- Es el momento de construir un nuevo paradigma en la lucha contra la corrupción y la impunidad: Miguel Barbosa
El senador Miguel Barbosa Huerta presentó a nombre del Grupo Parlamentario del PRD una iniciativa para el funcionamiento integral del Sistema Nacional Anticorrupción, donde se destaca el establecimiento de sanciones a los “moches”, el protagonismo de la ciudadanía en el combate a la corrupción y un nuevo modelo de fiscalización.
En tribuna, el coordinador de los senadores del PRD sostuvo que se trata de un conjunto de propuestas con alcances que llegan hasta donde la reforma constitucional permite, para introducir y desarrollar normas efectivas en el combate a la corrupción.
“Éste es el momento de construir un cambio de paradigma en la lucha contra los flagelos de la corrupción e impunidad, mediante cuatro leyes nuevas y la reforma a una ya existente”, afirmó.
En ese sentido, la iniciativa contempla la expedición de las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción, de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos y de particulares, y de Fiscalización y Rendición de Cuentas; la Ley Orgánica del Tribunal Federal del Justicia Administrativa; y una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Al fundamentar la propuesta, Barbosa Huerta destacó que hasta antes de la reforma constitucional, la palabra corrupción no existía en el marco legal, como “una estrategia para mantener impunes actos u omisiones de servidores públicos beneficiados del manejo de recursos del Estado, y de particulares vinculados a ellos”.
En ese sentido, el coordinador parlamentario enfatizó que la iniciativa del PRD precisa el concepto de corrupción y específica un catálogo de actos corruptos en las que pueden incurrir los servidores públicos.
“Incurrirán en actos de corrupción las y los diputados federales y locales que en el proceso de aprobación del Presupuesto Federal o local, según corresponda, gestionen o soliciten la asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo u obteniendo una comisión, dadiva o contraprestación indebida en dinero o en especie”, advirtió.
Con esta reforma, añadió el senador poblano, se acabarían los legisladores que litigan desde el poder, pues también califica como acto de corrupción cuando éstos aprovechen indebidamente su carácter de representante para promover ante cualquier ente público la resolución de un asunto en sentido determinado.
“Las faltas administrativas serán sancionadas por los órganos internos de control; las faltas graves, como los ‘moches’ y el tráfico de influencias, por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al cual dotamos, en la propia propuesta, de una ley orgánica, que le provee de herramientas para ejercer cabalmente sus funciones”, agregó.
Barbosa Huerta resaltó que en la propuesta, la iniciativa Tres de Tres pasa de estar sujeta a la voluntad del servidor público a adquirir un carácter obligatorio, adquiriendo sus verdaderas dimensiones y alcances en el contexto de funcionamiento integral del Sistema Nacional Anticorrupción.
Señaló que el objetivo es que se construya un Sistema Nacional como una instancia de coordinación institucional, de autoridades competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como fortalecer la fiscalización y control de los recursos públicos.
En cuanto a la fiscalización, el coordinador aseveró que se podrá auditar y fiscalizar a cualquier ente público federal, estatal y municipal, o a cualquier fideicomiso, fondo o figura jurídica que reciba recursos públicos, de manera directa por la Auditoría Superior de la Federación, entidad que se verá fortalecida con esta reforma.
Miguel Barbosa resaltó la importancia que tendrá la ciudadanía en el Sistema Nacional Anticorrupción, a través del comité Ciudadano, con capacidad de denuncia, en el seguimiento y en la aplicación de sanciones a hechos de corrupción.
Asimismo, la propuesta del PRD plantea un procedimiento para asegurar que, en caso de acreditarse la responsabilidad de un servidor público o particular, el daño a la Hacienda Pública sea resarcido mediante el congelamiento de cuentas que se encuentren en el sistema financiero mexicano y el embargo de bienes.
Así como la posibilidad de destitución del puesto, empleo, cargo o comisión, que será impuesta por el Tribunal y la inhabilitación de hasta 30 años para quienes incurran en faltas graves.
El legislador argumentó que este andamiaje legal que tendrá que concluirse en el actual periodo ordinario de sesiones del Congreso, será una buena estructura para el combate a la corrupción.
Sin embargo, dijo, el gran pendiente es la condición humana, la autonomía e independencia de los hombres y de las mujeres que aplicarán la ley.
Por otro lado, Miguel Barbosa sostuvo que el PRD le toma la palabra al Presidente Peña Nieto y a la Conago para que avancemos en la reforma constitucional en materia de seguridad pública y celebra que el mismo Ejecutivo se exprese diciendo que es necesario enriquecer su propuesta.
Con esta iniciativa, afirmó, el Grupo Parlamentario del PRD ratifica su disposición para avanzar en las reforma anticorrupción y de seguridad pública y exhorta a los integrantes del Senado a seguir dando pasos hacia delante.
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