VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN EN TRIBUNA DE LA VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD EN EL SENADO, DOLORES PADIERNA LUNA PARA FIJAR POSTURA SOBRE LOS HECHOS OCURRIDOS EN AYOTZINAPA
Sen. Dolores Padierna Luna: Solo después de que el país entero fue puesto frente a una atrocidad sin nombre sucedió que el presidente de la República consideró necesario hacer un pronunciamiento sobre la matanza ocurrida en Iguala los días 26 y 27 de septiembre, tres días antes había dicho que eso era un asunto local.
Compartimos con el Ejecutivo la idea de que estos hechos son indignantes, dolorosos e inaceptables.
Nos unimos en la pena de los padres y las madres que están con alguna esperanza de encontrar a sus hijos y otros con el dolor de saber que los han perdido.
La atrocidad de Iguala pudo evitarse si las autoridades hubiesen cumplido con su responsabilidad cuando se denunciaron los asesinatos igualmente atroces, indignantes, dolorosos e inaceptables de otros compañeros muertos que quedaron en total impunidad.
Las matanzas de Iguala nos llenan de indignación al igual que otros actos que han quedado impunes y que siguen siendo una vergüenza para todo el país: la matanza de los migrantes de San Fernando en Tamaulipas, los jóvenes asesinados en Villas de Salvárcar, ciudad Juárez; la brutal represión en Chignahuapan, Puebla; la ejecución de 22 jóvenes a manos del Ejército en Tlatlaya, estado de México solo por citar algunos de ellos.
Estos casos como los hechos de Iguala están marcados por la omisión oficial, por investigaciones torcidas, por la negligencia o el afán de encubrir a los responsables; la impunidad es la materia prima que permite que las atrocidades se repitan.
México padece una espiral de violencia y descomposición social derivada del crimen organizado y la corrupción institucional.
El Estado mexicano es hoy incapaz de garantizar la paz, la seguridad, la integridad física a miles de mexicanas y mexicanos.
La actuación de las autoridades frente a la barbarie de Iguala ha estado plagada de errores y de omisiones.
En Iguala estamos ante una crisis de Estado, no solo ante una crisis de un gobierno local o es un asunto de partidos como en el caso de la ejecución extrajudicial de Tlatlaya, como en otros hechos violentos en Michoacán, en Tamaulipas, en Durango, o en Chihuahua o en varias entidades estamos ante la presencia de un debilitamiento de la función principal de Estado que es la de brindar seguridad y bienestar a su sociedad.
Se reproduce el mismo error de privilegiar el uso de la fuerza por encima de una estrategia integral de combate al narcotráfico; se hace uso político y partidista de los problemas de inseguridad en vez de afrontarlos con una visión de Estado que integre a los niveles de gobierno y a los tres poderes de la unión.
Los vínculos del alcalde José Luis Abarca con la delincuencia organizada y su actuación directa en crímenes ominosos en desaparición de personas, en asesinatos en propia mano del alcalde fueron ampliamente documentados y denunciados desde el año pasado.
El Senado aprobó en dos ocasiones el exhorto a que la PGR atrajera los casos por tratarse de presencia del crimen organizado y no hizo nada hasta hace algunos meses en que atrajo la investigación.
El caso del dirigente social Arturo Hernández Cardona que fue asesinado por el alcalde José Luis Abarca junto Félix Rafael Balderas Román y Ángel Román Ramírez ha sido un atroz ejemplo del desinterés gubernamental.
Todavía la semana pasada denuncié en esta tribuna el asesinato de nuestro compañero Javier Evaristo Bautista el pasado 17 de septiembre de la misma manera en que mataron a nuestros otros compañeros.
Aquí denunciamos con indignación el brutal crimen contra los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa y el Ejecutivo solo contestó que era un asunto local.
En este momento, en esta hora lo más importante es conocer el destino de todos y cada uno de los jóvenes desaparecidos, que se esclarezcan los hechos, que se castigue a los responsables de este bárbaro ataque que sufrieron estos estudiantes.
Es urgente tomar medidas de políticas públicas, legislativas y sociales confluyentes no solo medidas policíacas o de fuerza como de enviar a la Gendarmería como apaga fuegos ante la crisis de un acenso de la criminalidad en nuestro país.
El Senado se tiene que incorporar como eje del pacto federal en las medidas que se adopten para resolver esos casos.
Le tomamos la palabra al Presidente de la República, la lucha es contra la corrupción y contra la impunidad que no queden discursos o pronunciamientos mediáticos; encabezaremos o deberíamos de encabezar una cruzada nacional contra la impunidad; legislemos ya para crear la Fiscalía Anticorrupción; que la PGR asuma sus funciones principales señaladas en la Constitución, que no se le deje a la Secretaría de Gobernación esas tareas porque se diluyen, pero ninguna medida será insuficiente si desde el Senado no hacemos todo lo necesario para ser coadyuvantes y encontrar a todos y cada uno de estos jóvenes desaparecidos, tal como nos lo demandan sus familiares y debemos pronunciarnos por frenar la criminalización contra los estudiantes normalistas de Ayotzinapa y de otras normales rurales.
El crimen contra estos jóvenes inicia con el menosprecio y la persecución a los normalistas en todo el país.
La Secretaría de Educación Pública debe asumir una clara y franca responsabilidad en estos hechos.
Es cuanto presidente.
