Intervención en tribuna del senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del PRD, para hablar sobre el dictamen que contiene proyecto de decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforma, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
Raúl Morón Orozco (RMO). Con su permiso senadora presidenta.
Compañeras senadoras, compañeros senadores. Ciudadanas y ciudadanos
La reforma constitucional de Telecom se ofreció como un verdadero golpe de timón, como una medida que rescataría el papel del Estado en la defensa del interés público y pondría a México en mejores condiciones de enfrentar los desafíos tecnológicos del futuro.
Más allá de la demagogia que hoy inunda la publicidad oficial; más allá de los tecnicismos excesivos, el pueblo de México debe conocer el verdadero alcance de esta reforma, sus razones y ante todo, sus grandes limitaciones.
Esta reforma, es de enorme trascendencia porque tiene que ver con el modelo de acumulación de la riqueza en el país, porque la materia que se regula tiene impacto directo en calidad de vida de los mexicanos y también en la calidad de nuestra democracia.
Por ello, no debemos permitir que ni la orientación ni los contenidos tengan un alcance regresivo.
Comienzo por aclarar a todos los ciudadanos que nos escuchan, que el Dictamen no plantea un cambio profundo en el rumbo, porque busca desvirtuar los avances logrados en la reforma constitucional que fue avalada por todas las fuerzas políticas.
Hoy queda claro que nunca existió compromiso auténtico para abrir paso a la democratización de los medios de comunicación, para crear una regulación que combatiera los monopolios y los contubernios que les dieron origen; para allanar el camino a una modernidad donde quepamos todos, plural, diversa e incluyente.
Esta reforma, para ser efectiva, debería ser integral. Debería dirigirse claramente a garantizar derechos ciudadanos: el derecho de acceso a la información, a la libertad de expresión, los derechos de las audiencias a contar con distintas opciones, los derechos de los usuarios a recibir bajas tarifas y servicios de calidad.
Debería garantizar la pluralidad de los medios, rescatar su función social y anteponer el interés público a los intereses particulares de los concesionarios.
Debería fortalecer a los medios comunitarios e indígenas, porque son fiel reflejo del México real, de los pueblos que enfrentan el abandono, la miseria y la injusticia, de los millones de mexicanos que siguen excluidos de las grandes decisiones, en aquellos rincones olvidados de la patria.
Los medios comunitarios e indígenas son también expresión de la enorme riqueza cultural del país.
En los recorridos por mi Estado, Michoacán, he constatado la enorme función social que desempeñan las radios comunitarias, que informan y orientan a la gente en temas de protección civil, de salud, de educación, de derechos humanos.
He constatado también que subsisten a pesar de las condiciones precarias en que trabajan.
Lo que nos plantea el dictamen es que los medios comunitarios reciban por ley una parte ínfima del espectro, la porción sobrante, que reciban un trato discriminatorio, que se les condene a la precariedad.
Bajo ese esquema, ninguno de ellos, será parte de los beneficios de la convergencia digital, y por tanto, no están contemplados en el futuro.
Es decir, nos proponen legalizar las abismales desigualdades que existen entre medios comerciales, medios públicos y los medios sociales.
Son estas y muchas otras razones, por las que afirmamos que en este dictamen se buscó dar la vuelta a los mandatos constitucionales, en vez de cumplirlos a cabalidad.
El proyecto que discutimos, conservó en lo fundamental la orientación regresiva y conservadora plasmada en las propuestas del Ejecutivo Federal.
Se privilegia la ambigüedad y las medidas superficiales y lo peor, se abre margen a la violación de derechos fundamentales, ya sea por acción o por omisión de la autoridad.
Se privilegia la visión mercantilista sobre la cual está construido el actual sistema de radiodifusión y telecomunicaciones.
Se incluyen resquicios que allanan el camino a la concentración, en vez de combatirla. Esa concentración que atenta contra el interés público, que propicia la desigualdad y la concentración ominosa de la riqueza. Que afecta todos los días el ingreso de las familias mexicanas.
Nada aporta este proyecto para revertir la escasez en la oferta de medios; para impedir que se monopolice también la información, que es un bien público, indispensable para que exista verdadera democracia.
Es mi convicción, que el Sector de la Radio y la Televisión, debe transformarse, por razones de pluralidad, para avanzar en la democratización, no por razones de mercado.
Debe darse más poder a los ciudadanos, con información objetiva e imparcial, que les permita elaborar sus juicios, ejercer la crítica, defender y exigir sus derechos.
Las distorsiones, la manipulación y la inequidad deben quedarse en el pasado.
Nuestro deber es legislar por el bien de México, no para incidir en una competencia desenfrenada entre dos gigantes que buscan apropiarse de los mercados existentes y de la provisión de los servicios, y muchos menos para dirimir el abierto conflicto entre grupos empresariales.
Nuestro deber es acotar los poderes fácticos, siempre que su actuar obstruya el ejercicio de los derechos ciudadanos porque el Estado está obligado a garantizarlos.
Nuestro deber es legislar para que en México exista mayor Equidad, mayor Justicia y mayor Democracia. Para impedir que los poderes públicos, los actores políticos o los ciudadanos, sean rehenes de los grandes intereses económicos.
Tenemos la alta responsabilidad de conducir a México hacia la sociedad de la información y del conocimiento, con una visión incluyente y democrática.
Es imprescindible recuperar la rectoría del Estado en las Telecomunicaciones, para evitar abusos, para que haya precios justos, servicios de buena calidad, pero sobre todo, para hacer posible el acceso universal a las nuevas tecnologías.
Uno de los principios básicos que hemos defendido desde la fundación de PRD, es la defensa irrenunciable del patrimonio nacional; de los bienes públicos, que pertenecen a todos.
El Espectro Radioeléctrico es patrimonio exclusivo de la Nación y por tanto, debe estar al servicio de la sociedad mexicana.
Con mi voto en contra, reivindico una vez más el programa y los principios de mi Partido, con los que estoy comprometido más que nunca. Estoy convencido que en ellos está la solución de los grandes problemas nacionales.
Muchas Gracias.
