Los Congresos Estatales de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, , Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Oaxaca, Querétaro, Legislativa del Distrito Federal deben reformar sus Código Civiles con la finalidad de elevar la edad mínima para contraer matrimonio a 18 años, sin ninguna excepción, y así romper el ciclo de discriminación y violencia contra las niñas, niños y adolescentes, señaló la senadora Angélica de la Peña en una proposición con punto de acuerdo presentado en la sesión de este día.
En el marco de la campaña «De la A (Aguascalientes) a la Z (Zacatecas), México sin unión temprana ni matrimonio de niñas en la ley y en la práctica», lanzada este día por ONU Mujeres, la legisladora indicó que el matrimonio infantil es un práctica nociva en nuestro país puesto que se trata de una clara violación a los derechos humanos de las personas menores de 18 años, pero sobre todo de niñas y adolescentes porque repercute negativamente el goce de sus prerrogativas fundamentales como el derecho a la vida, la dignidad personal, la salud, la integridad física, la educación y la protección contra situaciones que pongan en riesgo su desarrollo físico y emocional
La también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado comentó que 14 por ciento de las niñas mexicanas, son obligadas a casarse por usos y costumbres, según la información del Consejo Nacional de Población (CONAPO), además “de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México, en el país 388 mil 831 niños y niñas entre los 12 y los 17 años están casados o viven en unión libre, esto representa el 3% de la población infantil y, de este grupo, unos 31 mil 558 niños y niñas tienen entre 12 y 14 años.”, agregó.
Apuntó que siempre que una mujer o niña es comprometida o dada en matrimonio por sus padres, sus tutores o su familia, se está en presencia de una práctica análoga a la esclavitud, en incluso ante la probable comisión del delito de trata de personas, dado que la unión no está basada en el consentimiento libre, como establece la normatividad internacional de derechos humanos.
La legisladora resaltó que el matrimonio prematuro es producto de la discriminación basada en el género que otorga más valor a la supervivencia, el desarrollo, la protección y la participación de los niños frente a las niñas, “ha sido la perspectiva de género ha hecho visibles las costumbres y prácticas que dañan la salud de las mujeres que abarcan la mutilación genital femenina, el matrimonio infantil y el matrimonio forzado, los delitos relacionados con la dote, los asesinatos de honor, el estatuto inferior de la esposa en las legislaciones, la servidumbre así como la explotación sexual y de otro tipo en el marco del matrimonio”, añadió.
En la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se estableció que la edad mínima para contraer matrimonio son los 18 años, sin embargo los Congresos de 22 entidades federativas todavía no realizan la armonización legislativa necesaria y el Código Civil Federal aún dispone como edad mínima para casarse 16 años para los hombres y 14 años para las mujeres, con la posibilidad de dispensa por causas graves y justificadas para las que no hay definición ni se establecen criterios de ponderación.
Por lo anterior, la propuesta de la senadora Angélica de la Peña Gómez, que fuesuscrita por las senadoras Diva Gastélum Bajo, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, y Martha Elena García Gómez, incluye un segundo resolutivo que solicita a las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado de la República a dictaminar a la brevedad, la Minuta por la que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Civil Federal para elevar a 18 años la edad mínima para contraer matrimonio.
“Erradicar el matrimonio infantil permitirá prevenir que niñas y adolescentes pongan fin a su educación y bloqueadas todas las oportunidades de adquirir educación vocacional y para la vida; exponerlas a los riesgos de un embarazo, parto y maternidad a edad demasiado temprana, antes de que estén aptas física y psicológicamente; así como disminuir el riesgo de violencia sexual y de contagio del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. Las niñas y adolescentes deben vivir y desarrollarse como tales gozando plenamente de sus derechos humanos”, concluyó la senadora Angélica de la Peña.
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