- No se puede dejar impune y en el olvido el tema de la licitación y cancelación del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro.
- El país no está para que los mexicanos paguen millones de dólares.
- Las dependencias federales correspondientes deben investigar y determinar la responsabilidad administrativa de los servidores públicos y en su caso ejercer acción penal.
El Senador Mario Delgado Carrillo expresó que frente a la actual vulnerabilidad social, política y económica que está enfrentando el país no se puede dejar impune y en el olvido el tema de la licitación y cancelación del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro, ya que la situación no está para que los mexicanos paguen millones de dólares a una empresa.
Por ello, ante la sorpresiva cancelación de la licitación otorgada para el plan de construcción del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro, el legislador por el Distrito Federal exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Secretaría de la Función Pública, así como de la Procuraduría General de la República a revelar las razones que llevaron a dicha decisión; a través de las investigaciones correspondientes que además determinen la responsabilidad administrativa de servidores públicos y en su caso se ejerza acción penal.
Delgado Carrillo urgió a transparentar el caso mediante un informe detallado que de a conocer la convocatoria, el acta de fallo del procedimiento de licitación, el oficio a través del cual se notificó la adjudicación al ganador, el oficio a través del cual se informa a la empresa de la disolución del contrato y el proceso de licitación en el que se fundamenten los hechos que llevaron al Ejecutivo a realizar dicha cancelación, así como la documentación que soporte en su caso el pago realizado a la empresa por indemnización, precisando el monto y la forma como fue pagada.
Por otro lado el Senador por el Partido de la Revolución Democrática puntualizó que dentro del consorcio ganador de la licitación está el ingeniero Juan Armando Hinojosa, quien es además dueño de la llamada “Casa Blanca” y ha sido favorecido con más de 8 mil millones de pesos de contratos en la administración del hoy presidente Enrique Peña Nieto, cuando éste era gobernador.
“Estos hechos ameritan una profunda investigación, para no suponer que se intercambió una responsabilidad penal y política, de mayor grado, por una responsabilidad administrativa de menor cuantía, y menor grado, para no acrecentar el escándalo”, finalizó.
