Ciudad de México, 25 de septiembre de 2018
DEBE GOBIERNO FEDERAL INFORMAR SOBRE CONTRATOS ASOCIADOS A FRACKING, RECLAMA GPPRD
• La fracción del PRD en el Senadoinsta a que se informe sobre el impacto ambiental de usar esta técnica de extracción de gas y petróleo, así como los riesgospara la salud de la población
• Se generarán daños irreversibles, en la zona huasteca, advierte la senadora Leonor Noyola Cervantes
La Secretaría de Energía (SE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos y Petróleos Mexicanos (PEMEX) deben informar los criterios de viabilidad ambiental y de seguridad que fueron tomados en cuenta para la celebración decontratos de explotación de recursos naturales asociados con la técnica de fracturación hidráulica conocida como fracking.
La senadora Leonor Noyola Cervantes presentó un punto de acuerdo durante la sesión ordinaria de este jueves en el Senado de la República, en el que a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD), se exhorta a estas tres instancias a informar no solo sobre los contratos, sino en torno a los proyectos de impacto ambiental y riesgos a la salud de la población.
La legisladora refirió que se conoce que la SE autoriza a PEMEX la extracción de hidrocarburos en municipios del estado de San Luis Potosí, “no debemos permitir que esta práctica se lleve a cabo porque vamos a tener daños de salud, daños en las tierras de producción, donde vamos a afectar la economía de nuestros campesinos, vamos a afectar la salud de las comunidades de la zona huasteca”.
Con este punto de acuerdo sobre sobre el uso de la técnica de fractura hídrica o fracking, la fracción del PRD fijó postura en contra, al considerar que esta práctica conlleva impactos ambientales, riesgos de contaminación del suelo y subsuelo de fuentes de agua potable y de la atmosfera, contaminación sonora, migración de los gases y productos químicos utilizados en la superficie.
La técnica de fracturación hidráulica, es implementada para posibilitar o aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo y consiste en la perforación de un pozo vertical u horizontal, entubado y cementado, a más de 2500 metros de profundidad, con el objetivo de generar uno o varios canales de elevada permeabilidad, a través de la inyección de agua a alta presión.
Lo anterior, de modo que supere la resistencia de la roca y abra una fractura controlada en el fondo del pozo, en la sección deseada de la formación contenedora del hidrocarburo.
La senadora Leonor Noyola aseguró que la finalidad es evitar que se generen daños irreversibles en la zona huasteca.
La bancada del PRD, integrada por el coordinador parlamentario Miguel Ángel Mancera Espinosa, el representante en la Mesa Directiva, Juan Zepeda Hernández y los legisladores Rogelio Zamora Guzmán, Antonio García Conejo y Juan Manuel Fócil Pérez, llamó a actuar con responsabilidad para el bien de las comunidades.
La senadora Leonor Noyola recordó que además dicha práctica está prohibida en otros países debido a sus consecuencias negativas.
La Comisión Nacional de Hidrocarburos y Petróleos Mexicanos firmaron un contrato con empresas ligadas a la Petrolera China Sinopec, para la búsqueda y explotación de aceite y gas mediante fracking en los municipios de la Huasteca Potosina de Ébano, San Antonio, Xilitla, Tanquián, Tamuín, Tanlajás y San Vicente Tancuayalab bajo la “modalidad de producción compartida en la Asignación AE-0391-M” con duración de 25 años.
Aseguró que campesinos de más de 50 comunidades de estosmunicipios expresaron su rechazo, pues refieren que la SEha concesionado polígonos que abarcan la Huasteca Potosina.
La legisladora exhortó a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) a que realicen, en el ámbito de sus competencias, las investigaciones correspondientes.
El objetivo –dijo— es determinar si en las áreas de asignación existen hechos que pueden ser constitutivos de delitos, además, de que emitan las medidas necesarias para salvaguardar los recursos naturales, el medio ambiente y la salud de los miembros de las comunidades afectadas por fracking.
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