Intervención de la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PRD, en reunión ordinaria de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Derechos Humanos, de Estudios Legislativos, de Estudios Legislativos Primera y de Estudios Legislativos Segunda, del Senado de la República, en materia de desaparición forzada de personas y de tortura.
Dolores Padierna Luna, (DPL): Gracias.
En primer lugar yo quiero felicitar el trabajo de las juntas directivas de las comisiones dictaminadoras, porque este tema es uno de los grandes temas que estaban pendientes en la agenda nacional y que por fin ustedes toman cartas en el asunto y es loable y es indispensable reconocer el trabajo por la pertinencia del tema, pero también por la gravedad del tema.
Yo quisiera hacer algunos subrayados que tiene esta, no solamente es la facultad que se le da al congreso de elaborar una ley general para prevenir o erradicar este tipo de delitos, de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, sino que también da la obligatoriedad al Estado de proteger a las personas frente a este tipo de delitos.
Para que pueda ser considerado como tal, como tortura, como trato cruel, inhumano o degradante, pues por un lado, y ese es el gran avance, si tiene el dolor o el sufrimiento, tiene que ser causado con la instigación, con el consentimiento, con la anuencia del servidor público, pero también ahora se agrega por otras personas, actuando de esa manera.
El Estado, por un lado, debe ser el garante de los derechos humanos, pero el Estado puede no ser responsable por actos que queden fuera de su control, pero deberá ser responsabilizado por actos de tortura que comentan otros, si no hace nada para evitarlo.
Hay también, como lo decía la senadora, una obligación internacional para los estados, de tomar medidas específicas y generales para evitar la comisión de este tipo de delitos.
Entonces, por su importancia, por su gravedad y porque en México este problema se ha venido agravando. Yo quisiera señalar nada más cuatro datos: la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que el número de denuncias o quejas interpuestas por presuntos actos de tortura, en el año 2014, alcanzó mil 505, aumentando un 600 por ciento con respecto al año 2003, cuando se habían registrado 219 casos.
O bien, el dato de Amnistía Internacional, donde dice que existe, entre la población un enorme temor de sufrir tortura; que el 64 por ciento de mexicanas y mexicanos tienen miedo de sufrir tortura al ser detenidos por elementos que supuestamente están para impartir justicia.
Lo más grave, nos informa también este documento, que quienes aplican la tortura, quienes cometen este delito, gozan de una impunidad casi total.
Según el Consejo de la Judicatura Federal, los tribunales federales tramitaron 123 enjuiciamientos por tortura y de ellos sólo 7 desembocaron en condenas.
Lo mismo, dice el Consejo de la Judicatura, que fueron presentados 3 mil 750 peticiones de amparo que solicitaban estas personas, pidiendo la protección frente a la tortura y el propio Consejo dice que se desconoce a cuántos se les concedió esta protección.
Por otro lado y con esto termino, la Suprema Corte de Justicia Elaboró, publicó un protocolo de actuación ante quienes denuncien actos de tortura, tratos crueles, degradantes e inhumanos ante el Poder Judicial.
Este protocolo responde a la gravedad y a la falta de la investigación adecuada y de una sanción a tiempo.
Finalmente están las obligaciones internacionales que ha adoptado México en esta materia, el pacto internacional de derechos civiles y políticos, la Convención de Naciones Unidas contra la tortura, el protocolo facultativo y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, todo esto obliga al Poder Legislativo a actuar conforme a estas responsabilidades internacionales, trabajar una legislación con una visión protectora y garantista, que es justamente la que tenemos enfrente para dictaminar, por lo cual hay que felicitar el trabajo de las comisiones dictaminadoras.
Es cuanto.
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