Intervención en tribuna del senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, un dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Público Privadas.
Alejandro Encinas Rodríguez, (AER): Gracias, senador presidente.
Compañeras y compañeros senadores.
Como bien lo ha señalado el senador José Yunes, presidente de la Comisión de Hacienda de este Senado, tras un debate que hemos tenido sobre este tema, no ahora, sino a lo largo de varios años, desde la creación de la propia ley que genera la posibilidad de establecer contratos de asociación pública o privada en nuestro país, hemos venido debatiendo sobre la naturaleza, los alcances y lo que ha significado la generación de esta figura en lo que es, tanto el desempeño de la función pública, como el desarrollo de la infraestructura en el país y lamentablemente el fortalecimiento de muchas empresas en demérito de lo que son el erario público y los asuntos del interés público.
Por su puesto que en torno a esas experiencias de contrato de asociación público-privada existen diversas experiencias, experiencias que han sido exitosas y que han tenido resultados favorables al interés público, incrementando la infraestructura y el patrimonio público de distintas entidades.
Yo pongo como ejemplo la primera asociación de carácter público-privado que desarrollamos en el Gobierno de la Ciudad de México cuando una asociación entre el Gobierno federal, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Grupo Financiero Inbursa, y el Gobierno del Distrito Federal, construimos la Plaza Juárez enfrente de la Alameda Central de nuestro país, donde se ubicó el actual edificio de la Cancillería del Gobierno mexicano.
Y en este contrato se establecieron un conjunto de acciones que permitieron el ganar-ganar a los distintos participantes: en primer lugar, la Ciudad ganó al momento de recuperar predios que aún se encontraban ocupados por los escombros del sismo de 1985 y en un arreglo con empresas como (inaudible) quien tenía la propiedad de esos predios en una negociación con ICA que permitió concluir la actual Torre Mayor.
Al mismo tiempo los terrenos ocupados, propiedad ya de la Ciudad se entregaron al Gobierno federal para la construcción del edificio de la Secretaría de Relaciones exteriores.
Y la participación de la Universidad Nacional Autónoma de México logró que a cambio de estos predios que beneficiaron a la Secretaría de Relaciones exteriores, se le transfiriera lo que actualmente constituye el Centro Cultural Tlatelolco ahí en la Plaza de las Tres Culturas, donde actualmente está el memorial del 68’ de nuestro país.
Creo que ésta ha sido una de las experiencias más exitosas, basta ver el desarrollo tan importante que en torno a la Cancillería se generó con, no solamente el Tribunal de lo Familiar del Distrito Federal, el Museo de la Tolerancia, distintas inversiones de carácter privado.
Lamentablemente, a lo largo de estos años, esta figura no solamente se ha distorsionado y ha incurrido en el abuso en demérito del patrimonio y de los bienes del erario público en nuestro país.
Ya que este tipo de asociaciones ha representado hasta ahora una subordinación del interés público al interés privado y al mismo tiempo se mantiene una enorme opacidad en el desarrollo de este tipo de contratos.
Muchos de quienes instrumentan este tipo de asociaciones lo conciben, no como un instrumento para fortalecer los bienes públicos, el interés público, sino como continuidad del proceso de privatización y de esta forma de han venido delegando al sector privado funciones sustantivas que corresponden en el ámbito de gobierno en materia de educación, de salud, de seguridad pública entre otros factores a lo que se adiciona, lamentablemente, la existencia de intermediarios financieros que han incrementado de manera significativa el costo del desarrollo de infraestructura.
Así se han generado carreteras, escuelas, hospitales, prisiones, se han edificado construcciones de gobierno, pero lamentablemente hay evidencias sumamente negativas a las cuales quiero referirme.
Voy a poner un ejemplo muy concreto, unos ejemplos muy concretos.
Uno de ellos es la construcción del Hospital de Especialidades en el municipio de Zumpango en el Estado de México, un hospital para atender fundamentalmente quemaduras por la naturaleza de las actividades económicas en el manejo de pólvora que se realiza en esta región del Estado de México y que se construyó para atender 28 especialidades a 48 pacientes de manera simultánea y que cuenta con 124 camas censables.
En contraparte -este hospital se construyó en 2009- en el 2006 el Gobierno del Distrito Federal construyó un Hospital de Especialidades con mayor capacidad tanto en la prestación de servicios, es el Hospital Enrique Cabrera en la delegación Álvaro Obregón que cuenta con una capacidad de 120 camas censables y 74 no censables en donde la diferencia de los costos de construcción es realmente ofensiva para nuestro país.
En el caso específico del Hospital de Especialidades en Álvaro Obregón, el costo total de la obra, el equipamiento y de la instalación misma representó un costo total de 350 millones de pesos.
Mientras que los términos de la concesión a través de una asociación público-privada para la construcción del Hospital de Especialidades Zumpango representó o representará al término de la concesión un total de 7 mil 38 millones de pesos.
Es decir, con el costo del Hospital de Especialidades de Zumpango pudieron haberse construido 20 hospitales similares al de Especialidades en la delegación Álvaro Obregón.
Y esto se reproduce en todo tipo de infraestructura, pongo un segundo y último ejemplo que es la construcción del Circuito Exterior Mexiquense, aunque valdría la pena echar una buena revisada a los términos en que se construyó este edificio del Senado de la República.
Pero, por ejemplo, en febrero de 203, siendo gobernador Arturo Montiel Rojas, otorgó una concesión a la empresa OHL para construir 155 kilómetros del Circuito Exterior Mexiquense con un costo inicial de 24 mil 921 millones de pesos, la cual, esta concesión, estaría otorgando una rentabilidad anual del 10 por ciento a la empresa.
Sin embargo, a la fecha, el contrato original ha sufrido seis modificaciones que han permitido, no solamente ampliar hasta el año 2051 la concesión, sino incrementar en 50 por ciento en términos reales las ganancias de la empresa OHL.
Y esto ha llevado, no solamente a la modificación de las tarifas de manera sistemática, sino incluso a prácticas de enorme opacidad, donde, por ejemplo, no solamente no se han construido 255 kilómetros del Circuito Mexiquense, sino solamente 110 kilómetros y se ha acreditado de acuerdo a los convenios de modificación, una inversión de 23 mil 300 millones de pesos de acuerdo a la empresa, cuando la Auditoría, la empresa que audita estas obras señala que solamente se han invertido 18 mil 600 millones de pesos.
Y esto al mismo tiempo, no solamente es una opacidad, sino que no hay claridad en el desarrollo de estas empresas, sino que con tantas modificaciones, el incremento en términos reales de lo que es el costo de esta obra, superará el 35 por ciento, sin considerar las ganancias de su extensión hasta el año 2051.
Yo por eso, insisto, uno de los temas fundamentales es garantizar la transparencia en el establecimiento de estos convenios que no pueden ser en agravio de los bienes y el erario público, deben fortalecer la infraestructura, el equipamiento y todo lo que es el desarrollo de nuestro país y con las modificaciones que hoy se presentan se profundiza la opacidad.
Pongo por ejemplo el artículo 24 que se reforma en este dictamen donde se elude la responsabilidad para que se presente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, por parte del Ejecutivo, los contratos de asociación público-privada que se van a desarrollar y no se van a presentar ni van a ser aprobados por la Cámara de Diputados, lo que conculca la capacidad de fiscalización, tanto de la Cámara de Diputados, como de la Auditoría Superior de la Federación, dejando en manos de la Secretaría de Hacienda un gran paquete discrecional y de opacidad en el tema.
Y en segundo lugar, yo veo un problema, lo consulté ayer con el senador Cordero y hoy con el senador Cervantes, visos de inconstitucionalidad en la reforma al artículo 12 de la actual ley al incorporar dentro de las dependencias que pueden establecer contratos de asociación público-privada a los órganos reguladores coordinados en materia energética, cuando los órganos reguladores solamente pueden dictar normas, no pueden asumir labores de carácter ejecutivo.
Me decía el senador Cordero que era, por ejemplo, para que pudieran contratar la prestación de servicios de limpieza en las oficinas de los órganos reguladores, para eso existe la contratación de empresas. El mismo Senado contrata a Fonatur para prestar los servicios de limpieza sin necesidad de llegar a un contrato de asociación público-privada.
O que era para construir un edificio propio, la asociación para construir su propia infraestructura, para eso basta realizar un contrato con cualquier empresa en una licitación pública.
El problema es que el margen que abre esta reforma a que los órganos reguladores puedan establecer contratos de asociación en las materias en las cuales sólo pueden regular, ellos mismos otorguen concesiones y otorguen contratos.
Éste es un tema que estamos revisando y con toda seguridad cuestionaremos ante la Corte.
La votación en la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, fue mayoritaria, efectivamente 2-1, como señaló el senador Yunes, porque siempre tenemos una relación muy franca y abierta de trabajo, reconociendo nuestras diferencias y espero que este tema que tanta controversia ha generado, si no lo resolvemos aquí, pues lo resolveremos en la Corte.
Por su atención, muchísimas gracias.
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