Intervención de la senadora Angélica de la Peña Gómez para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un Apartado C al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Angélica de la Peña Gómez, (ADPG):Con su venia, presidenta, señoras y señores.
La iniciativa que hoy pongo a consideración de ustedes para su revisión y evaluación y dictamen las comisiones respectivas, tiene que ver con seguir trabajando en esta dinámica que deriva de la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal de carácter acusatorio y, por supuesto, ir logrando que lo que vaya construyendo vaya garantizando que este nuevo sistema cumpla con el objetivo de su creación.
Uno de los puntos más importantes de este sistema son los juicios orales que tienen que ver por cierto con las pruebas, su análisis y, sobre todo, observando las reglas de la lógicas, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia por los organismos jurisdiccionales.
Quiero recordar de manera textual lo que Alejandro Magno González de Alba ha dicho respecto a la materia que tiene que ver con esta iniciativa, dice como parte fundamental del sistema acusatorio, la prueba pericial, refiriendo lo siguiente: los peritos, a diferencia de un testigo ocular, por regla general, pueden especular ya que su propia experiencia y especialización en la materia sobre la cual hace una especulación se los permite; los peritos, sigue diciendo Alejandro Magno González de Alba, son cruciales en la investigación que dirige el Ministerio Público y en la práctica tiene mucha credibilidad en un juicio oral por ser expertos, razón por la que la contraparte debe asesorar también de un experto en la preparación de su contrainterrogatorio a fin de poder controvertir de manera adecuada pericial ofrecida y desahogada por la otra parte.
Cuando una parte presenta una prueba pericial en el juicio oral, debe asegurarse lo que el perito exprese y sea claro, concreto, pero completo y que explique todos y cada uno de los elementos sobre su conocimiento especial en alguna de las ciencias que caracteriza o del arte o la técnica y que puedan estar relacionados con el caso concreto, fin de la cita.
Tiene que ver, recordar, este precepto de la obra de Alejandro Magno porque resulta que la materia que hoy estamos presentando también está inscrita en una solicitud respecto de transformar todo lo que tiene que ver con investigación forense a partir de darle credibilidad el resultado de sus trabajos al tener un organismo autónomo que pueda dar esta certidumbre.
Si bien hay que recordar que estamos constituyendo una institución, una fiscalía específica en el marco de la discusión de la Ley de Desaparición Forzad y cometida por Particulares, esta Fiscalía quedaría inscrita -de aprobarse el proyecto de decreto que estamos discutiendo- quedaría integrada en el marco de la Fiscalía General de la República; sin embargo, no está demás señalar que hay inquietudes que reflejan una preocupación respecto del atraso tecnológico que evidentemente tenemos en México, pero también otro elemento que es importante destacar y que tiene ver también con la certeza, con la legitimidad, con darle confianza a quienes tienen que estar dirigiéndose en sus trabajos, en sus peritajes y finalmente en la conclusión de los mismos para el propósito de darle certeza a la investigación de saber, en el caso de estar frente a restos humanos saber de quiénes son y cuáles fueron las características, en este caso de la materia que nos preocupa, de su desaparición.
Es importante también destacar que es necesario influir en la unidad de criterios sobre la profesionalización de las distintas expertas y expertos en estas materias que tienen que ver con la investigación forense; de tal manera que, necesitamos lograr un solo enfoque, una homologación de lo que se haga a nivel nacional y lo que se haga en las entidades federativas.
También es necesario aquí, desde esta tribuna, volver a recordar que parte de las preocupaciones de las organizaciones defensoras de derechos humanos, de las familias de personas desaparecidas, tienen que ver mucho con la crítica respecto de la omisión, la inexperiencia, la falta de confianza sobre todo en esta materia desde los ámbitos locales.
Quiero finalmente recordar lo que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho al Estado mexicano, a raíz de los lamentables acontecimientos acontecidos por la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa.
En dicha recomendación el GIEI nos dice, de manera textual, que es necesario contar con un organismos pericial autónomo y competente a nivel federal, como en los diferentes estados de la República y la Ciudad de México, dicha entidad nos refieren debe contar autonomía administrativa y financiera, sin depender de ningún organismo investigativo o judicial, además debe tener la capacidad técnica, científica y profesional; para desarrollar sus labores debe tener personal capacitado y contar con un trabajo diseñado con base en los protocolos internacionales y, por supuesto, cumpliendo los estándares que existen a nivel internacional en estas diferentes materias.
A su vez, también es importante recordar que el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, el año pasado, en febrero, evaluó por primera vez a México respecto a sus obligaciones contraídas en virtud de la aprobación de nuestra vinculación con la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada.
En dicha evaluación el Estado mexicano fue cuestionado con relación a las medidas, acciones y mecanismos destinados a prevenir, investigar y sancionar las desapariciones forzadas y con la protección a los familiares de las víctimas.
En esta recomendación también hace un señalamiento de la importancia de que algunas instituciones que se dedican a la investigación, en este caso, de las materias que tienen que ver con los datos forenses también gocen de plena autonomía.
Hoy tenemos a partir de las estadísticas de las estadísticas del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, que Tamaulipas es la entidad federativa donde más personas han desaparecido, sin embargo, aun cuando el segundo es Jalisco, le sigue el Estado de México, lo que vemos es que también estas entidades u otras, hay una constante, es decir, entre las fallas que observamos en la persecución de la verdad y la justicia, también es necesario señalar que las distintas autoridades federales, como las de estos estados o las de otros estados, siempre tienen cuestionamientos respecto a la decisión y definición, la experiencia, lo que da resultado de su investigación, particularmente, en materia forense.
De tal manera que es necesario insistir en que este organismo tenga autonomía; hoy además, y con esto quiero concluir, estamos atendiendo de manera puntual, estamos dando la discusión para crear la Ley de Desaparición Forzada y cometida por Particulares, también es necesario retomar las propuestas, las solicitudes, que diversas organizaciones de la sociedad civil que están asesorando a las familias y también las propias redes y organizaciones que han construido las propias familias de personas desaparecidas, hoy no están pidiendo que es necesario contar con un instituto nacional autónomo en investigación forense en nuestro país, que permita, reitero, insisto, dar certeza a las familias de las víctimas, particularmente, de desaparición forzada.
Una de las características de este instituto es contar con personal especializado en las distintas áreas de antropología forense, biogenética, investigación de contextos y sicológicos sociales con enfoque especializado en materia de derechos humanos.
La propuesta integral, le pido señora presidenta de la Mesa Directiva, quede inscrita de manera textual en el Diario de Debates, y simplemente concluyo diciendo que esta iniciativa está inscrita a reformar el artículo 102, apartado C, sería la construcción de un nuevo inciso y que determina la constitución del instituto autónoma que se denominaría Instituto Nacional de Ciencias Forenses y estará encargado de organizar y dirigir el Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y de controlar su financiamiento.
Sería cuanto. Muchas gracias por su atención.
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