Intervención del senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del PRD, en reunión de comisiones unidas para fijar posición en lo general sobre la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Luis Humberto Fernández Fuentes, (LHFF): Buenos días, con su venia, sus señorías.
Todas las participaciones se agradecen, pero a esta hora sólo las breves de agradecen de corazón.
No hay ley justa sin juez justo, por eso es y ha sido de nuestra máxima atención y preocupación adecuar al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no sólo a la demanda constitucional, sino a las necesidades del Estado y de justicia del siglo XXI.
Para lograrlo, pues es obligación ver dónde estamos parados.
No voy a hacer obviamente ningún diagnóstico largo, basta con decir con que tenemos un Tribunal hoy que fue diseñado con una vocación de nulidad y nunca tuvo como objetivo combatir la corrupción.
Tenemos un tribunal, a mi criterio, eficiente, pero sin las herramientas adecuadas para cumplir esta vocación de combatir a la corrupción.
Hay muchos datos que no vienen al caso en este momento, pero basta decir que este proyecto de Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa se presenta hoy con el propósito de que la ciudadanía cuente con un Tribunal a la altura de las circunstancias, que rinda cuentas claras.
Por eso, el Grupo Parlamentario del PRD ha trabajado en construir un dictamen que realmente permita fortalecer al máximo a esta instancia, mejorare su integración y procedimientos para cumplir el mandato constitucional.
Hoy creemos que con esta ley ayudamos a construir un tribunal independiente, autónomo, transparente y con potencia suficiente para sancionar a las personas físicas o morales por las faltas administrativas que vienen derivadas de los actos de corrupción.
Y aquí vale la pena recordar un poquito que esto es un proceso, hay un acto de corrupción y tiene dos vías: por la vía penal o por la administrativa. Por eso es tan importante ver en conjunto lo que es el Tribunal.
Permítanme de forma muy sucinta, ya que quien me antecedió en la palabra hizo una muy puntual descripción, pero permítanme sacar algunas de las bondades o de los avances que vemos en la ley.
Lo primero es el perfil de los magistrados que tendrán un perfil idóneo y justificado por el titular del Ejecutivo -cosa que no vemos en otros tribunales y que sería deseable que después así lo aplicáramos- con esto abonaremos a evitar que haya magistrados improvisados derivados de pagos de cuotas o favores ya que, como lo estamos proponiendo, se realizará un procedimiento minucioso, transparente, que incluye la participación del Senado y que recogerá las mejores prácticas parlamentarias.
Ésta es la entrada, por el otro lado es la salida: los magistrados no podrán ser removidos libremente sino a través de un procedimiento objetivo con causales específicas de remoción, lo que los dota no sólo de certeza laboral sino también de una autonomía en sus funciones, pues no pueden ser suspendidos por quien los propone.
También hay un listado de supuestos sobre el conflicto de intereses para que puedan y deban abstenerse oportunamente de los casos en los cuales esté cuestionada su imparcialidad.
También está la prohibición expresa para que los magistrados ejerzan su profesión y utilicen el cargo para obtener algún tipo de beneficio de alguna forma y también otro punto que vale la pena destacar es que un combate efectivo a la corrupción no puede darse en la oscuridad, por eso se optó por eliminar la regla que permitía a los magistrados acordar en una consecuente sospecha qué reunión será privada y cuál no.
Con esta ley que aprobaremos todas las sesiones que realice el Tribunal, ya sea en el pleno o de las secciones, serán por regla públicas, salvo que se justifique por alguna razón de las que están señaladas que deba ser privada.
También fijamos los principios de actuación que ya han sido mencionados: honestidad, responsabilidad, eficiencia, eficacia, transparencia, rendición de cuentas, austeridad, racionalidad con respecto al ejercicio de los recursos. Destacando que su gasto deberá apegarse a estos y bajo los cuales estará sujeto a la evaluación y control de los órganos correspondientes.
Abordamos también los medios de impugnación que le dan mayor claridad.
No quiero ahondar más en las virtudes, han sido destacadas con puntualidad, pero sí quiero comentarles dos puntos que nos hacen falta para tener una buena ley
Aquí es de destacar que no estamos hablando de una visión dogmática, sino de una visión de proceso, y esto es dos temas que con esto pensamos que ayudarían mucho a un mejor funcionamiento.
El primero es que en el artículo 14 agreguemos que esta sección contará con salas especializadas con las que compartirá competencia y le serán jerárquicamente subordinadas, de otra forma no tendremos esta autonomía en la Tercera Sección y si eventualmente, como seguramente lo habrá, ante una sobrecarga de trabajo, no tendrán otra influencia y tendrán otra forma de canalizar esto.
Yo les solicitaría, sé que normalmente las reservas que presenta mi Grupo Parlamentario no son muy estudiadas, pero yo creo que esto es muy importante para la funcionalidad del mismo sistema.
Y la segunda es una palabra que podría parecer menor pero es muy importante que es que se deberá solicitar y poner como obligación solicitar los antecedentes administrativos o penales de los candidatos.
Actualmente viene la palabra “podrá” y sabemos que en estos casos, si ponemos el “podrá” es que podrá muy probablemente no hacerse. Entonces la sugerencia respetuosa y en abono al mejor funcionamiento del tribunal es que sea mandatario o que sea obligatorio hacer esta investigación sobre los antecedentes administrativos y penales de los candidatos.
Esto le dará mayor certidumbre, es únicamente cambiar una palabra del artículo 43.
Tenemos la confianza de que estas dos reservas son sensatas, son pertinentes, le darían mayor potencia al sistema y de hacerlo, estamos seguros tendremos un mejor tribunal y con esto un mejor sistema para combatir la corrupción.
Es cuanto y muchísimas gracias.
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