Intervención de la senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del PRD, durante la presentación del informe de labores 2016 de la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Ximena Puente de la Mora.
Lorena Cuéllar Cisneros, (LCC): Con su permiso, señor presidente.
Comisionada presidenta, me pregunto: ¿qué haremos los mexicanos para transparentar debidamente el monto total del endeudamiento público de la Federación y de las entidades federativas?
El nivel al que haciende el endeudamiento federal y el de las entidades federativas es un grave problema para México. Pero también es muy grave la opacidad con la que se manejan las cifras.
Al cierre del año pasado, el endeudamiento del Gobierno Federal significaba un 47.9 por ciento del PIB que sin duda compromete la estabilidad financiera del Estado mexicano.
A nivel de las entidades federativas, ni qué decir. Simplemente no es posible saber el monto real, cifras globales hablan de hasta 536 mil 269 millones al cierre de 2015.
Pero el problema es que los distintos estados privan la opacidad. Se ha extendido la simulación en la contratación de endeudamiento bajo múltiples mecanismos que presumen no serlo.
Lo que al día de hoy hace imposible identificar con precisión los montos comprometidos por cada estado.
Al respecto, la ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios define la deuda pública como cualquier financiamiento contratado por los entes públicos.
Así sea contratada en forma de deuda directa, garantizada por la Federación, o contingente sin una fuente o garantía de pago definida.
Sin embargo, las entidades federativas han inventado múltiples mecanismos con los que omiten indebidamente no reportar a la Secretaría de Hacienda los compromisos contraídos mas allá de la deuda colocada en mercados o mediante intermediarios financieros.
Los estados omiten reportar, por ejemplo, la deuda que significa la adquisición de compromisos financieros bajo la figura de fideicomisos de manejo privado o bien la contraída mediante la subscripción de los llamados proyectos de prestación de servicios, PPS, mediante los cuales se compromete por años un destino específico para los ingresos públicos futuros reservados específicamente para cubrir el financiamiento de los proyectos y manejados directamente por particulares a cargo del mismo.
Esa delicada circunstancia me motiva a preguntarle, comisionada presidenta, ¿cómo aprecia el INAI ese problema de opacidad de información financiera en México?
Es decir, ¿cómo enfrentar el problema de la opacidad en la contabilidad de todos los compromisos financieros que se adjudican la Federación y las entidades federativas, qué medidas debe tomar ese instituto para garantizar a la ciudadanía el conocimiento preciso de los montos de esos compromisos financieros?
Se lo pregunto, presidenta, toda vez que el INAI es la instancia que puede conocer de la inconformidad ciudadana por los caso de información que no consiguen conocer obtener los ciudadanos en las entidades federativas.
Y también entiendo que el INAI tiene la responsabilidad de emitir lineamientos para el combate a la corrupción con la aplicación estatal.
Es cuanto. Gracias, presidente.
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