VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN EN TRIBUNA DE LA VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD EN EL SENADO, DOLORES PADIERNA LUNA SOBRE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, LEY 3 DE 3, VETO PRESIDENCIAL, RESERVAS
Sen. Dolores Padierna Luna: En efecto, el PRD se propone modificar, proponer redacciones alternativas, pero una manera fácil de terminar este debate sería que los colegas que se inclinan a obedecer ciegamente cualquier instrucción presidencial, correspondieron a una pregunta de tres palabras: ¿no que no?, porque en el periodo ordinario propusieron, redactaron y defendieron que los empresarios deberían presentar sus tres declaraciones, al igual que los servidores públicos y, ahora, que lo ordena el Presidente están diciendo lo contrario.
Entonces, el Presidente es verdaderamente quién dicta la línea legislativa, hay un presidencialismo que promueve una regresión autoritaria y aquí se acata.
Deberían de admitir al menos que Enrique Peña Nieto mintió, dijo que lo que no está dispuesto el gobierno a hacer es a negociar la ley, está ni ninguna otra, no sólo la legislación educativa, ninguna está sujeta a negociación dijo Peña Nieto, estás frases cayeron más rápido que la popularidad de Peña Nieto en las encuestas.
Bastó que un grupo de empresarios se manifestarán en el Ángel de la Independencia y que algunos otros manotearan como vimos hacer en una foto al gerente de OHL para que el gobierno doblara las manos y negociara la ley.
Esta manifestación organizada por los magnates sí tuvo mesa de negociación, a esa movilización no la reprimieron sino al contrario, de inmediato tuvieron derecho de pica porte en Los Pinos, entonces, la ley sí se negocia; demandamos, por lo tanto, que se dialogue con los maestros y se revise la reforma educativa.
México está gritando, exige vías democráticas que pongan freno a la polarización para que no se agraven los problemas, para que haya gobernabilidad democrática; sin embargo, ante las exigencias de la población, en particular de los maestros se responde que la ley no se negocia, pero acto seguido el Presidente veta la Ley de Responsabilidades Administrativas y, con ello, impide que los grandes empresarios sean regulados para inhibir la corrupción.
Este es un gobierno que le habla fuerte a los débiles y habla suavecito a los poderosos. Este es un gobierno sometido a los intereses y dictados de los grandes grupos oligárquicos, de los grupos poderosos económicamente; si los mega empresarios dicen: “no a la 3 de 3, el gobierno acata”; si los mega empresarios dicen: “que la reforma educativa no se negocia”, el gobierno acata; no hay que equivocarse, el empecinamiento del gobierno en negarse a una revisión de la reforma educativa no es signo de fortaleza, sino de su profunda debilidad.
Aquí decía el senador Pablo Escudero y habló de varias sanciones que marca la Ley de Responsabilidades hacia los particulares; sin embargo, la verdadera rendición de cuentas implica conocer mediante declaración pública la situación patrimonial para dar seguimiento a la evolución de sus ingresos y su declaración de conflicto de intereses para demostrar que no están relacionados con los servidores públicos que toman las decisiones en referencia a sus empresas y debemos o debimos haber eliminado también el fuero de todos los servidores públicos, de los gobernadores, de los legisladores y muy en especial del Presidente de la República que se ampara en su fuero, en la inmunidad de su cargo para incluso falsear la realidad y mentir a la sociedad.
En estos últimos años se ha recrudecido la corrupción, los casos en que empresarios y altos funcionarios se alían para obtener beneficios indebidos, el gobierno tras gobierno se den casos donde se actúa en favor de sus amigos, de sus socios una y otra vez buscando siempre una ganancia inusitada, contratos y negocios que llevan al quebranto de las finanzas públicas.
El veto parcial de Peña Nieto a la ley tres de tres responde claramente al requerimiento de los grandes empresarios para modificar varios artículos, toda vez que la obligación de presentar declaraciones patrimoniales y de intereses a particulares resultaba inoperante para ellos, según sus declaraciones.
Los argumentos en los que se basa el Gobierno Federal para devolver, para vetar, para regresar al Congreso diez artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas aluden y abro comillas: “a una intromisión indebida en la esfera jurídica de las personas físicas y morales en su esfera privada”, dice Peña Nieto en su argumentación.
Esta es una interpretación equivocada de la ley, además de que el Presidente de la República no tiene facultades de interpretación de leyes, esa facultad le corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero más aún, si se lee el texto constitucional en materia de anticorrupción se verá que hace sujetos obligados a los servidores públicos, pero también a los particulares.
Nosotros no estamos de acuerdo en dejar fuera a los grandes oligarcas en la articulación de un Sistema Nacional Anticorrupción que crucé información, que pueda darle seguimiento a la evolución de sus ingresos, al patrimonio de los servidores públicos y a las grandes ganancias de los empresarios que surgen cada sexenio, hacerlo así es perpetuar el círculo vicioso de corrupción y de impunidad.
Por eso, las grandes empresas sí deben tener la obligación de proporcionar sus declaraciones para lograr un sistema eficaz que permita combatir el fenómeno de la corrupción; dice Peña Nieto que los empresarios tienen derecho a la privacidad todos tenemos el derecho de privacidad y eso es materia de otra ley, no de la de responsabilidades y ese derecho además no está siendo cuestionado, lo que se discute es el hecho de que las personas morales, las grandes empresas presenten sus declaraciones al igual que los servidores públicos o como lo señala María Amparo Casar abro comillas: “no es posible considerar a las empresas únicamente como víctimas de la corrupción sino también como beneficiarias de la corrupción. La complicidad entre la autoridad y la empresa privilegiada se da en los contratos amañados, en las asociaciones público privadas, en los convenios modificatorios, en los prestanombres, en el enriquecimiento, en una palabra al amparo del poder público”, la elite mexicana es corrupta y así lo concluye Transparencia Internacional que ubica a México como uno de los países más corruptos del mundo; por ello, combatir la corrupción y la impunidad y la opacidad son una prioridad y una urgencia en este país.
La corrupción institucionalizada se debe acabar, las élites políticas y económicas que se enriquecen al amparo del poder público deben regularse por la Ley de Responsabilidades; aceptar el veto del Presidente resulta el gesto más claro de un gobierno entregado a los intereses empresariales y alejado de los intereses de la gente, de la sociedad.
La corrupción o se ataca de fondo o es una simple de simulación.
Queremos con nuestro voto en contra decir que la corrupción, el soborno, los conflictos de interés, el enriquecimiento no se están considerando en su verdadera erradicación.
El veto del Presidente al artículo 32 obedece sólo a la presión de los grandes empresarios para quienes la ley sí se negocia, aunque no lo sea para los maestros y volvemos a exigir porque es un deber; demandamos el diálogo con los maestros, que se revise la reforma educativa, la ley sí debe revisarse y debe de considerarse en este caso el diálogo para que la reforma educativa que no lo es pueda serlo.
Y las modificaciones que propone al PRD para el artículo 32 estamos proponiendo una redacción alternativa que, quisiera por ser muy larga, que se adjuntará al Diario de los Debates, pero estamos ahí proponiendo que las personas morales que cuenten a mediano y largo plazo con entes públicos de la Federación y con entidades federativas y los municipios que cuenten con la ejecución de obras, de obras asociadas a proyectos de infraestructura o servicios públicos celebrados de conformidad a lo dispuesto con esta ley estén sometidos a la publicación o a la presentación de sus declaraciones.
También que las personas físicas que participen directamente por su cuenta o con interés de personas morales en los procesos de contrataciones públicas a las que se refiere la fracción anterior, deban presentar su declaración fiscal anual en los términos que dispongan la legislación en la materia y lo mismo en el artículo 3, estamos definiendo como declarante al servidor público persona física o moral, obligado a presentar la declaración de situación patrimonial de intereses y la fiscal de los términos de esta ley.
En el artículo cuarto incluimos a las personas físicas y morales a las que se refiere el artículo 32 de esta ley; en el artículo 27 incluimos a los particulares; en el artículo 30 incluimos a los particulares a los que se refiere el artículo 32 de la ley; en el artículo 33 incluimos a los servidores públicos en el apartado A, pero en el apartado B tratándose de los particulares a los que se refiere el 32 de la ley y ponemos: “deben de presentar la declaración inicial, la declaración patrimonial y una declaración de conclusión de contratos para revisar la evolución de que la ganancia que estipula el contrato sea realmente la que evoluciona la empresa ceñida a determinado contrato, etcétera, etcétera.
Pediría por ser varias hojas la argumentación se inscriba en el Diario de los Debates en cuanto tal.
Por todo esto nuestro voto de no aceptarse sería en contra, gracias.
-0-0-0-
