Intervención de la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar un punto de acuerdo que exhorta a informar sobre la situación de las escuelas privadas de educación superior, que no cuenten con el reconocimiento de validez oficial de estudios.
Angélica de la Peña Gómez, (APG): Con su venia, señora Presidenta de la Mesa Directiva.
Señoras Senadoras, Señores Senadores.
El punto que suscribo tiene que ver con un problema, por cierto, no nuevo. Es un problema que goza de cierta discrecionalidad, no hay posibilidades de conocer debidamente cómo de repente aparecen diversas instituciones de educación media y de educación superior, sin que cumplan con los requisitos que establece la Ley General de Educación y, por supuesto, los reglamentos que emanan de la misma.
Es verdad que tenemos un serio déficit en la presentación de los espacios que las universidades de educación pública tienen adscritos. Sabemos cómo cada año se convierte en un verdadero problema el que quienes solicitan entrar por ejemplo a la UNAM, prácticamente el 90 por ciento se queda sin poder lograr entrar a alguna de las carreras de esta institución. Lo mismo pasa con el Instituto Politécnico Nacional y también con la Universidad Autónoma Metropolitana.
La UNAM, no obstante de que han incrementado mil lugares más, sólo logró aceptar a un promedio de 8 mil estudiantes en la que fue su segunda vuelta de selección. De cerca de 70 mil que en esta ocasión aspiraban a entrar en su primer examen de selección, la cifra de rechazados superó los 100 mil y los de aceptados, apenas rebasó los 11 mil.
En este mismo período la UAM tenía espacio para 15 mil estudiantes, sin embargo, más de 80 mil que realizaron el examen de ingreso, no pudieron tener acceso a esta institución.
Con el Poli pasa exactamente igual, alrededor de 90 aspirantes se quedaron sin espacio porque solamente lograron 23 entrar.
Y si vamos al resto del país, en cada una de las instituciones educativas del gobierno estatal, o de algún ámbito gubernamental, vamos a encontrar que ciertamente tenemos un déficit para lograr atender la demanda de las y los jóvenes.
Es un problema muy grave que México tiene que resolver, porque la educación, la educación resulta ser el asunto más importante para lograr el desarrollo pleno de una nación.
No es posible que podamos avanzar, lograr el adelanto de las nuevas generaciones, estas que hoy están empezando a incursionar en su educación, si no logramos atender que lo puedan concretar hasta el final, concretar su proyecto de vida, ser lo que quieren ser, y que cuando deciden estar, aspiran estar en una carrera universitaria, no hay las condiciones por parte del Estado para poder garantizar este derecho.
Por eso hay un avance, por decirlo de alguna manera, en distintos estados, en donde la educación privada ha tenido un lugar importante y preponderante.
¿Qué es lo que no nos gusta?
Lo que no nos gusta es que, a partir de 1993, que se instala el Registro de Validez Oficial de Estudios, que regula el funcionamiento de todas las instituciones educativas que deben tener cumplimiento de una serie de requisitos para que puedan funcionar como centros de educación, no están cumpliendo con su responsabilidad.
Y hoy tenemos una gran cantidad, miles, centenas de centros de educación que no cumplen con los requisitos para llamarse universidades, para estar dotando de los insumos educativos, tanto en la educación media, pero también en la educación superior.
Quiero insistir que, aunque ha estado visibilizado porque actúan con una gran discrecionalidad, hoy llama la atención que en el caso de un partido político, al revés. Lo que ha hecho es ufanarse respecto de que, como no se atiende la educación, entonces yo voy a instalar centro de educación superior, y se ufana, incluso, al no cumplir con los requisitos que la Ley General de Educación ha inscrito para poder funcionar debidamente y no defraudar a quienes están ahí por una necesidad obvia de no tener posibilidades de ser atendidos, y entonces recurren a estos centros.
Y hoy tenemos a 4 ufanados de que ahí están, de que funcionan, de que no les importa cumplir con los requisitos institucionales, oficiales, qué sé yo; y uno más en el estado de Tabasco, y uno más, creo que en el estado de Yucatán.
Entonces, nos parece que ya no podemos permitir que haya esta discrecionalidad, y se ponga orden en todos, en todos los centros que hoy actúan con esta discreción.
Por eso mismo hemos planteado en este punto de acuerdo, considerar los tres puntos para pedirle a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal, un informe sobre la situación de las escuelas de educación superior que no cuentan con ningún tipo de reconocimiento de validez oficial de estudios, así como las medidas y acciones encaminadas para su regularización y evitar el funcionamiento de aquellas que no cuenten con dicho registro.
También nos importa que la Secretaría de Educación Pública de la Ciudad de México, también nos informe sobre la situación de las escuelas privadas de educación superior que tampoco cuentan con este reconocimiento.
Tenemos que poner como interés superior el caso de, sin lugar a dudas, y ese es el sentido de mi punto de acuerdo, el interés superior, de manera preponderante, el de las niñas, los niños, los adolescentes, más que cualquier otra cuestión de diferencia partidaria.
Por eso ni siquiera nombro al partido que se ufana de hacer estos centros, la construcción de estos centros de educación superior, en donde prácticamente pareciera que no le importa lo que dice la ley.
Y el tercer punto, también le solicitamos al Instituto Nacional Electoral, para que se exhorte al Consejo General de dicho organismo a realizar la investigación con la finalidad de resolver el origen, monto, destino y aplicación de las prerrogativas de un partido político que está ufanándose respecto de que eso lo está utilizando para un propósito que no es el que le da origen a sus prerrogativas.
Yo no creo que debamos actuar con discrecionalidad; no creo que debamos permitir que frente a algunas ausencias en la rigurosidad que deben distinguir a las autoridades de educación pública, se permita que sigan utilizándose recursos que no deben ser utilizados para otros propósitos, y muchos menos prestarse a defraudar a jóvenes ilusionados que van y buscan y se adscriben a una universidad que resulta que no tiene la rigurosidad de haber cumplido con los requisitos que establece la Ley de Educación.
Es cuanto.
Muchas gracias.
0-0-0
