- A casi cuatro años de la aprobación de la Reforma Educativa, ¿cómo encontrar una salida al conflicto entre gobierno, CNTE y, ahora, empresarios?
Esta historia comenzó con la aprobación de una reforma constitucional en diciembre de 2012, con miras a garantizar la calidad en la enseñanza de nuestros niños y jóvenes, y terminar con el clientelismo y las prácticas corruptas sindicales. Al viejo estilo de justicia selectiva, en febrero de 2013 el gobierno envió una señal de fuerza, y de intimidación, con la detención de la entonces líder del SNTE, Elba Esther Gordillo, acusándola de desvío de recursos y lavado de dinero. Finalmente, en septiembre de ese mismo año, se aprobaron, con prisa y sin atender a los maestros, tres leyes secundarias: la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente.
Respecto a esta última ley, emití mi voto en contra, al considerar que planteaba una evaluación punitiva, más que formativa, que dejó de lado la carrera magisterial y marginó a los maestros del proceso de construcción de un nuevo modelo educativo. Además sostuve que no eliminaba el esquema clientelar de impunidad en la relación con el SNTE.
¿Cuál es el escenario que prevalece hoy?
Frente a la oposición de los maestros agrupados en torno a la CNTE, principalmente en los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, el gobierno operó con la misma lógica de oídos sordos con la que comenzó todo el proceso. Pero después de Nochixtlán, y frente a marchas y bloqueos que no terminan, la autoridad federal ha tenido que recular.
A la par, hay desconcierto en sectores de la sociedad frente a supuestos acuerdos que se han dado, a puerta cerrada, entre la Segob y la CNTE, para devolver plazas a maestros que ya habían sido despedidos, pagar salarios por días no trabajados, y la excarcelación, el viernes pasado, de los líderes de la Sección 22 de la CNTE, Rubén Núñez y Francisco Villalobos, quienes, en su momento, fueron acusados de lavado de dinero, vandalismo, robo y lesiones.
Pareciera una historia que camina en círculos. Es decir, la ley se aplica, pero no se aplica. Y cuando se aplica pareciera hacerse de forma selectiva y torpe.
En estas condiciones, cada quien ve sólo desde su parcela. El secretario de Gobernación zigzaguea enjabonado frente a empresarios al declarar: “Si hay que aplicar la ley, lo verán, no tengan la menor duda, pero la opción siempre será el diálogo para construir acuerdos”. Por otro lado, las organizaciones empresariales, hartas de las pérdidas económicas por este conflicto, reclaman frente al Poder Judicial por la inacción de la autoridad y, finalmente, pese a las concesiones alcanzadas, la CNTE declara que los bloqueos y las marchas van a seguir.
¿Y las clases de nuestros niños y jóvenes? ¿Y el futuro de la educación? ¿Cómo salir de un conflicto de esta magnitud, que requiere, por un lado, modificar la ley, pero por el otro, su aplicación en medio de un mar de impunidad?
El mensaje que ha prevalecido hasta ahora es que la ley es un instrumento de negociación. Entre líderes sindicales que entran y salen de la cárcel, empresarios que amagan con dejar de pagar impuestos como protesta a las pérdidas económicas, pero son frenados en seco por el SAT, bajo la amenaza de que estarían cometiendo un delito, y escándalos de corrupción que ahora exhiben departamentos en Miami; cada vez se pierde más la capacidad de retomar el rumbo.
Por eso es preciso despolitizar la situación. Construyamos un escenario nuevo de mediación con actores respetados por todas las partes en conflicto. En un lugar que llame a la neutralidad. El diálogo en el Senado de la República para mejorar la legislación educativa puede ser ese espacio.
Es momento de que los representantes del gobierno manifiesten un comportamiento que refleje humildad frente a un problema que los tiene superados. Es momento, también, de que los maestros se sienten a construir y dejen atrás la trinchera de la confrontación. Que todos acepten errores y omisiones y que abran este espacio donde un equipo de mediadores, de representantes con prestigio de la sociedad civil, tomen en sus manos la estafeta de destrabar la situación, acercar posiciones y generar compromisos creíbles para todos.
Para que los otros escuchen, hay que escuchar y actuar, primero.
