Intervención en tribuna del senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRD para referirse al el 77 aniversario de la Expropiación Petrolera
Luis Sánchez Jiménez, (LSJ): Gracias, presidente.
Hoy se cumple el 77 aniversario de la expropiación petrolera que recuperó, para la Nación, la propiedad y el control de su riqueza en hidrocarburos; e inició la edificación de Petróleos Mexicanos como la institución esencial para el aprovechamiento del petróleo y el gas de la nación.
Pero, este 18 de marzo, no es una conmemoración más. Ocurre en el momento que el gobierno federal se apresta a entregar la explotación de los hidrocarburos a empresas privadas. Enrique Peña Nieto por fin realizará lo que, por más de setenta años, añoraron las empresas extranjeras expropiadas: recuperar para su lucro los yacimientos de las y los mexicanos.
Son las mismas empresas que, por sus malos resultados fueron expropiadas por el Presidente Lázaro Cárdenas. Esas empresas regresarán porque el gobierno de Peña Nieto les ha ofrecido, casi como un regalo, la explotación de las áreas que por décadas ha desarrollado Pemex y que les asegura una elevada rentabilidad, aún en las circunstancias de disminución de los precios internacionales del petróleo que hoy vivimos.
Sin embargo, a un año de promulgada la reforma constitucional en materia energética las circunstancias del país y, en particular, de la industria petrolera, han cambiado radicalmente.
Desde la segunda mitad de 2014, el mercado petrolero internacional viene experimentando una caída severa de sus precios, arrastrando la estabilidad económica de los países exportadores y, entre ellos la de México.
En junio del año pasado la mezcla de petróleo mexicano se vendió en 100 dólares el barril, pero inmediatamente comenzó a descender hasta llegar a 39 dólares en enero de 2015. Todo parece indicar que estamos frente a un cambio de tendencia en el mercado con niveles de precios 35 o 40 % más bajos.
El drástico debilitamiento de la rentabilidad de esta actividad no solo reduce el atractivo de la privatización del petróleo mexicano, sino también la capacidad de negociación del gobierno frente aquellas empresas que pensó idóneas para llevar adelante el nuevo desarrollo petrolero del país.
Se dice que, en tiempos de precios bajos, la virtud de los directivos de las empresas privadas es resarcir las utilidades de sus accionistas a expensas de las rentas fiscales de los Estados.
Se engaña quien pudiera pensar que la coyuntura actual, finalmente será pasajera, y nada tiene que ver con un proceso de largo plazo como es la reforma energética.
Por supuesto que hoy, la contratación de empresas internacionales para realizar la explotación de los hidrocarburos mexicanos tendrá implicaciones, al menos, para las próximas tres décadas y coloca al gobierno mexicano en una disyuntiva cuyas consecuencias serán de un altísimo riesgo para el presente y futuro de la nación.
Con la tramposa Ronda Cero, el gobierno pensó equivocadamente que Pemex podría sostener el nivel de producción y un flujo estable de aportaciones fiscales durante los años siguientes, dando tiempo para que los nuevos operadores se incorporaran y se hicieran cargo del desarrollo futuro de la industria.
Concretamente, para que pudieran incorporar 500 mil barriles diarios y el país pudiera producir más de 3 millones hacia el 2018. Pero esto no está ocurriendo y el país se encuentra al inicio de lo que pudiera ser una crisis económica de alto impacto.
Se diseñó una ruta critica para la Ronda 1 que, de manera inmediata, hiciera migrar a los nuevos contratos (producción compartida) los contratos de servicios que había asignado Pemex en campos marginales, integrando asociaciones con empresas particulares; se anunció que se licitarían 169 bloques en todas las regiones del país, sobre un total de 28.5 mil Kms2en: Plegado Perdido (11), lutitas (8), Chicontepec (89), aguas profundas sur (17) y terrestres y aguas someras del Golfo de Campeche (44).
Lo que desencadenaría una inversión de 8.5 mil millones de dólares anuales, en un proyecto tan ambicioso y rápido que no tendría precedente en el mundo.
Pero la caída de los precios modificó la expectativa inicial, porque además dejó al descubierto que las empresas petroleras internacionales mantienen un nivel de endeudamiento extraordinario que limita sus planes futuros de inversión en un escenario de precios menores.
Hasta ahora se han publicado dos convocatorias, en la primera se licitan 14 bloques en aguas someras de las costas de Veracruz, Tabasco y Campeche, para un total de 4.2 mil Kms2, proyectando una inversión requerida de 1.5 mil millones de dólares -muy lejos de las estimaciones que se dieron para promover las bondades de la reforma-.
En la segunda convocatoria se licitan 9 áreas en cinco contratos, en la misma región de la convocatoria anterior, con una extensión total de 280.9 km2. Por ejemplo, el campo Amoca, parte de la oferta, se encuentra prácticamente en la playa tabasqueña, a un 1 km de Villa Sánchez Magallanes, ¿pues no que solamente irían a explotar lo que Pemex no podía? ¿No que sólo irían a aguas profundas? A 1 km de la costa de Tabasco se dará la explotación por parte de las empresas privadas.
La segunda convocatoria establece explícitamente que se incluyen reservas probadas. Estas reservas, junto con las probables y posibles, que significan 1,169 millones de barriles, son recursos que Pemex descubrió y donde el país ha invertido cantidades considerables de dinero y que, ahora, simplemente pasarán a manos de particulares.
Durante la discusión pública del proyecto de Reforma, el gobierno sostuvo que no se trataba de hacer a un lado a Pemex y que los particulares participarían ahí donde Pemex no tuviera experiencia, por la complejidad de los yacimientos. Sin embargo, el gobierno engañó a la opinión pública, porque dará a empresas privadas recursos ya desarrollados, de una elevada rentabilidad y de la menor dificultad técnica.
Las áreas que se ofertan están en medio de la región más productiva del país, y donde se encuentra el 80 por ciento de las reservas probadas. Donde los trabajos prospectivos han sido abundantes, donde el riesgo para el inversionista es relativamente bajo y los costos podrán ser similares a los que tiene hoy Pemex -menos de 16 dólares por barril en su producción-.
Lo que permitirá obtener proyectos muy rentables aún a los niveles de precios vigentes.
Pudiera entenderse así que, ante la caída de los precios, el gobierno decidió concentrar su oferta en la parte más jugosa de las reservas. Habrá que esperar para conocer si, en los contratos finales, también se otorgarán plazos mayores para inicio de trabajos y estímulos fiscales adicionales.
Lo que integraría un paquete muy generoso del gobierno que permitiría a los inversionistas participar en el proyecto mexicano, adquiriendo derechos legales sobre recursos con altas probabilidades de ser aprovechados sin que estuvieran obligados a realizar inversiones de inmediato, sino hasta que la incertidumbre de la coyuntura hubiera menguado.
Este probable arreglo, con las variantes que pudieran concretarse, lleva a plantear la interrogante sobre las razones del gobierno para verse obligado a negociar en condiciones que evidentemente le son adversas al país.
En condiciones de precios altos defendió la hipótesis de que la multiplicación de la extracción aumentaría los ingresos absolutos del gobierno, aunque la proporción de la renta fuese menor. Pero cuando los precios han perdido el 30 o 40 por ciento de su valor, el esfuerzo de extracción necesario para compensar la pérdida elimina la hipótesis de base con que se llevó a cabo la reforma constitucional.
En estas circunstancias: ¿Cuál es el beneficio para la Nación?
Si, por la vía de los contratos de utilidad compartida que se ofrecen, la Nación va a obtener una proporción menor de la renta y los ingresos totales también serán menores.
¿Dónde está el negocio de largo plazo?
Resulta difícil creer que, en las condiciones actuales, la operación de Pemex pudiera resultar menos lucrativa para la Nación que la de un particular.
Es tan evidente la inconveniencia de la negociación petrolera del gobierno mexicano, que en la reciente visita de Peña Nieto a Gran Bretaña, cuyo principal objetivo era convencer a las empresas inglesas de participar en la licitación de los yacimientos mexicanos, que los principales dirigentes de estas empresas coincidieron con la opinión de Occidental Petroleum Corp, quien calificó de “ridículos” los contratos ofrecidos por México. En una maniobra por debilitar aún más la postura mexicana.
El calificativo de “ridículo” anterior, recogido ampliamente por la prensa internacional y callado por la prensa mexicana, no amilanó al gobierno mexicano y el Secretario de Hacienda se apresuró a ceder, respondiendo que las condiciones económicas de los contratos se revisarían.
¿A dónde conduce al país el gobierno de Enrique Peña Nieto?
Es indispensable reiterar que la negociación en curso es inconveniente, no sólo desde el punto de vista económico, sino también para la seguridad energética del país.
Desde años atrás se ha estado discutiendo las dificultades de Pemex para compensar la declinación acelerada de los principales yacimientos, resultado de la insuficiente inversión que durante largos periodos ha tenido la empresa. Sin embargo, en lugar de apoyar a la empresa pública se la ha buscado vulnerar para dejar que inversionistas privados tomen su lugar.
Fruto de la reforma de 2008 se asignaron contratos a particulares para producir en 11 bloques de yacimientos maduros. A la vuelta de cinco años, se tiene una producción conjunta muy reducida, que apenas suma 49 mil barriles diarios. Otro tanto ha pasado con los contratos de servicios múltiples licitados, en la Cuenca de Burgos, años atrás.
Estos ejemplos señalan que el ingreso de operadores privados no es la panacea que se ha publicitado, mientras se descuida la operación de Pemex.
La declinación de la extracción petrolera nacional, debió llamar la atención del gobierno para aumentar los recursos a Pemex y revertir su tendencia.
No sólo la producción total de petróleo ha disminuido, sino que hay un desequilibrio en las distintas calidades que se producen.
Como en otras áreas, se vuelve a cometer el error de creer que es mejor importar bienes estratégicos que producirlos localmente.
El recorte presupuestal a Pemex por 60 mil millones de pesos debilitará a la empresa, justo en el momento en que tendría que ser fortalecida para enfrentar la competencia.
El presupuesto de gasto programable autorizado, originalmente para 2015, ascendía a 540 mil millones de pesos que, nominalmente, significaba un aumento del 3 por ciento, y simplemente permitiría a la empresa actualizar su gasto en relación a la inflación esperada.
El recorte deja un gasto programable de 480 mil millones de pesos. Que al separar el gasto corriente (28 a 30 por ciento) dejará recursos para inversión del orden de los 344 mil millones, que será insuficiente para que Pemex pueda cumplir con sus metas productivas.
De este modo, se arrincona a la empresa pública a reservas de petróleo que, cuando mucho, tendrán 9 años de vida, manteniendo igualmente estancada su estructura industrial de refinación, petroquímica y transporte de hidrocarburos.
De este modo, el proyecto que surgió con la expropiación petrolera, que aspiró a hacer de la explotación de los hidrocarburos una de las principales palancas de la industrialización y del desarrollo social de los mexicanos terminará, en poco tiempo, siendo vendido al mejor postor, sin ninguna ambición de integrar un verdadero proyecto para el bienestar de las y los mexicanos.
Durante el debate de la llamada reforma energética, nosotros, las y los legisladores del PRD insistimos reiteradamente en que el gobierno, y los partidos que lo apoyaron, no habían realizado un verdadero diagnostico de la industria petrolera internacional y que la reforma que impulsada llevaría al país al fracaso y a la destrucción de instituciones que habían costado mucho al pueblo de México.
Hoy, escasamente a un año de la contrarreforma neoliberal de los hidrocarburos, las evidencias están presentes y pueden ser peores.
En verdad, convocamos al gobierno federal a la cordura, a detener la licitación de las reservas petroleras, a parar la entrega del patrimonio de las y los mexicanos a intereses extranjeros.
Muchas gracias.
