No hay razón para posponer el cumplimiento del plazo para concluir la transición digital terrestre, el llamado “apagón analógico”, lo contrario sería una salida fácil e ilegal para que la administración pública federal rehuya a la responsabilidad que la Constitución le atribuyó a partir de la reforma en materia de telecomunicaciones de 2013, afirmó la senadora Angélica de la Peña.
Dijo que el gobierno federal debió haber tomado todas las medidas para garantizar las condiciones indispensables a fin de que este proceso de modernización se llevara a cabo en tiempo y forma, lo que incluye la distribución y entrega de televisores y decodificadores digitales a los sectores poblacionales que carecen de recursos suficientes para adquirir un televisor digital, lo cual no sólo incumplió sino que le ha dado un uso político electoral.
La senadora del PRD apuntó que si el Congreso de la Unión le confirió al Estado mexicano el dominio directo sobre el espacio que surcan las ondas eléctricas de las telecomunicaciones y estableció un régimen especial de regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, fue para que la población recibiera los beneficios sociales que ofrecen las nuevas tecnologías para el acceso a la información.
El gobierno federal ya ha sido bastante irresponsable, indicó la legisladora, al tergiversar el mandato constitucional de implementar programas y acciones necesarios para que la población no resulte afectada por el “apagón digital” y lo tradujo en un reparto de televisores como instrumento electoral.
“Posponer la conclusión de la transición digital terrestre afectaría la competencia entre televisoras, pues se retrasaría la entrada de nuevos competidores, y no se diga del incremento en el porcentaje de mexicanos afectados al quedarse sin señal digital”, agregó.
“Por lo tanto, antes de tomar una decisión respecto de ampliar los plazos para el inicia del llamado apagón analógico, lo responsable es que el Secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal explique al Senado de la República la situación sobre este tema”, concluyó la senadora Angélica de la Peña.
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