Hay voluntad política para aprobar leyes generales contra desaparición forzada y tortura, asegura Angélica de la Peña


Luego de la declaratoria de validez de la reforma al artículo 73 constitucional, lo siguiente es instalar lo antes posible los trabajos en las comisiones que deberán dictaminar con base a las tres propuestas de leyes generales en materia de desaparición forzada e involuntaria de personas, aunque todavía esperamos que el Ejecutivo federal envíe su propia iniciativa, aseveró la senadora Angélica de la Peña.

 

Indicó que el propósito de arrancar el debate es lograr que en el próximo periodo de sesiones, cuando se instale la nueva legislatura en la Cámara de Diputados, sea aprobada la Ley General contra la Desaparición de Personas y entre en vigor este mismo año y aplicada en todo el territorio nacional.

 

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado explicó que hay suficiente materia en el caso de desaparición forzada para iniciar el proceso de discusión; en cuanto a la tortura, solamente hay algunas iniciativas que modifican el Código Penal Federal, “estoy prácticamente a punto de concluir la iniciativa en esta materia y será una ley general, con lo cual se pretende homologar en un solo precepto el rompecabezas que representan las actuales leyes estatales”, agregó.

 

La legisladora del PRD apuntó que además de voluntad política, hay una real preocupación porque  en el caso de desaparición de personas el Estado mexicano ha recibido las recomendaciones del grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se encuentran en México atendiendo la desaparición de 43 jóvenes en el caso Ayotzinapa, Cocula e Iguala, además de las emitidas por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

 

Explicó que la investigación, sanción y erradicación de la tortura, mediante una ley general también es una prioridad para el Senado de la República porque se trata de un delito que ocurre cotidianamente en todo el país, una problemática relacionada con la formación de los funcionarios y con las formas de investigación arraigada en las instituciones de procuración de justicia.

 

“En las próximas semanas podremos convocar a las comisiones de Justicia, Derechos Humanos y alguna de las tres de Estudios Legislativos para comenzar el debate; además realizaremos consultas con las distintas organizaciones no gubernamentales, a la academia, a los y las especialistas de estas materias para que ciertamente las dos leyes generales en estas dos grandes materias cumplan con el objeto que nos está ordenando la reforma constitucional del artículo 73”, finalizó la senadora Angélica de la Peña.

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