el tráfico de influencias, el contrabando, el soborno, el peculado, el desvió de recursos presupuestales, el uso privado de bienes públicos, entre muchos otros más.
En síntesis, la lucha contra la corrupción no puede ser de otra manera que paulatina, sistemática y global; debe ser iniciada y alentada en todos los niveles del poder; los resultados deben ser medidos, corroborados y a la vista de todos; debe producir rápidamente resultados, castigos ejemplares a quien cometa actos de corrupción tanto públicos como privados con el propósito de dejar claro ante la sociedad que la lucha contra la corrupción va en serio.
Y, entre otros, la Auditoria de Supervisión de la Federación debe contar con las facultades que le permitan prevenir, señalar y sancionar los actos de corrupción.
Esto debe ser una práctica de Estado que incluya el combate frontal a todos aquellos aspectos que la causen, incluyendo los aspectos económicos, sociales, legales y políticos, e institucionales, y no sólo medidas parciales que tiene efectos limitados y aislados. Esta política también debe incluir el fortalecimiento de la rendición de cuentas.
Senadoras y Senadores
En esta iniciativa que ponemos a su consideración proponemos como un elemento en la estrategia de fortalecer la fiscalización de recursos públicos para mejorar la rendición de cuentas.
Se contaría con dos ejes rectores: la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de las facultades de fiscalización que tiene la Auditoría Superior de la Federación.
El primer eje se atiende al dotar de facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de combate a la corrupción, a través de una ley general que coordine los esfuerzos de los tres niveles de gobierno y establecer que la extinción de dominio también procederá en caso de los delitos derivados de la corrupción.
Proponemos reforzar a la Auditoría Superior de la Federación e implementar un sistema más flexible de fiscalización, eliminando la necesidad de que la supervisión se realice año y medio o dos años después, sino que se dote a la Auditoría de mecanismos idóneos para vigilar el uso y el destino de cada peso público y en los tres niveles de gobierno y en todos los sectores, como el energético, el bancario o el de telecomunicaciones, pero en tiempo real.
Asimismo, proponemos que la información que genere la Auditoría sea pública y ayude al combate de la corrupción, sea revisada y tenga consecuencias hacia los organismos jurisdiccionales.
También, se permite incorporar mecanismos de supervisión concomitante con el ejercicio del gasto, de tal forma que sea posible que conforme se desarrolla el ejercicio del gasto se cuente con información confiable de su manejo.
Se incorpora un apartado B al artículo 79 constitucional con el que se refuerza el sistema de fiscalización a través de una entidad del Congreso de la Unión, al establecer que la Comisión de Vigilancia de la Auditoria de la Federación de la Cámara de Diputados tenga facultades de dictamen de la cuenta pública y esta comisión informe anualmente los resultados de la fiscalización de manera desagregada para corroborar el cumplimiento de las atribuciones de la Auditoría Superior y el impacto de las acciones emprendidas.
Por cuanto hace al régimen transitorio se mandata a la Auditoría, a la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción y a la Comisión Nacional Anticorrupción para el Combate Integral a la Corrupción, a elaborar un programa de combate a la corrupción en el que se incluya la atención a los casos en que incurran corporativos privados e instituciones públicas.
Asimismo, se busca definir medidas para combatir los conflictos de interés y elaborar una iniciativa enfocada a reducir explícitamente todos los conflictos de interés; eliminar la información privilegiada y limitar las reservas de información a plazos razonables de acuerdo a las mejores prácticas internacionales.
Ojalá pueda tener consenso o mayoría esta iniciativa que solo lleva la mayoría de evitar los desvíos con el presupuesto público que son asunto de todos los días.
Es cuanto, gracias.
