Boletín de Prensa
Ciudad de México, a 19 de abril 2018
Dictamen sobre Ley de Comunicación Social es una simulación, acusa Angélica de la Peña
- Minuta aprobada por Cámara de Diputados desoye a la Corte y a las organizaciones civiles
La senadora Angélica de la Peña Gómez aseguró que existe una simulación en el dictamen sobre Ley de Comunicación Social aprobado en Cámara de Diputados, ya que no atiende el mandato de la Corte en el sentido de reglamentar el gasto gubernamental en la materia, así como tampoco atiende los reclamos de las organizaciones civiles para regular la publicidad oficial.
Durante la reunión de las comisiones Unidas de Gobernación; de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, la legisladora del PRD señaló que la minuta proveniente de Cámara “deja sin cambios de fondo la relación del gobierno con los medios de comunicación, mantiene la discrecionalidad del gasto público en comunicación social sin controles ni límites”.
El presente dictamen, dijo, se aleja de lo que la Constitución mandata expresamente, la implementación de un nuevo régimen de responsabilidades entre los servidores públicos en materia de comunicación social, que garantice que el gasto en la materia, cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; así como respetar los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.
“Lo que contiene el dictamen es un marco normativo que legitima el autoritarismo de antaño, justamente el que nos mandata la Constitución, y por supuesto lo refrenda la Suprema Corte, corrijamos en una ley específicamente en esta materia”.
Dicho dictamen, agregó la senadora, “no cumple con el objetivo específico de evitar que la publicidad gubernamental se use como herramienta para apremiar o para castigar a los medios de comunicación, ni que constituya una forma de censura al contratar o no publicidad en los distintos medios de comunicación”.
Asimismo, aseveró, atenta contra la libertad de expresión, ya que se utiliza el dinero público para controlar la línea editorial de los medios, ya sea como pago por el espacio para la difusión de información pública, la llamada publicidad oficial, o por otros servicios ofrecidos por el gobierno, donde la Secretaría de Gobernación mantiene el control de los tiempos del Estado y los tiempos fiscales, así como el padrón nacional de medios.
De la Peña Gómez lamentó que haya sido “una simulación de parlamento abierto” la invitación a las organizaciones de la sociedad civil para escuchar sus propuestas, entre las cuales se proponía la creación o integración de algún ente regulador de la publicidad oficial, que no dependiera de la Secretaría de Gobernación.
En este sentido, dijo, “nos parece que esto que estamos ahora dirimiendo en esta reunión de comisiones, definitivamente no atiende el mandato que nos ha dado la corte, ni atiende lo que las organizaciones están planteándonos”.
“Este dictamen es omiso para controlar el gasto excesivo del Ejecutivo en materia de propaganda gubernamental y solo considera como sujetos obligados en materia de transparencia a los entes públicos, pero no a las personas físicas y morales que reciben los recursos públicos para difundir mensajes de comunicación social, es decir, los grandes medios de comunicación a los cuales el gobierno federal les ha pagado desde el período 2013-2017 más de 35 mil millones de pesos, cuando su presupuesto fue de 13 mil millones de pesos, es decir, se ha gastado un 160% más de lo aprobado”, recalcó.
Por lo anterior, manifestó la legisladora, el Grupo Parlamentario del PRD en el Senado presentará un voto particular en el sentido de llamar a atender lo que la Corte ha mandatado.
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