VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN EN TRIBUNA DE LA VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD EN EL SENADO, DOLORES PADIERNA LUNA SOBRE EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN.
Sen. Dolores Padierna Luna: Con su venia presidente.
Desde hace más de 35 años, en su ensayo Por una Ciencia de la Mordida, el intelectual Gabriel Zaid advirtió que en México “la corrupción no es una plaga del sistema político mexicano, sino es el sistema mismo”.
Observador meticuloso de este fenómeno, Gabriel Zaid escribió en abril de 2014 que la alternancia panista en el poder presidencial no resolvió el fenómeno de la corrupción y desgraciadamente el retorno del PRI a la Presidencia no intentó siquiera atajar de frente el problema de la corrupción, por el contrario lo incrementó.
La percepción y los escándalos de corrupción están medidos. La percepción nacional e internacional sobre el incremento de la corrupción en los últimos dos años está ampliamente documentada. En 2013 el Barómetro Mundial de Transparencia Internacional colocó a México en el lugar 106 de 177 en su reporte de corrupción. Cuatro años antes, en 2009, México ocupaba el lugar 89, casi 20 lugares bajó nuestro país en dos años, así que para dar una respuesta a lo que dijo el senador que me antecedió en la palabra, solo en el discurso combaten la corrupción, pero en los hechos la fomentan.
La corrupción no es un problema cultural ni de orden social como opinó Peña Nieto en su entrevista colectiva el 20 de agosto de 2014 en el Fondo de Cultura Económica. La corrupción es un problema del sistema y no reclama medidas cosméticas, ni parches o códigos de ética, sino vigilancia, castigos ejemplares e investigación eficaz para acabar con la impunidad.
El Sistema Nacional Anticorrupción que ahora analizamos fue resultado de un proceso legislativo apresurado, sin discusión de fondo, que dejó de lado la figura más importante del sistema político: al Presidente de la República, como si fuera una figura intocable y no el primer servidor público.
No se pudo reformar el artículo 108 para eliminar el fuero, esto genera aún amplios espacios de impunidad y de corrupción. No se obliga a hacer pública la declaración patrimonial completa, ni los posibles conflictos de interés. A los servidores públicos se les exige lo mínimo, cómo hacer públicos sus bienes, cuando es ahí, justo donde parecen ocultar las fortuna.
No está claro que hablemos de un nuevo o un Sistema Nacional Anticorrupción porque no está claro su cometido, ni tampoco se plantean objetivos claros.
Entre los asuntos positivos es que se crea una mejor coordinación y mejores facultades para las instituciones de fiscalización.
Hubiera sido plausible el fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación para que pudiera fiscalizar la Cuenta Pública en tiempo real y eliminar el concepto de anualidad y posterioridad de verdad, pero solamente en este articulo 79 se establece que lo podrá hacer, la fiscalización real en tiempo real solo para hacer la planeación y la programación de las auditorias y hasta un año y medio después como viene ocurriendo ahora podrá dar el resultado de la fiscalización.
Asimismo, la Auditoria Superior de la Federación podrá ahora fiscalizar todos los recursos federales, incluyendo las participaciones destinadas a estados y municipios, así como los recursos destinados a fideicomisos, fondos y mandatos públicos y privados, este es un gran paso adelante sin duda que coincide y va de la mano con la Ley General de Transparencia.
No obstante estos avances, hay grandes vacíos en la ley, incluso, retrocesos al otorgarle a este sistema una mayor dependencia hacia el Poder Ejecutivo federal.
Quiero dar algunos de estos vacíos y retrocesos presidencialistas:
Uno, el Sistema Nacional Anticorrupción descansa sobre la Auditoría Superior de la Federación, sobre la Secretaría de la Función Pública y sobre el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al cual se le dota de más facultades para sancionar tanto a servidores públicos, como a particulares y estará dedicado a sustanciar los procesos de responsabilidades administrativas turnados por los Órganos Internos de Control, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación.
Sin embargo, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la Secretaría de la Función Pública no son entidades plenamente autónomas. Los magistrados del Tribunal y el titular de la Función Pública son propuestos directamente por el Ejecutivo Federal; no existe una terna, el Senado sólo tiene el papel de ratificar o rechazar la propuesta. Además, los Órganos Internos de Control existentes no se van a renovar por lo que permanecerán los intereses ocultos que ahora representan.
Tan sólo baste mencionar el propio problema de conflicto de interés que planteó el nombramiento de Virgilio Andrade como titular de la Secretaría de la Función Pública, su hermano participa en la instancia de la Auditoría Superior de la Federación que debe vigilar a la Secretaría de la Función Pública. Esta ley le da una extensión al mandato de Andrade, aún cuando no ha resuelto ninguno de los asuntos pendientes como el posible conflicto de interés en el caso de la Casa Blanca.
Recientemente, el titular de Conagua, David Korenfeld, renunció ante la presión ciudadana, al ser exhibido utilizando helicópteros públicos para uso privado, pero la Secretaría de la Función Pública no lo ha sancionado y la Auditoria Superior de la Federación se hizo que no oyó y no vio.
Segundo, se crea una Fiscalía Anticorrupción, con un comité coordinador y un representante de varias dependencias y un Comité Ciudadano. El modelo de esta Fiscalía aún está incompleto porque tenemos un sistema penal que no da resultados. La protección y la colusión de intereses siguen prevaleciendo. Basta ver el caso reciente del comisionado federal para Michoacán, Alfredo Castillo, quien fue premiado para ser ahora el titular de la Comisión Nacional del Deporte, a pesar que surgieron nuevos elementos informativos que indican la responsabilidad de agentes federales en la masacre del 6 de enero de este año en Apatzingán. El presunto encubrimiento de estos agentes federales y la protección al propio comisionado Castillo presume otro caso de corrupción.
Tres, el Sistema Nacional Anticorrupción incluye también sanción a particulares en los importantes proyectos de inversión y de contratos en todos los sectores estratégicos del país, como es el caso del sector energético; sin embargo, las sanciones en estos casos no consideramos que sean suficientes para combatir la tentación de sobornar y capturar a los funcionarios que encabezan los nuevos órganos reguladores que serán los principales responsables de otorgar contratos multimillonarios.
La captura del Estado y de los órganos reguladores por parte de las corporaciones privadas será otro gran desafío frente a las reformas actuales en el sistema financiero, en telecomunicaciones y en el sector energético.
Este Sistema Nacional Anticorrupción se quedó muy chiquito, no va a fondo, no da un salto histórico que requiere un verdadero Sistema Nacional Anticorrupción, se avanza cinco centímetros de los 50 kilómetros que había que recorrer en esta carrera de combate a la corrupción.
La corrupción senadoras y senadores no se combate solo con buenas leyes sino con verdaderos contrapesos democráticos y con un alto total a la impunidad.
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