Víctor Manuel y Fernando
Angélica de la Peña Gómez
Uno de los factores de la discriminación de las personas que aman a otra persona de su mismo sexo es la presión social auspiciada con toda alevosía por las Iglesias, particularmente la Iglesia católica. Persiste en ésta un conservadurismo centenario de que las relaciones sexuales tienen su motivo o en la perpetuación de la especie, o en el vicio de la lujuria, uno de “los pecados capitales e impuros”.
Otro es la concepción patriarcal de la célula familiar que se ostenta en la formación de las personas desde que nacen en una dualidad heterosexual: se nace niño, entonces su camino debe ser, además de vestirse de azul, desenvolverse en un entorno donde lo propicio es jugar con juguetes concebidos para machos fuertes, fríos, guerreristas, mecánicos y, por supuesto, que denoten poder. Si se es niña, su camino inexorable es, además de vestirse de rosa, educarse para ser madre, buena esposa, delicada, emocional y abnegada. Los patrones estereotipados a partir del sexo perpetúan no sólo las formas de comportamientos sino también discriminaciones sustentadas por estos géneros y derivan en diversas formas de desigualdad y predominancia de un sexo hacia el otro.
La fortaleza de muchas instituciones, entre ellas las familias y las religiones, se sustenta precisamente en esta dualidad, y todo lo que se cuestione o se oponga a estas tradiciones se torna peligroso para “lo establecido”. No niego que hoy se avizoran cambios a partir de que en la Iglesia católica se habla de temas antes intocables, quizá derivado de la preocupación de que sus feligreses emigren a otras religiones, se rebelen o simplemente dejen de creer en la religión.
Lo mismo acontece con las instituciones del Estado a partir de los cambios fundamentales de nuestra constitucionalidad propia de un Estado laico. Y un ejemplo de este proceso de lucha contra la discriminación por una orientación sexual diversa a la heterosexual es el que emprendieron Víctor Manuel y Fernando para exigir sus derechos a matrimoniarse en el estado de Baja California.
Reiteradamente acudieron al Registro Civil de Mexicali para solicitar los servicios matrimoniales que les fueron negados bajo el argumento de que la Constitución local sólo contempla la unión en matrimonio de un hombre y una mujer con fines de procreación. Amparados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que emitió una resolución a su favor en contra de la acción de la autoridad municipal de Mexicali por inconstitucional e inconvencional, insistieron en hacer uso de su derecho a unirse por matrimonio civil.
Inconcebible que los servidores públicos del gobierno municipal impidieran la concreción de este derecho aduciendo “inconsistencias” en la solicitud presentada e inventando argucias absurdas. La solidaridad a su favor la expresamos en redes sociales y de diversas formas: conferencias de prensa, queja ante la CNDH y junto con diversas ONG, activistas y simpatizantes, la programación de una marcha hacia el Palacio Municipal el 17 de enero pasado. Todo esto despabiló a las autoridades y al llegar al Palacio las autoridades finalmente les ofrecieron realizar la ceremonia en ese momento. Hoy están felizmente casados y contribuyen con su lucha a la gran guerra que literalmente se tiene que librar todos los días en nuestro país para hacer valer los derechos humanos de quienes optan por seguir su propio camino y romper con tradiciones obsoletas, denigrantes.
@angelicadelap
Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos del Senado de la República.
