En México, 95 millones de personas viven en vulnerabilidad económica: Senadora Cuéllar Cisneros


  • El 21 por ciento de la riqueza total se reparte entre el uno por ciento de la población
  • Se requiere terminar con las políticas que atienden los efectos de la pobreza sólo a corto plazo

 

De acuerdo con el informe presentado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en México uno de cada dos personas son pobres, ante ello la senadora Lorena Cuéllar Cisneros señaló que esta situación habla que, durante el actual gobierno, dos personas por minuto perdieron su poder adquisitivo.

 

La legisladora por Tlaxcala sostuvo que la supuesta mejoría de la que habla el Ejecutivo Federal sólo toca a la pobreza extrema, que tan sólo disminuyó de 11.5 a 11.4 millones de personas, mismas que hoy no desayunan, comen o cenan porque no cuentan con el dinero suficiente para sus alimentos.

 

“La Sedesol dice que la pobreza es un problema de Estado, que es un asunto de índole estructural, que una de sus causas obedece al cambio en el precio de los alimentos y que está afectada también por las condiciones de crecimiento que ha mantenido nuestro país en los últimos años y que por lo tanto no es solo culpa de ellos, situación extraña si consideramos que de acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social, ellos son la Secretaría que encabeza el ramo, y por lo tanto, de ellos es la responsabilidad de instrumentar, coordinar y dirigir la política social”.

 

Cuéllar Cisneros subrayó que la población necesita de un acceso efectivo a sus derechos y no de políticas que únicamente está paliando los efectos de la pobreza en el corto plazo.

 

Mencionó que es lamentable que el gobierno instrumente y maneje la política social bajo la visión de la compra de votos a cambio de despensas y prueba de ello dijo es que la Auditoría Superior de la Federación, exhibió los excesos en la Cruzada Nacional contra el Hambre, en donde se gastaron 57.2 millones de pesos en vasos desechables, 96.8 millones de pesos en tortilleros o 79.4 millones de pesos en paliacates.

 

“A dos años de operación de la Cruzada contra el Hambre ha tenido un presupuesto de más de 320 mil millones de pesos, y tenemos un beneficio marginal de menos del 1 por ciento hacia nuestra población, es decir, una eficiencia operativa que necesitaría alrededor de 17.6 billones de pesos para mejorar las condiciones de vida de los 55 millones de mexicanos que se encuentran en pobreza; aproximadamente el presupuesto íntegro de la federación de los próximos 4 años”.

 

La presidenta de la Comisión de Desarrollo Social comentó que en cuanto al tema del ingreso de los hogares, que reconoció la Sedesol, es una falla que afecta no sólo a los más pobres, sino que tiene a la clase media endeble y en condición de vulnerabilidad, situación que no se trata a fondo porque elevaría escandalosamente la cifra de personas que quedarían en pobreza.

 

Además indicó, esto lleva a incorporar a la discusión la profunda desigualdad en que se vive, con un modelo económico que reparte el 21 por ciento de la riqueza total al uno por ciento de la población.

 

“Es importante el que se haya abordado el tema del ingreso, como el talón de Aquiles de la política social. Esperamos que ahora si estén en la disposición de discutir el mejoramiento en los salarios de los trabajadores, como yo se lo propuse a la SEDESOL en la comparecencia de la Glosa del Informe el año pasado, porque creo que hoy no puede haber mejor política social para nuestros ciudadanos que la creación de fuentes de empleo y el mejoramiento de los  salarios”.

 

Finalmente la también secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables consideró como un logro importante que la política social ya no se discuta de manera limitada al combate de la pobreza, o a nivel de ingreso per cápita de la población, sino que ahora se reconozcan fallas estructurales y se incorporen elementos multidimensionales e intersectoriales.

 

“La realidad es que hablamos de mejorías muy pequeñas en términos estadísticos y la estadística nunca va a reflejar que los ciudadanos tengan garantizado el acceso a sus derechos, es decir, tener tubería no garantiza agua de calidad; la existencia de instalaciones sanitarias no garantiza médicos y medicamentos para la atención. El mismo Coneval planteó que debe explorarse la medición de la pobreza en términos del cumplimiento de derechos y así debe de ser”, concluyó la legisladora tlaxcalteca.