- Son una amenaza permanente a partidos que se divorciaron de la agenda pública: Denise Dresser
- Es un derecho constitucional que las leyes no pueden restringir: Manuel Oropeza
En el Senado de la República se dio inicio al foro “Nuevas formas de participación político-electoral” organizado por el Instituto Belisario Domínguez y que en su primera jornada contó con la participación de destacados analistas, políticos y funcionarios de diversas dependencias para abordar el tema de las candidaturas independientes.
Al inaugurar el foro, el senador Miguel Barbosa Huerta afirmó que las candidaturas independientes expresan una de las nuevas formas de participación política de los ciudadanos y su éxito refleja el hartazgo social a la ineficiencia, corrupción y opacidad de la clase política organizada en partidos.
El presidente del Instituto Belisario Domínguez sostuvo que el impacto de las candidaturas independientes en el sistema político mexicano está por conocerse en las próximas elecciones.
En este sentido la doctora Denise Dresser se pronunció a favor de las candidaturas independientes como una acción que sacuda, presione, proteste, rechace y manifieste la inconformidad hacia una democracia altamente disfuncional.
Consideró que México tiene una democracia disfuncional erigida para asegurar la rotación de elites, pero no para la representación de ciudadanos; para fomentar la competencia entre los partidos, pero no para obligarlos a rendir cuentas.
“Las reglas de la competencia perpetúan la rotación de cuadros inaugurada por el PRI y aprovechada por otros partidos, montando así una democracia epidérmica que conserva los privilegios de una elite política que salta de puesto en puesto sin rendir cuentas jamás por lo que hizo”, dijo.
Enfatizó el descontento de los ciudadanos hacia el sistema de partidos políticos, donde ven una historia de complicidades, de organizaciones que dijeron enarbolar algo distinto para después actuar igual, de partidos corruptos, que se rehúsan a rendir cuentas, a reducir gastos, y que en lugar de combatir la impunidad, perpetúan sus peores prácticas.
“Las reformas de la transición han producido partidos que se han convertido en cárteles de la política y operan como tales”, apuntó.
Desatacó que la pasada elección, de más de 16 mil candidatos, sólo 397 presentaron su declaración patrimonial, de impuestos y de conflicto de interés, y únicamente hubo 127 candidatos independientes.
Además, añadió, “la famosa equidad electoral por la que peleamos con sangre sudor y lágrimas fue reducida a una farsa por las ilegalidades del Partido Verde impulsado por las televisoras y solapada por las autoridades electorales”.
Reconoció que las candidaturas independientes no son una panacea, pero sí proveen una ruta mediante la cual, ciudadanos pueden acceder a la representación sin tener someterse a las maquinarias.
“Sí son, y qué buen que lo sean, una amenaza permanente a partidos que se han divorciado de la agenda pública y que no hablan de nada que importe verdaderamente a quienes se ven obligados votar por ellos”, aseveró.
Por su parte, el Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Manuel González Oropeza, señaló que, entre los retos que enfrentan las candidaturas independientes, se debe dejar de pensar que el derecho a ser votados es un derecho pensado por la ley.
“Es un derecho establecido y reconocido por la Constitución”, en consecuencia las leyes no pueden restringir este derecho, sino que deben de observarse los principios constitucionales del debido proceso, de proporcionalidad y de equidad para los candidatos independientes.
Subrayó que, si bien hasta antes de 1946 las candidaturas independientes eran predominantes en la vida política de México pues no había restricciones para que los ciudadanos se registraran como candidatos y compitieran en las elecciones, con la reforma de aquel año se restringió ese derecho y se concentró la capacidad para registrar candidatos en los partidos políticos.
No obstante, dijo, la reforma político-electoral de 2013 lo corrigió y hoy constitucionalmente se establece el derecho de cualquier ciudadano a ser votado, sin tener que pertenecer a un partido.
Hasta antes de esta reforma, dijo González Oropeza, el Tribunal Electoral no tenía la facultad de anular la ley federal por vicios de inconstitucionalidad, y por ende no se podía dar respuesta a las solicitudes de registro de varios candidatos que quisieron registrarse como independientes.
Reiteró que una vez establecida la reforma y establecido que los ciudadanos tienen el derecho constitucional fundamental para poder participar en los asuntos públicos y poder registrar sus candidaturas, el Tribunal Electoral ha hecho una serie de jurisprudencias con fuerza vinculante para todas las autoridades, a partir del 2015.
“La omisión legislativa no puede ser pretexto justificación para que una candidatura independiente no se registre”, concluyó.
En la primera jornada del seminario también participaron José Woldenberg, Jorge G. Castañeda y el diputado independiente Manuel Clouthier.
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