Intervención de la senadora Angélica de la Peña Gómez para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal.
Angélica de la Peña Gómez (ADLPG):
…Que transita del paternalismo a la criminalización en materia de consumo de drogas, particularmente, el de cannabis.
Desde la perspectiva progresista de un estado social y democrático de derecho, y en ese sentido quiero recordar a Rodolfo Vázquez, que dice textual: “no sólo no es posible argumentar con consistencia a favor de penalizar la posesión de drogas para consumo personal, sino que por una mínima coherencia el Estado debe regular las condiciones que hagan posible el acceso a las mismas”.
También desde una perspectiva liberal no es objetivo legítimo de un sistema normativo promover planes de vida virtuosos, porque ello entra en conflicto con la capacidad de cada individuo de elegir libre y racionalmente los planes de vida que mejor le convengan de acuerdo con sus preferencias. Sin embargo, desde que en México se desató la llamada guerra contra las drogas, la lucha contra el narcotráfico ha generado más de 70 mil homicidios, así como importantes afectaciones a la integridad, la libertad y la seguridad de millones de personas.
Como todos sabemos, desde finales del 2006, se reforzó el empleo de la fuerza letal y se incrementó de manera significativa la participación de las Fuerzas Armadas en la política de seguridad, con resultados absolutamente cuestionables.
Cincuenta años después del inicio de la Convención Única de Estupefacientes, y cuarenta años después que el Presidente Nixon lanzara la guerra a las drogas del gobierno norteamericano, se necesitan urgentes reformas fundamentales en las políticas de control de drogas nacionales y mundiales que permitan cambiar el paradigma al respecto.
Es, en ese sentido, la iniciativa que hoy presentamos a su consideración para que sea turnada a comisiones para su revisión, las y los integrantes del Grupo Parlamentarios del PRD.
En primerísimo lugar, proponemos reformas para erradicar la criminalización de las y los consumidores, dado que le paradigma prohibicionista los coloca en dos opciones o son delincuente so son enfermos.
Tal estigmatización se ve agravada cuando las y los consumidores pertenecen a las clases sociales con menos recursos económicos, ya que su situación de vulnerabilidad se transforma en un obstáculo mayor para el acceso a los sistemas sanitarios de salud, a la educación sanitaria sobre o el uso de sustancias psicoactivas.
Y ahí, la importancia de establecer un catálogo mínimo de derechos de las personas consumidoras que no existe en la legislación nacional, como tampoco lo hay para aquellas que tienen un consumo problemático y que requieren de los servicios en centros de atención públicos o privados respecto a este asunto.
Por tanto, el reconocimiento de las personas usuarias de drogas como sujetos plenos de derechos es imprescindible en esta propuesta que hoy presentamos.
Parte importante de este proyecto es hacer compatible la Ley General de Salud con las disposiciones declaradas inconstitucionales por la SCJN, que al resolver en revisión el amparo en revisión 237/2014 declaró inconstitucional el último párrafo de cada uno los artículos 235 y 247 de la Ley General de Salud en el entendido de que ahí se establece una acotación -sólo fines médicos y científicos- que ocasionan una afectación muy intensa al derecho al libre desarrollo de la personalidad en comparación el grado mínimo de protección a la salud y al orden público que se alcanza con dicha media.
Cabe señalar que en su resolución la Corte no encontró que tales afectaciones fueran de una gravedad tal que ameriten una prohibición absoluta a su consumo de cannabis.
En ese sentido, proponemos que respecto del cultivo, procesamiento, distribución, transporte y venta al mayoreo de cannabis, sea la autoridad federal quien emita la normatividad correspondiente y defina las zonas donde se permitirá el cultivo de la misma.
En ese sentido el Estado asume el control del proceso completo de producción, distribución y puntos de venta y modalidades de consumo, por tanto deberá adquirir la totalidad de las cosechas por conducto de un solo intermediario y ende le corresponde al Estado almacenar existencias que no se encuentren en poder de fabricantes de productos medicinales derivadosde la cannabis.
Establecemos también la creación de los Clubes de Consumo Recreativo. Se trata de que estos clubes se les permita operar bajo estrictas condiciones para el otorgamiento de sus respectivas licencias que incluyen restricciones de edad para el acceso, el número de socios, la prohibición de la venta de otras sustancias psicoactivas y prohibiciones en la publicidad.
Por tanto es importante contar con instituciones para atender a aquellas personas que cometieron delitos para mantener y financiar su dependencia a las drogas, o bajo la influencia de las mismas, pero que no necesariamente hayan cometido delitos denominados graves y que en los últimos años y que en los últimos años y como parte de la búsqueda de soluciones eficaces, los sistemas de seguridad de algunos países están teniendo éxito con un nuevo enfoque que centra su atención en la rehabilitación de dependientes de drogas mediantes mecanismos alternos de justicia terapéutica.
Estos mecanismos también conocidos como Cortes de Drogas o Tribunales para el Tratamiento, son un modelo que sigue implementándose y que es necesario seguir estudiando siempre buscando alternativas que den opciones de cambio para una realidad.
Partiendo del principio del interés superior de la niñez, proponemos establecer un Programa Nacional Especializado de Prevención para Adolescentes en el que las autoridades tanto Federales como de las entidades federativas se involucren en el mismo.
En dicho programa es necesario establecer:
- a) Una cobertura universal de prevención sobre el consumo de sustancias psicoactivas, y
- b) Un acceso universal de prevención a servicios de tratamiento.
Al respecto, diversos especialistas han señalado los efectos negativos que pueden tener mayor relevancia, afectan el desarrollo de la infancia y la adolescencia, por lo que debe regularse cuidadosamente en estas edades el acceso a cualquier droga.
Lo anterior es congruente con la Convención de los Derechos de la Niñez la cual establece en su artículo 33 que “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales, para proteger a los niños contra el uso ilícito de los estupefacientes y sustancias sicotrópicas enumeradas en los tratados internacionales pertinentes, y para impedir que se utilice a niños en la producción y el tráfico ilícitos de esas sustancias”.
Finalmente, tratándose cannabis y cocaína es necesario modificar la Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato establecida en el artículo 479 de la Ley General de Salud es necesario sustituir proponer reformas para que en estas dos sustancias se establezcan criterios antropométricos con la finalidad de evitar la discreción que se da en las dosis mínimas.
Esto permitirá evitar como actualmente sucede que por encima de esas cantidades así sea un miligramo se tenga por acreditada –sin más elementos- el delito de narcomenudeo, y si no, revisemos los centros de privación de libertad, cómo tenemos una gran cantidad de personas que están privadas de su libertad, mujeres, es verdaderamente patético, verdaderamente inadmisible que eso haya acontecido precisamente por esta situación.
En este momento, los consumidores que rebasan por mínimo más de la cantidad prevista en la tabla, se les somete a un proceso penal y a un sistema carcelario injusto e impune, ya que para policías, ministerios públicos y jueces no es necesario evaluar las circunstancias de la posesión, ni las evidencias concretas, aunque éstas existan y sugieran que la posesión era con fines de consumo y que sugieran que esa posesión que tenían en el momento de su detención, es decir, directito a la criminalización, al chantaje.
Señoras y señores, esta es en apretada síntesis la propuesta que el Grupo Parlamentario del PRD propone y somete al escrutinio de la sociedad, convencidos de que el actual modelo constituye una restricción a los derechos humanos; también es consecuencia de los foros que el Senado de la República realizó con expertas y expertos, que junto con la Cámara de Diputados, acabamos hace apenas algunos días de concretar.
Entonces, hay que actuar en el Congreso de la Unión partir de lo que está resolviendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de estos foros, a partir de distintas exigencias y dar solución y tomar la revisión de las leyes como es nuestra obligación, porque la imposición de un estándar único de vida saludable no es admisible en un estado democrático, y tratándose drogas, el mundo tiene que empezar a cambiar, porque no hay manera de ganar con el prohibicionismo.
Es cuanto.
Muchas gracias por su atención.
-o0o-
