Morena impulsó y aprobó la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos para que ningún trabajador del Estado gane más que el Presidente de la República, incluidos los servidores públicos que pertenezcan a los poderes Legislativo y Judicial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha decidido suspender los efectos y/o consecuencias derivadas de esta ley para analizar a fondo si dicha ley viola o no la Constitución respecto a la invasión de competencia de los poderes y si se garantiza o no los derechos de los trabajadores del Estado.
Acorde con las medidas de austeridad anunciadas por López Obrador desde la campaña electoral, la administración pública federal entró ya a un ajuste del gasto corriente, sueldos, prestaciones y demás erogaciones, que se reflejará en el presupuesto 2019 que se discutirá y aprobará este mes. El Poder Legislativo en ambas Cámaras aprobó planes de austeridad que motivaron fuertes recortes no sólo a salarios y prestaciones de los legisladores, sino también afecta a la plantilla de trabajadores de confianza y base, así como ajustes a la baja en prácticamente todas las áreas del funcionamiento del Congreso. Estos planes de austeridad fueron aprobados prácticamente por unanimidad.
Sin embargo, el Poder Judicial pretende ser afectado más allá de su propia voluntad al aplicar esta ley para reducir los salarios no sólo de los ministros de la Suprema Corte, sino también de jueces y demás servidores públicos. El Presidente de la SCJN, Luis María Aguilar, anunció un recorte de 5 mil millones de pesos en actividades no sustantivas sin poner en riesgo la impartición de justicia. La propia Secretaria de Gobernación y ex Ministra de la SCJN, Olga Sánchez Cordero, señaló meses antes de aprobar esta ley que no sería recomendable hacer una reforma para disminuir los salarios del Poder Judicial como sí se hará en el Poder Ejecutivo.
La SCJN admitió las acciones de inconstitucionalidad promovida por 55 senadoras y senadores de la oposición, yo incluido, y la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Como se encuentra próxima la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, la Corte decidió la suspensión de los efectos más no de la anulación de dicha ley, porque de lo contrario al aprobar el Presupuesto 2019 con los nuevos criterios causaría efectos concretos inmediatos con posible perjuicio de algunos servidores públicos.
No se trata de defender privilegios de ningún poder, menos de personas concretas. Lo que sí es necesario es que la facultad que tiene la SCJN para determinar el apego o no de las leyes y decretos emitidos por los otros dos Poderes, se realice con libertad y respeto, no con presiones y descalificaciones ideológicas. Los pesos y contrapesos entre los Poderes de la Unión son indispensables en una democracia, estos deben ejercerse para no incentivar el dominio de uno sobre los otros.
Juan Zepeda Hernández
Senador de la República
