En México, el modelo bicameral en el que se divide el Poder Legislativo dio muestra de su vigencia el pasado jueves, cuando se votó el dictamen relativo a la creación de la Guardia Nacional. El Senado de la República actuó como Cámara revisora y corrigió lo aprobado por las y los Diputados que, en esencia, era una propuesta proveniente del Ejecutivo Federal.
Desde que el pesador francés Charles-Louis de Secondat, mejor conocido como el barón de Montesquieu, escribiera su Teoría de la Distribución Social del Poder, en la que propone una distribución jurídica del poder del Estado distribuida en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, dicha fórmula ha servido para contener los excesos de un poder y desarrollar los contrapesos necesarios para la concentración de este en alguno de los tres polos.
Quizá lo más importante haya sido que en el proceso de discusión del tema de Guardia Nacional, se realizaron cambios de forma y fondo al tipo de proceso legislativo que venía ocurriendo desde septiembre pasado cuando comenzó la LXIV Legislatura. De forma, porque el boque mayoritario trascendió su discurso de superioridad moral, aseveración de poseer la verdad histórica y la retórica de la mayoría electoral, para dar paso a un auténtico dialogo político; y porque el bloque opositor fue más allá de los señalamientos críticos y no se alejó nunca de la posibilidad de construir, en conjunto con la mayoría, una alternativa viable y políticamente compartida para elaborar un producto legislativo de consenso.
El cambio en el Senado fue también de fondo por dos razones principales: Primero, incorporó un proceso real de Parlamento Abierto donde no se limitó a escuchar las críticas o propuestas, sino también incorporó ambas al proceso de dictaminación para contribuir a una nueva redacción del contenido argumentativo y propiamente jurídico de la reforma constitucional. Este mecanismo debe convertirse en un parámetro o estándar para futuras discusiones legislativas. Segundo, porque se dio paso a la política propiamente dicha, es decir, a la puesta en marcha de un proceso donde el peso político particular de los actores y sus planteamientos, la coyuntura específica de una reforma constitucional y la necesidad de una votación específica, la relevancia del tema, la crítica pero también el reclamo social, la urgencia para el Ejecutivo, en suma, todo, se puso en la balanza y se actuó en la mesa política para armar un acuerdo donde todos son, ahora, corresponsables de lo producido.
No sorprende a estas alturas el acuerdo y compromiso que el Ejecutivo ha establecido con la Fuerzas Armadas. Algunos podemos ser críticos y otros podrán celebrarlo sin excusas, lo cierto es que a todos conviene que las instituciones castrenses y, ahora, la próxima Guardia Nacional, tengan éxito en las tareas de combate a la delincuencia y el establecimiento de un seguridad real y tangible para la sociedad mexicana que tanto la exige y reclama.
Es preciso celebrar mesuradamente, pero sin ambages, este proceso político y legislativo ocurrido en el Senado de la República. El contrapeso siempre necesario cuando de poder político se trata, se hizo presente no para detener frontalmente sino para contener excesos y hasta equívocos que ni a la sociedad ni a las instituciones mexicanas conviene. Enhorabuena por la política.
Juan Zepeda Hernández, Senador de la República
