Intervención de la senadora Angélica de la Peña Gómez para presentar punto de acuerdo relativo a las medidas cautelares emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante el aumento de flujos migratorios nacionales y extranjeros en Tijuana, Baja California.
Angélica de la Peña Gómez (ADLPG):
Desde hace varios meses, una gran cantidad de migrantes nacionales y extranjeros han arribado al municipio de Tijuana, Baja California. La mayoría de ellos son provenientes de Haití, Somalia, Ghana y Etiopía; y se encuentran alojados temporalmente en diversos albergues.
Mientras se resuelve su trámite de solicitud de asilo, las y los extranjeros obtuvieron la autorización del gobierno mexicano para estar en el país durante un mes, quince días o una semana, de acuerdo a su respectiva situación; sin embargo, a la mayoría se les ha vencido este permiso y ahora temen ser regresados a sus países, de los cuales huyeron por conflictos sociales.
En este contexto, es oportuno señalar que México tiene una larga tradición migratoria como país de origen, tránsito y destino de migrantes, pero también para nadie es desconocido que la falta de desarrollo económico, social y político, así como la violencia imperante en muchas regiones del mundo, son factores que han impulsado la migración de países como de quienes hoy nos ocupan y se encuentran en el municipio de Tijuana.
El pasado 17 de septiembre del presente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al Instituto Nacional de Migración (INM), a autoridades del gobierno de Baja California y al presidente municipal del H. Ayuntamiento de Tijuana, implementar medidas cautelares ante el aumento de migrantes nacionales y extranjeros que solicitan, por la garita internacional de San Ysidro, protección internacional de Estados Unidos.
En ejercicio de sus facultades legales y constitucionales, la CNDH les solicitó también que actúen de manera coordinada, durante el tiempo que se requiera, para proporcionar a los migrantes que se encuentran en situación de calle, alojamiento temporal, priorizando en todo momento a niños, adolescentes, mujeres embarazadas y adultos de la tercera edad.
En un comunicado, la CNDH especificó que su personal ha venido documentado desde el 17 de julio el incremento en el flujo migratorio en esta zona y, en específico, señaló que el pasado lunes 12 de septiembre se advirtió la presencia de aproximadamente mil 100 personas, entre ellas 300 de origen mexicano, que mencionaron haber abandonado su lugar de origen por circunstancias de violencia; las demás, de origen extranjero, conformadas por familias y grupos en situación de vulnerabilidad.
Es importante señalar que toda esta información se encuentra debidamente registrada en notas periodísticas y que además, también se ha especificado y lo voy a mencionar por obviedad, pidiéndole al Presidente de la Mesa que inscriba el punto de acuerdo en sus términos, como lo he presentado y del cual hoy estoy haciendo un resumen.
En los escritos dirigidos a las autoridades se hace referencia que el Instituto Nacional de Migración (INM) ha celebrado convenios con las dependencias del gobierno federal, de las entidades federativas y municipios aledaños para implementar acciones tendientes a coadyuvar con los actos humanitarios, de asistencia o de protección a los migrantes, que realizan organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas, priorizando a los niños y adolescentes.
Sin embargo, es oportuno señalar que la responsabilidad del Estado no es la coadyuvar de buena fe con las valiosas acciones que realizan organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas, sino, por el contrario, es el Estado quien debe, ese es un deber, no actuar filantrópicamente, garantizar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 1 o de la Constitución, que dice pues que todas las personas gozarán de los derechos humanos establecidos en la Constitución, que también emanen de los tratados internacionales; establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y, además, establece, ni más ni menos, que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional.
Ahora bien, es pertinente resaltar la obviedad de lo anterior, toda vez que. en respuesta a las medidas cautelares emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Ayuntamiento de Tijuana ha decidido no aceptar tales medidas y ha desestimado la realización de nuevas acciones para garantizar los derechos humanos de la población migrante que por diversas razones ha llegado a este municipio en los últimos meses, argumentando, y cito de manera textual, que «el gobierno municipal de Tijuana ya reforzó las acciones coordinadas con organismos civiles para garantizar su seguridad y protección durante su estancia».
El ayuntamiento también alude «la creación de la Dirección de Atención al Migrante en octubre de 2015, el apoyo destinado a diversos organismos de la sociedad civil por un monto de 600 mil pesos, así como acciones; con lo anterior, el Ayuntamiento de Tijuana da por cumplida su responsabilidad y elude asumir mayor compromiso en la tutela de los derechos humanos de miles de personas que, independientemente de su nacionalidad, están obligado a proteger.
También quiero destacar lo que apenas ayer o antier, en Naciones Unidas, en este caso, la Canciller mexicana expresó que México considera que se requiere un enfoque coordinado en la atención de la migración, así como de la cooperación internacional, para atender el fenómeno global de la misma, al tiempo que reiteró el compromiso de nuestro país para que en el mundo los flujos migratorios sean seguros, ordenados y respetuosos de los derechos humanos.
¡Qué bien! Pero estamos ante dos discursos distintos, nos parece que tenemos unificar lo que decimos afuera, también lo apliquemos de manera congruente en el país, y en ese sentido me voy directo a los dos resolutivos que estoy proponiendo, y ojalá que por la situación grave que va a suscitar quizá en una crisis humanitaria debiéramos estar aprobando este punto de acuerdo, debiéramos estar tratando aquí en el Senado este asunto de manera diligente y estar tomando las medidas que pudieran estar, ojalá, en los términos de los dos puntos que yo estoy proponiendo.
Primero.- La Honorable Cámara de Senadores exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Migración, al gobierno del Estado de Baja California y a las autoridades competentes del Municipio de Tijuana, Baja California,· a que de manera coordinada y desde su respectivo ámbito de competencias, den cumplimiento a las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y continúen brindando la orientación y la atención que permita garantizar la integridad y la seguridad de los migrantes nacionales y extranjeros que se encuentran varados en el municipio de Tijuana, Baja California.
Segundo.- La Honorable Cámara de Senadores exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Migración a que, en caso de que la solicitud de asilo sea negada por el gobierno de los Estados Unidos de América, se garantice que los migrantes extranjeros no serán devueltos a ningún país en donde su vida se viera amenazada o se encontrarán en peligro de ser sometidos a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de conformidad con los principios que rigen la política migratoria del Estado Mexicano.
Así estarían los dos resolutivos que estamos proponiendo para que puedan resolverse lo más pronto posible, insisto, para prevenir lo que pudiera ser una crisis humanitaria en Tijuana, Baja California.
Es cuanto. Gracias por su atención.
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