En las recientes comparecencias del Secretario Ejecutivo del CONEVAL, doctor Gonzalo Hernández Licona, y de la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, escuchamos argumentos divergentes respecto a la desigualdad del ingreso en nuestro país y la situación de pobreza que padecen al menos 55 millones de mexicanas y mexicanos. El gasto en programas sociales para combatir la pobreza aumentó, pero ésta no disminuyó. Hay menos pobreza extrema pero hay un mayor número absoluto de pobres. ¿A dónde nos lleva esto?
Desde mi punto de vista, la política social de corte asistencialista instrumentada en nuestro país ha fracasado rotundamente.
Los casi dos billones de pesos destinados a los pobres entre 1988 y 2012 tuvieron un efecto casi nulo en el objetivo de reducir la pobreza. En los últimos 25 años, el promedio porcentual de pobres respecto al total de la población se ha mantenido en 55 %. Como país hemos sido incapaces de reducir la situación de pobreza por abajo de la mitad de la población, lo que hubiese sido un objetivo mínimo alcanzable en un cuarto de siglo.
Por otra parte, el inventario de Programas y Acciones Sociales del CONEVAL registra, hasta 2014, un total de 5,904 programas y acciones existentes en los tres órdenes de gobierno: 233 federales, 3,788 estatales y 1,833 municipales. Tal cúmulo de padrones, recursos y ciudadanos vulnerables por su condición económica, se ha convertido en un campo de cosecha del clientelismo político, de la perversión político-electoral y la delincuencia organizada.
Ante esta realidad, la propuesta que he hecho pública en forma de iniciativa legislativa presentada ya ante el Senado de la República, es la de crear el Ingreso Básico Ciudadano (IBAC). Se trata de un ingreso pagado por el Estado para cumplir un derecho ciudadano esencial: vivir en condiciones materiales dignas, esto es, garantizar el ejercicio real, no solamente formal, de las libertades humanas básicas y procurar mayores oportunidades a cada persona para decidir su destino.
El IBAC sería un ingreso otorgado a cada ciudadano mexicano, independiente de cualquier fuente adicional de ingreso, incluso de si tiene o no un empleo, equivalente a un salario mínimo mensual de la zona «A», que hoy es de 2,100 pesos. Esto implica que cada miembro de una familia mayor a 18 años, con plenos derechos ciudadanos, recibiría esta cantidad, ya sea el padre, la madre, los adultos mayores y los hijos con mayoría de edad, todos.
Aunque el IBAC es concebido con carácter universal, en una primera etapa se proporcionaría a los 16 millones de personas mayores de 18 años en situación de pobreza alimentaria, y progresivamente se buscaría ampliar hasta llegar a ser universal. Financiar esta primera etapa del IBAC significa una erogación equivalente al 2 % del PIB, lo que representa menos de la estimación actual de lo que no se recauda por elusión, evasión y privilegios fiscales, que representa hoy el 3.5 % del PIB.
Aplicar el IBAC implica la eliminación de una gran cantidad de los 5,904 programas y acciones sociales que otorgan apoyos monetarios directos y en especie, lo que eliminaría el actual derroche del gasto gubernamental en asistencia social. Significa, también, incrementar la cobertura bancaria en el país, al otorgarse el IBAC mediante transferencia electrónica para ser dispuesta a través de una tarjeta bancaria de débito. Se requiere, necesariamente, elevar la eficiencia recaudatoria gubernamental para después distribuir el esfuerzo fiscal de forma justa y equitativa.
Con el IBAC se reconoce el derecho de toda persona a tener una base material mínima garantizada que le permita un ejercicio real de su libertad para hacer y decidir. Por este sólo hecho, esta iniciativa debe considerarse como parte de la oferta programática del PRD hacia la ciudadanía, que impulsamos desde el Grupo Parlamentario en el Senado y es parte de la Nueva Agenda Ciudadana que defenderemos en la próxima legislatura que comienza el primero de septiembre.XXX Twitter @SenLuisSanchez
