Iguala, ejemplo de una profunda crisis de impunidad: Angélica De la Peña


La senadora Angélica de la Peña Gómez llamó, desde el Congreso, a realizar una discusión seria del tema de Ayotzinapa que lleve a la búsqueda de soluciones que impidan la repetición de este tipo de hechos en el país, y no con declaraciones sin argumentos.

 

Asimismo conminó a quienes cuenten con datos o pruebas que puedan aportar un avance a la investigación de los 43 Normalistas desaparecidos a presentar la demanda ante la Procuraduría General de la República, PGR.

 

Durante el debate sobre los hechos ocurrido en Ayotzinapa, de la Peña Gómez resaltó 11 puntos del informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que evidencian que la investigación realizada por la PGR no contiene estándares mínimos para tener los hechos con verdad jurídica

 

En primer lugar, dijo, se reconoce la agresión directa a los estudiantes por parte de  policías municipales de Igual y Cocula, pero se omite la responsabilidad de la policía ministerial, de la Policía Federal y de elementos del Ejército Mexicano por no actuar en defensa de las víctimas.

 

“Y por permitir que las agresiones continuaran en nueves escenarios distintos de la ciudad de Iguala”, mencionó.

 

Apuntó que el informe destaca que la búsqueda de los normalistas desaparecidos inició de manera tardía, fue deficiente y desorganizada, además de no contar con un protocolo adecuado y omitir acciones importantes como la solicitud de intervención de comunicaciones, cateos, entrevistas, testigos, análisis de los videos del C-4 y otros datos.

 

De la Peña Gómez aseveró que es necesario evidenciar las deficiencias de la investigación de la Procuraduría General de la República, pues no se ha logrado tener los estándares mínimos para tener los hechos con verdad jurídica. “Esa es la verdad y la responsabilidad es de la PGR”, mencionó.

 

También dijo que la investigación de la PGR no ha tomado en cuenta la línea de trasiego de drogas, “parece que hay toda la intención de que quede estos circunscripto al municipio a un hombre, como aquí lo acaba de decir el senador Pablo Escudero, cuando la realidad es el trasiego de la droga”.

 

En cuanto a la “verdad histórica” de la PGR, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos aseguró que no existe evidencia científica de que 43 cuerpos hayan sido incinerados en el basurero de Cocula.

 

Además, señaló que el hallazgo de un quinto autobús debilita la investigación de la PGR y sostuvo que la atención a las víctimas por parte del Gobierno mexicano ha sido insuficiente, distante y nula.

 

Y solicitó la explicación de la dispersión en 14 procesos penales en ocho juzgados de distrito en diferentes ciudades del país, pues existe la intención de complicar el litigio.

 

“Lo más preocupante es que el delito imputado es por secuestro y no por desaparición forzada lo que refleja el interés por eludir la responsabilidad del Estado mexicano en el hecho”, afirmó de la Peña.

 

Recordó que durante los hechos de Iguala no sólo fueron los 43 estudiantes  desaparecidos sino que fueron 180 víctimas directas y seis personas fueron ejecutadas extrajudicialmente, 40 personas resultaron heridas, 80 sufrieron atentados en contra de la vida y 30 con agresiones directas.

 

“Lo ocurrido en Iguala se da en un exceso de una profunda crisis de impunidad, de ese tamaño es el problema, no le demos la vuelta” aseveró la legisladora.

 

Angélica de la Peña enfatizó que la participación de agentes del Estado es una actuación de complicidad con la delincuencia organizada y denota un grave deterioro del Estado de derecho y de las instituciones

 

Afirmó que las autoridades encargadas no pueden seguir al frente de la investigación y debe fincarse responsabilidades a quienes han sido omisos al integrar la averiguación.

 

Finalmente, la legisladora del PRD lamentó que el Senado haya perdido la posibilidad de consolidar un ministerio público especializado que permita continuar las investigaciones para dar certeza jurídica y castigar a los autores materiales e intelectuales de estos hechos.

 

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