El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta su primera prueba importante: la designación de los titulares de los órganos encargados de organizar los procesos electorales en los estados y en el Distrito Federal. Será su bautizo de fuego. De cómo resuelva esta posibilidad será como este nuevo órgano autónomo del Estado mexicano construya su credibilidad en la sociedad.
Esto significa que los integrantes del Instituto tendrán que soportar las presiones de algunos gobernadores que, a pesar de las recientes adecuaciones a nuestro marco legal en la materia, pretendan mantener su influencia en la designación de los árbitros de las elecciones y las resoluciones de estos órganos estatales.
Se trata de un efecto inercial. De una práctica de nuestra cultura política, que tiene que desaparecer para que las instituciones electorales en el ámbito estatal se consoliden.
Por desgracia, algunos gobernantes locales todavía se comportan como auténticos virreyes, sin enterarse de los cambios que operan en la sociedad.
Debe recordarse que uno de los motivos que hicieron necesaria la reciente reforma político electoral fue la debilidad de algunos consejos, institutos o comisiones electorales estatales frente al poder de los gobernadores.
La historia electoral reciente está plagada de hechos y anécdotas que ilustran la mano de algún gobernador en la designación de candidatos, desarrollo de campañas, definición de resoluciones y resultados electorales. Basta recordar la actitud reciente del gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, ante los candidatos de oposición en el proceso electoral que se desarrolla en esa entidad. Amenazas e intimidación a candidatos y dirigentes de la oposición; censura y presiones a los órganos electorales.
Que el INE pueda designar a los integrantes del órgano electoral constituiría una barrera importante para que en esa entidad se desarrollara un proceso electoral apegado a los principios de equidad, igualdad e imparcialidad.
Por la vía de los hechos, estos órganos carecían de autonomía en sus decisiones, con lo que se afectaban las contiendas electorales, se debilitaba la calidad de la democracia y se generaban conflictos poselectorales, que terminaban por polarizar a la sociedad.
Que el INE pueda nombrar a los integrantes de los órganos locales constituye una de sus atribuciones más importantes, por el número de funcionarios y por el alcance de estas decisiones, que entraña una enorme cambio en el sistema electoral mexicano.
Es probable que en estos días, el consejero presidente y demás integrantes del INE reciban muchas llamadas o que en sus oficinas se aparezcan personas enviadas por los gobernadores o reciban listas de recomendados. También es probable que desde algunas casas de gobierno se desaten acciones más directas con el propósito de incidir en la integración de algún órgano local.
A ninguno de los integrantes del INE debe temblarle la mano al ejercer las atribuciones que le confiere la Constitución y las leyes. Deben tener presente que cuentan con el apoyo de un Congreso plural y el consenso de una ciudadanía que desde hace décadas ha luchado por la consolidación de la democracia en nuestro país. De ninguna manera podemos retroceder y mucho menos ceder a la presión de alguno gobernador sin importar su origen partidario.
Desde nuestra perspectiva, el INE debe actuar con toda seguridad en el cumplimiento de esta atribución sustantiva y, sobre todo, indispensable para nuestra vida política.
Otro de los temas pendientes es que los congresos locales deben reformar en este mes sus constituciones y adecuar sus leyes electorales, lo cual resulta de la mayor importancia para la viabilidad de las elecciones del próximo año. Sería positivo que los poderes legislativos de los estados incrementaran sus esfuerzos para cumplir con esta responsabilidad.
