La senadora Angélica de la Peña Gómez sostuvo que hoy el Senado de la República está obligado a trabajar rápido para tener una buena ley en materia de desaparición forzada y destacó el compromiso de todos los grupos parlamentarios para anteponer este tema a sus intereses particulares.
En el marco de segunda Audiencia Pública Regional sobre la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en materia de desaparición forzada, la legisladora del PRD aseguró que los legisladores han estado, están y estarán atentos a escuchar a las organizaciones de familiares de las víctimas y de especialistas para plantear sus exigencias en el dictamen de ley.
Las comisiones dictaminadoras, afirmó Angélica de la Peña, están unidas para lograr dotar al país de una ley única que pueda comenzar a poner orden para la búsqueda, protocolos únicos de implementación de la búsqueda y la investigación y las mismas unidades de búsqueda trabajando bajo un mismo concepto.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos comentó que el proceso para lograr una ley única que tendrá que imperar tanto en el ámbito local como a nivel federal está por culminar y desatacó los avances que ha tenido la discusión de este tema particularmente en el continente americano.
“Quiero destacar el proceso que desde el ámbito interamericano se ha iniciado a diferencia de otros países que incluso todavía siguen configurando la discusión si la desaparición forzada también tiene que estar contextualizada como un crimen internacional”, apuntó
De la Peña Gómez reconoció los avances trascendentales que ha tenido la discusión del tema a partir de las sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mientras que la Corte Penal Internacional no logra acordar el concepto.
“En primer lugar la definición de que estamos frente a una violación fragrante a los derechos humanos, de que es innecesario recordar el mandato que tenemos como estados integrantes de la OEA y de las distintas convenciones que hemos aprobado, de nuestra obligación de tomar todos estos estándares internacionales para que podamos tener una ley efectiva que pueda resolver un problema muy grave en el país”, enfatizó.
La senadora lamentó que México se encuentre ante una situación donde se ha reconocido la desaparición de 27 mil personas y este tema haya salido a la luz pública internacional con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Siempre nos preguntamos cómo fue posible que esto haya pasado en nuestro país, pero no terminamos de aprender, pareciera que el país se da cuenta de que tenemos un grave problema a partir de la situación del 26 y 27 de septiembre del año pasado en Iguala y Cocula con los estudiantes de Ayotzinapa”, agregó.
De la Peña Gómez recordó también la reciente desaparición forzada de cinco jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz y advirtió que cuando en la privación de la libertad hay una negativa a informar el paradero de las personas, aunque se tratara de un arresto o detención legal, comienza a perpetrarse un crimen.
“Desde luego, aquella privación de libertad que pudiera haber sido legal, se convierte automáticamente en ilegal en la medida en que tiene como consecuencia impedir el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales de las víctimas”, concluyó.
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