Una llamarada de petate, y no otra cosa, resultaron las medidas anunciadas por el presidente Enrique Peña Nieto como respuesta a la crisis política y de seguridad que vive el país.
El presidente culpa a los municipios y pretende que buena parte de las soluciones provengan del Congreso, siguiendo la misma lógica que guió el comportamiento de su gobierno durante los primeros diez días tras la tragedia de Iguala.
El presidente pretende extender las culpas del gobierno federal a otros ámbitos de gobierno, al Congreso y a la sociedad en general.
Algunos de los anuncios, por lo demás, remiten a políticas que ya están en curso, herencia del sexenio de Felipe Calderón, cuya estrategia de combate a la delincuencia organizada fue dura y demagógicamente criticada por quienes ahora gobiernan.
El anuncio presidencial fue antecedido por grandes expectativas que no se cumplieron. Groseramente, el titular del Ejecutivo pretendió colocarse en el lugar de los agraviados al retomar la consigna principal que ha animado a los cientos de miles de indignados, como si el gobierno federal fuese parte de ellos y no el blanco de los reclamos.
La propuesta de ley contra la infiltración del crimen organizado en los municipios tendrá dificultades para armonizarse con los actuales códigos penales, federal y locales, además de que plantea el riesgo de utilización política de la justicia y pone en duda los términos del pacto federal.
Las reformas planteadas al sistema de competencias penales apenas fueron esbozadas y son parte del andamiaje de una reforma al sistema de justicia nacional en marcha desde el sexenio anterior, que incluye un código penal único de procedimientos.
En el catálogo de promesas aparece también un tema largamente discutido: el mando único policiaco a nivel estatal. No es la primera vez que se impone una visión recentralizadora en las propuestas de este gobierno, pero no se trata de una propuesta novedosa. En varios estados se ha avanzado ya en esa ruta, aunque con muchas dificultades, y será preciso ver cómo se compagina con mejores sistemas de control de confianza (todos los policías de Iguala los habían aprobado, por ejemplo); si los gobernadores pueden hacerlo realidad y qué pasará con los miles de policías que previsiblemente quedarán sin empleo.
Aunque es necesario contar con un solo número de emergencias, llama la atención que Peña Nieto proponga el mismo que en Estados Unidos (ni en eso puede tener independencia). Ahora bien, no sabemos quién contestará ese número y cuál será su efectividad real, que es lo importante.
La clave única de identidad, el mando único y el programa especial para Tierra Caliente, son herencias del calderonismo.
En el primer caso, existen dudas fundadas sobre quién y cómo manejará los datos personales para evitar filtraciones, como ya ha ocurrido.
En el caso de la Tierra Caliente de Guerrero y Michoacán, desde 2006 ha habido un “operativo especial” sin que hasta la fecha se haya logrado garantizar la seguridad de las personas y sus bienes, pese al envío de un representante personal del presidente con poderes excesivos y de dudosa legalidad.
En el tema de acceso a la justicia cotidiana, y a la manera de sus antecesores panistas, el Ejecutivo descarga la responsabilidad en el Congreso, para más adelante tener la coartada de que si no hubo avances es culpa del parlamento.
En el caso del fortalecimiento de los derechos humanos se presentan propuestas vagas, sin entrar al fondo del asunto: no sólo cambios a la ley, sino a la manera de aplicarla para que no se presenten los abusos criminales, como en el caso de Tlatlaya.
La mayoría de los medios han insistido en que el decepcionante decálogo presidencial es una respuesta al “caso Ayotzinapa”. Y lo es, aunque parcialmente, porque si se ha incluido el “combate a la corrupción” es por el papel que la “casa blanca” ha adquirido en la agenda nacional. Otra vez, el Ejecutivo no habló de los cómos, y su desinterés por el asunto se sigue expresando en el hecho de que la Secretaría de la Función Pública está acéfala desde que arrancó este sexenio.
La gran pregunta es si el decálogo del presidente satisface a los ciudadanos justamente hartos e indignados frente a la violencia, la corrupción y la impunidad: la respuesta es que no.
