Versión Estenográfica
Ciudad de México, a 26 de octubre de 2017
Inmujeres demasiado limitado para enfrentar violencia y discriminación contra las mujeres: de la Peña Gómez
Intervención Senadora Angélica de la Peña, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Angélica de la Peña Gómez (ADLPG). Muchas gracias, con su venia, señora presidenta.
La creación por ley del Instituto Nacional de las Mujeres, surge como respuesta a los compromisos y obligaciones internacionales, constituyéndose como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica; patrimonio propio; y, autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines.
Es importante recordar que así queda inscrita en su Ley, el Instituto Nacional de las Mujeres, que como sabemos es producto de los acuerdos emanados de la Cuarta Conferencia Mundial Sobre la Mujer celebrada en Pekín, China; y además es una exigencia y también del esfuerzo de miles de mujeres de la sociedad civil organizada y también de todos los partidos, porque así se votó en el Congreso de la Unión, que motivadas por lograr el respeto a los derechos humanos fundamentales de las mujeres inician este gran acuerdo para lograr finalmente tener en el espectro de la administración pública el Inmujeres.
Sin embargo, el Instituto Nacional de las Mujeres, sin demérito del esfuerzo y logros que ha alcanzado desde su constitución, no ha logrado trascender de manera definitiva y permanente en su labor como un órgano rector de las políticas públicas del país en materia de igualdad entre mujeres y hombres, igualdad de oportunidades para las mujeres y erradicación de la discriminación por la condición de género y la violencia que, por desgracia, día a día vulneran los derechos de las mujeres y de las niñas en nuestro país.
Lo anterior, en gran parte es debido a que las atribuciones normativas del Instituto de las Mujeres lo limitan ÚNICAMENTE ha realizar acciones de coordinación, evaluación, promoción y, en su caso, emitir opiniones sobre las políticas públicas en la materia.
A pesar de que, el Instituto de las Mujeres —por la misión, objetivos y especialización— tendría que ser el órgano rector del país en materia de derechos humanos de las mujeres, igualdad sustantiva y no discriminación; es el Ejecutivo Federal quien se encarga de la rectoría de las facultades programáticas para el diseño, definición, ejecución, aplicación y vigilancia de la política pública, a través de la Secretaría de Gobernación.
En este sentido, Gobernación —conforme a las atribuciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública— formula, norma, coordina y vigila las políticas de apoyo a la participación de la mujer en los diversos ámbitos del desarrollo; así como, propicia la coordinación interinstitucional para la realización de programas específicos.
Por ello, hoy nuevamente se propone cambiar la naturaleza jurídica del Instituto de la Mujer a una Secretaría para la Igualdad de las Mujeres dotada de atribuciones para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión en la materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
Es necesario que se definan atribuciones específicas que permitan avanzar en la consecución de una política pública que respete, que garantice, que promueva, donde se puedan motivar e impulsar las políticas para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres de todas las edades.
Nadie discute que el Inmujeres tiene una gran importancia, ha tenido un funcionamiento en estos años, un gran esfuerzo que se reconoce, sin embargo, ya no da más, ya no puede funcionar para los requerimientos de la Nación, para la promoción de los derechos de las mujeres, para su aseguramiento.
Este Instituto es necesario que se transforme para cumplir el objeto de su creación a partir de todas estas transformaciones y evoluciones que ha tenido este mecanismo, sobre todo para garantizar que se logre el pleno ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, de las mujeres; y por supuesto, también influya desde funciones del gabinete, es decir, con funciones de primer orden en el gabinete, políticas que logren esta transversalidad de la perspectiva de género para garantizar la erradicación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y, por supuesto, pueda resolver los graves problemas derivados de las distintas modalidades y tipos de violencia se padecen en el país.
Hoy es momento, señoras y señores, de que realmente podamos hacer un balance de cómo está funcionando el Instituto Nacional de las Mujeres, también nos preocupa cómo están funcionando los institutos a nivel de los estados; es verdaderamente que figuras como la Alerta de Violencia de Género que están inscritas en las leyes a nivel nacional y en las entidades federativas, hoy estemos escuchando nuevamente que se nos dice que son ineficientes y que todo indica serán sepultadas, cuando lo que necesitamos es lograr que haya instancias con funciones de autoridad que puedan incluso atender los interrogantes que se tienen para garantizar que haya una verdadera política pública de promoción de garantía de los derechos humanos de las mujeres también en los términos del primero constitucional.
Es por eso que hoy ponemos a su consideración la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para reconocer como parte del gabinete a la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres y definimos cuáles serían los distintos asuntos que tendría que atender en un artículo 32 TER de esta mencionada Ley.
Por obviedad del tiempo, no voy a leer las características de estas funciones que estamos estableciendo, poro simplemente lo resumo diciendo es la política desde el enfoque de la igualdad sustantiva que requiere nuestro país para asegurar que se reconozcan como sujetas de plenos derechos a las mujeres de nuestra nación.
Gracias por su atención.
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