DICTAMEN APROBADO EN COMISIÓN DEL SENADO, AVANCE HACIA LA CLARIDAD SOBRE CONTRATOS DE FRACKING
- El dictamen aprobado por la Comisión de Medio Ambiente en la Cámara Alta incluye un punto de acuerdo presentado por el GPPRD para obtener información sobre los proyectos autorizados para la extracción de gas y petróleo del subsuelo con esta técnica
- Representa un avance importante, dado que municipios en San Luis Potosí y en otras entidades no están de acuerdo con esta práctica, debido a los impactos ambientales negativos y los riesgos que podría ocasionar a la salud, resalta la senadora Leonor Noyola Cervantes, ahora corresponderá al Pleno su aprobación
Qué hay detrás de los contratos que la Comisión Nacional de Hidrocarburos y Petróleos Mexicanos, firmaron con empresas para la búsqueda y explotación de aceite y gas mediante fractura hidráulica (fracking) en los municipios de la Huasteca Potosina, cuestionó el Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República.
Bajo este argumento, la fracción celebró la aprobación del dictamen en la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático en el Senado de la República, respecto a dos proposiciones con punto de acuerdo en materia de fractura hidráulica, de los cuales uno fue planteado por la legisladora Leonor Noyola Cervantes.
Este tema es por demás importante –reiteró la fracción— ya que además se deben considerar las implicaciones que conlleva esta técnica implementada para posibilitar o aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo.
El fracking consiste en la perforación de un pozo vertical u horizontal, entubado y cementado, a más de 2500 metros de profundidad, con el objetivo de generar uno o varios canales de elevada permeabilidad a través de la inyección de agua a alta presión, de modo que supere la resistencia de la roca y abra una fractura controlada en el fondo del pozo, en la sección deseada de la formación contenedora del hidrocarburo.
De manera que se argumenta que la técnica conlleva impactos ambientales, riesgos de contaminación del suelo y subsuelo, de fuentes de agua potable y de la atmósfera, contaminación sonora, migración de los gases y productos químicos utilizados hacia la superficie, mismos que podrían traer como consecuencia daños a la salud de las personas.
También se señala que se han producido casos de incremento en la actividad sísmica, la mayoría asociados con la inyección profunda de fluidos.
La Comisión Nacional de Hidrocarburos y Petróleos Mexicanos firmaron contrato con empresas ligadas a la Petrolera China Sinopec, para la búsqueda y explotación de aceite y gas mediante fractura hidráulica (fracking) en los municipios de la Huasteca Potosina de Ébano, San Antonio, Xilitla, Tanquián, Tamuín, Tanlajás y San Vicente Tancuayalab, bajo la “modalidad de producción compartida en la Asignación AE-0391-M-Ébano” con duración de 25 años.
La propuesta de la senadora Leonor Noyola Cervantes, a nombre el GPPRD, planteó solicitar a la Comisión Nacional de Hidrocarburos para que remita un informe sobre los proyectos de hidrocarburos en los que se utilice la técnica de la fractura hidráulica en la región de la Huasteca Potosina.
Así como a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, un informe sobre las autorizaciones en materia de impacto ambiental otorgadas para proyectos de hidrocarburos en los que se utilice dicha técnica, finalmente se exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos a que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones legales, ejerzan sus facultades de inspección y vigilancia en la región de la Huasteca Potosina a efecto de verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable a las actividades vinculadas con la ya mencionada técnica de la fractura hidráulica.
La legisladora confió que la aprobación de dicho dictamen en la Comisión representa un avance importante, pues ahora corresponderá al Pleno del Senado de la República su aprobación final, cobra relevancia este tema dado que existen muchos municipios en San Luis Potosí y en otras entidades federativas que no están de acuerdo con esta práctica, debido a los impactos ambientales negativos y los riesgos que podría ocasionar a la salud, “lo cual –refrendó— como grupo parlamentario debemos revisar a fondo”.
