Un adolescente de 15 años llega a su colegio y en plena clase detona un arma de fuego a diestra y siniestra, y concluye disparándose en la cabeza; esta tragedia no ocurrió en Estados Unidos, sino en Monterrey, Nuevo León.
La sicosis dominó a madres y padres porque en redes sociales se expandió la especulación de que este adolescente formaba parte de una legión o grupo que estaba planeando acciones semejantes en otras ciudades.
Ante estos hechos el presidente Peña Nieto, diversos gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, decidieron implementar la revisión de las mochilas de niñas, niños y adolescentes para, argumentaron, prevenir se repitiera lo acontecido en Monterrey. Hemos observado a policías inspeccionando mochilas.
Esta medida se aplica a estudiantes desde primer año escolar, alcanzando incluso a las escuelas preescolares, así me lo han hecho saber padres y madres, quienes enojados han enfrentado a las autoridades escolares por esta agresión.
Estoy en contra de esta medida por las siguientes razones: 1) no se enfrenta la violencia con la violencia, esta determinación de la autoridad agrede la dignidad humana de niñas, niños y adolescentes, nadie puede negar esto; 2) criminaliza a estas personas menores de edad tratándolas como si fuesen responsables de la violencia que sufren en su entorno; 3) prejuicia a toda la población escolar; 4) la autoridad elude su obligación de proteger, promover y restituir los derechos de niñas, niños y adolescentes e ignoran las leyes a favor de sus derechos; 5) pareciera que madres y padres delegan parte de su responsabilidad a la supervisión gubernamental; 6) esta decisión es inquisitoria porque presupone que todos son culpables… hasta que la mochila demuestre lo contrario.
¿Qué se debe hacer? En primer lugar, es necesario respetar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, tan aplaudida y reconocida cuando la aprobamos; esto quiere decir, entre otras cosas, que debe funcionar realmente el Sistema Nacional para la Protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes que preside Peña Nieto; en el marco del Sistema se debe aprovechar la Red Nacional de Educación Pública y Privada, con las juntas de madres y padres en cada escuela para prevenir tragedias como la de Monterrey.
Además, las familias deben concientizarse sobre el peligro de las armas en el hogar; padres y madres deben supervisar la información a la que acceden sus hijas e hijos a través de Internet y redes sociales, deben comunicarse realmente con ellas y ellos y dedicarles tiempo de calidad. Y lo más importante: preguntarles qué piensan sobre este tema.
Niñas, niños y adolescentes tienen derechos a la intimidad, a su seguridad jurídica, a no ser maltratados de ninguna manera, a no ser expuestos públicamente con acciones prejuiciosas, irrespetuosas e ilegítimas, a dar su opinión sobre los asuntos que les incumben.
México es uno de los países con mayor índice de violencia contra adolescentes, la resolución de las violencias debe ser estructural y quienes están al frente de los gobiernos son los primeros obligados a respetar la legislación que nos hemos dotado, tanto la nacional como la internacional. La revisión de las mochilas violenta los derechos humanos de la niñez y la adolescencia.
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República.
@angelicadelap
