Si bien el Legislativo ha avanzado en la construcción de un marco jurídico garantista, aún es importante atender los retos existentes para lograr la consolidación del nuevo sistema de justicia penal, aseguró la senadora Angélica de la Peña.
La legisladora del PRD señaló que el Poder Legislativo ha trabajado en el marco jurídico necesario para dotar al país de un sistema garantista y con estricto apego a los derechos humanos.
En ese sentido, señaló que actualmente ya se cuenta con el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de Amparo; la Ley Nacional de Ejecución Penal; la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias Penales y la Ley Nacional de Justicia Integral para Adolescentes.
Además se han emprendido reformas a la Ley General de Víctimas, a la Ley contra Tortura, y la Ley de Desaparición Forzada Cometida por Particulares, las cuales tienen que ver con la reconstrucción de las instituciones para atender los señalamientos de que en México se elimine, castigue y se prevengan las diversas violaciones a los derechos humanos.
No obstante, destacó, el principal pendiente es resolver el proceso hacia la configuración de las Fiscalía General y las fiscalías que van a sustituir a las procuradurías locales.
“Todos estamos de acuerdo que estas instituciones no pueden cambiar de nombre, sino tiene que también transformarse las instituciones y ser otra cosa; si no es así, simplemente no hay manera de que las leyes que hemos hecho o las que hagamos puedan tener una efectividad”, indicó.
En ese tema, la presidente la Comisión de Seguridad reconoció que existen distintos retos, como el institucional que tiene que ver con los operadores del Sistema de Justicia Penal.
“Hay que trabajar en tener nuevos ministerios públicos, nuevos abogados litigantes, victimales, policías, nuevos funcionarios en el Poder Judicial, es decir, hay una gran cantidad de cuestiones que quedan todavía pendientes y retos que tenemos que trabajar más con las instituciones”, mencionó.
También dijo que es necesario cambiar el plan de estudios en las universidades, porque no es posible que las licenciaturas continúen enseñando con el modelo anterior y con los viejos autores.
“Con todo respeto a esos autores pero hay que ponerlos en el archivo de la historia del país y entrar a leer a los nuevos académicos, autores, autoras del sistema garantista y no seguir otra vez hablando de la pirámide kelseniana, o en fin”, aseveró.
Angélica de la Peña señaló que también existe el reto científico pericial, pues actualmente existe una gran desconfianza por parte de la sociedad en las instituciones del Estado, lo que implica la creación de un organismo que se encargue de ese tema.
Otro reto, resaltó, es configurar dentro del Poder Judicial al Consejo de la Judicatura para garantizar la vigilancia interna y los controles internos que necesitan los jueces.
“El Consejo de la Judicatura debe tener un papel distinto, ¿esa es una reforma estructural? Sí, empezando porque el presidente o presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o quienes están presidiendo los Tribunales Superiores, pues no presidan los Consejos de la Judicatura, empezando por eso”, aseveró.
Finalmente, de la Peña Gómez lamentó que los ciudadanos no vean a las instituciones como protectoras de sus derechos y por el contrario, las ven como un lastre o un peligro.
