El PRD ha insistido en no seguir manteniendo a la figura Presidencial en la inmunidad que le brinda el texto constitucional: Fernando Mayans


Intervención en tribuna del senador Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del PRD, para referirse al dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia.

 

Fernando Mayans Canabal, (FMC): Con su permiso, señor Presidente.

 

“Es la hora de hacer de la buena aplicación de la justicia, el gran instrumento para combatir el cacicazgo, para combatir los feudos de poder y el abandono de nuestras comunidades, es la hora de cerrarle el paso al influyentismo, a la corrupción y a la impunidad”. Estas son las palabras de quien alguna vez fue candidato a la Presidencia de la República, y todos sabemos cómo terminó, y nunca se pudo conocer la realidad de quien fue el culpable, hasta el día de hoy.

 

Si bien reconocemos que hay avances en este dictamen, aún no es ley.

 

Cómo transparentar, a mí me preocupa, el diezmo de los alcaldes que eso está institucionalizado en todo el país, y a veces no es el diezmo, es el quince, bajo la mesa.

 

Cómo transparentar las mordidas de los policías en muchos niveles, salvo honrosas excepciones, que las hay.

 

Cómo evitar la simulación en los concursos que se dan y nada para contratación de obra, nada más vean el porcentaje de asignaciones directas de obra pública que se ha dado en todo el país.

 

La mayoría no ha sido por concurso, sino asignaciones directas, por el dedo de quien está a cargo de estas contrataciones, ya no mencionemos empresas famosas, que dado a estas contrataciones se han dado, esas empresas patito de los famosos constructores, que forman sus empresas y hacen la simulación de un concurso. Eso también está institucionalizado en el país, y todos ustedes lo saben.

 

Y también, pues cómo transparentar que un legislador vote a conciencia, cuando recibe presión o si no, pues puede recibir algunos centavos, y no hablo aquí de esta Cámara en especial, sino en los congresos de los estados, sabemos cómo muchos líderes parlamentarios están cooptados, y eso también es corrupción, y la ignorancia que hay en los legisladores, en los funcionarios y la falta de capacidad, también se va a transparentar la falta de capacidad de los funcionarios, porque eso también es corrupción, el estar en un cargo y que no sirva, eso es corrupción, y eso no se va a transparentar o van a poner en la página de Internet que IQ tiene el funcionario tal o cuál. No verdad.

 

¡Hay que poner las barbas a remojar!

 

Han transcurrido, compañeros, más de tres décadas, casi 37 años de haberse incorporado el derecho a la información, al texto constitucional, que ya deberíamos de haber hecho una nueva Constitución, porque esta está muy manoseada, a cómo todas las leyes, uno cree que siendo legislador, y haciendo dictámenes e iniciativas y cambiando el artículo tal, vamos a mejorar.

 

Lo que sí deberíamos de hacer, es trabajar en la Ley de Educación, que es el problema estructural en nuestro país e insertar la materia de civismo, para que nuestras nuevas generaciones tengan esa nueva cultura, esa educación.

 

Entonces, es evidente que en ese lapso, han existido resistencias que deben superarse para que en México se instaure definitivamente esa cultura que tanto hablamos, y que pueda consolidarse un sistema auténtico de cierre al paso a este cáncer que tanto daño hace al país.

 

Tan sólo hace un par de días, conocimos por los medios de comunicación electrónicos y prensa escrita, que con relación a la Guerra Sucia, en los años 60’s y principios de los 80’s, el Archivo General de la Nación modificó la modalidad de consulta para los usuarios de expedientes con valor histórico y judicial, con el objeto de impedir el acceso a información sobre violaciones graves de derechos humanos y a datos que constituyan pruebas que configuran delitos de lesa humanidad.

 

¡Qué bonito!

 

Por supuesto, que esta situación es contraria al objetivo que hoy se pretende alcanzar con la aprobación de este proyecto de Ley General, que establece bases, principios generales y procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho al acceso de información.

 

La intención es buena.

 

No dejemos de reconocer las acciones que en el ámbito legislativo se han hecho en años anteriores en esta materia, como la reforma constitucional publicada el 7 de febrero del 14, en el Diario Oficial de la Federación para fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas.

 

Asimismo, la expedición de un conjunto de leyes en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, de fiscalización y rendición de cuentas de la federación general de contabilidad gubernamental y federación de transparencia y acceso a la información pública gubernamental y federal de protección de datos personales.

 

No obstante, con este marco jurídico, se encuentra vigente, vemos que aún hay aspectos pendientes que deben legislarse de manera articulada.

 

Una verdadera cultura que pretende combatir la opacidad y garantizar el derecho ciudadano de acceso a la información, debe sujetar a todos los poderes de la unión sin excepción alguna a la obligación de transparentar su acción, y sobre todo, a sancionar todo acto o hecho que la incumpla o quien constituye un delito.

 

Desde hace varias legislaturas, el PRD ha insistido en no seguir manteniendo a la figura Presidencial en la inmunidad, y que le brinda el texto constitucional.

 

Hoy en día, el Presidente de la República, sólo puede ser acusado durante el tiempo de su encargo por traición a la patria y delitos graves del orden común, de conformidad con el artículo 108, segundo párrafo de nuestra constitución.

 

“O todos coludos, o todos rabones”, compañeros. Estamos a tiempo.

 

Ustedes dirán: si esta no es una gran pendiente legislativa que va de la mano con la expedición de esta nueva legislación.

 

Lejos de que México haya tenido décadas de desarrollo y estabilidad económica y social, como en días recientes, así lo ha venido anunciando el Titular del Poder Ejecutivo Federal, se tiene que reconocer que durante este tiempo el Estado mexicano ha padecido graves consecuencias por los grados de corrupción a los que hemos llegado.

 

Nadie puede negar que la corrupción ha vapuleado la economía y el desarrollo social; que ha permeado y socavado los sistemas de procuración e impartición de justicia, así como de seguridad público, incluso ha obstaculizado la convivencia y la tranquilidad social, y en algunas regiones del país, lamentablemente la ha destruido.

 

Se trata del principal y gran problema nacional que repercute en toda la vida pública, económica y social, por los altos índices que registra en todos sus ámbitos.

 

De acuerdo al índice de percepción de la corrupción, que ya se ha mencionado aquí, estamos en el honroso 103 de 175 países, y representa, según el Banco Mundial, el 9 por ciento del PIB cada año la corrupción.

 

Y según el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, sostiene que en 2011, tan solo el valor de la corrupción tuvo un equivalente al 10 por ciento del Producto Interno Bruto. Esto es un valor aproximado de un billón 529 mil 300 millones de pesos, que ahora en 2014, según las estimaciones de dicho centro, la cifra alcanza el 20 por ciento del PIB.

 

Hay muchos casos que no se pueden ilustrar sobre la opacidad y la impunidad. Sin embargo, el esfuerzo que se ha hecho, no hay que tomarlo menor, sin embargo, por citar algunos, se encuentran los sobornos, y quiero mencionarles los que se dieron entre 99 y 2004, por una empresa multinacional suiza a funcionarios de las estatales mexicanas; la extinta Luz y Fuerza del Centro; el caso de los hermanos Bribiesca; también los sobornos que en 2001 y 2005 realizara la trasnacional Wal Mart, al pagar millones de pesos a funcionarios de todos los órdenes de gobierno para acelerar permisos y quitar trabas a la proliferación de tiendas.

 

No podemos dejar de reconocer que este proyecto de ley tiene aspectos, que sin duda vendrán a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, aunque le queda a deber al pueblo de México.

 

Vamos a votar a favor, pero tenemos que pulirlo y agregar los pendientes.

 

Como les dije hace rato: “Todos coludos o todos rabones”. Y al Presidente no lo pueden tener en un altar, es un mexicano más que tiene que estar en las mismas condiciones que todos los funcionarios públicos.

 

Muchas gracias.