Arturo Escobar y Vega
El pasado 25 de noviembre la Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), solicitó a un juez federal una orden de aprehensión contra Arturo Escobar y Vega, en ese momento todavía subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, por la entrega como Presidente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de 10 mil tarjetas de descuento Premia Platino que serían válidas en diferentes establecimientos para la obtención de votos para sus candidatos.
Esta acción fue resultado de una denuncia presentada en marzo de este año por el PAN. Ante dicha resolución, la respuesta rápida de miembros del PVEM fue descalificar al titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, como si eso significara la desaparición de los delitos cometidos por Escobar y Vega.
Esto no es una comedia de enredos, es un hecho trascendental para el Estado mexicano, ya que constituye un parteaguas en la historia democrática del país. Nunca antes se había observado que un subsecretario de la dependencia responsable de la conducción de la política interior renunciara a su cargo para enfrentar un proceso legal de esta naturaleza.
Sin embargo, pese a que se cometió un delito electoral, el pasado 9 de diciembre el juez 11 de distrito negó la orden de aprehensión, muy probablemente por presiones del grupo político afectado. Acto demolitorio de la confianza en las instituciones, ya que lejos de abonar a su fortalecimiento y credibilidad, contribuye a incrementar el descontento social y el desprestigio de las instancias que vigilan el cumplimiento de la ley. México celebró el día internacional contra la corrupción, exonerando a un funcionario público que desde su nombramiento fue cuestionado.
El análisis de este caso nos ayuda a entender un binomio tóxico y poderoso: la corrupción y el dinero en las elecciones.
El rebase de topes de gastos de campaña y otras trampas han sido una constante en los juicios de nulidad electoral. Más allá de la interpretación jurídica que se puede realizar, se observa un hecho preocupante: las trampas electorales como un eje potenciador de la corrupción de alto nivel, ya que todo el dinero invertido de manera ilegal en las elecciones busca una retribución. ¿Qué compra el que compra una elección? Sencillo: negocios, influencia e impunidad.
Para ilustrar esto se puede afirmar que todo el dinero del narcotráfico es sólo un segmento de la industria de la corrupción. Toda la corrupción tiene origen en la impunidad. Mucha de la impunidad viene de oficiales electos.
Lo que nos lleva a reiterar que la corrupción no se hace a escondidas del poder, sino que es posible en estas dimensiones por los compromisos de éste. Por lo tanto, el caso Escobar es simbólico y podría ser una señal de voluntad de cambio desde el Ejecutivo para fortalecer las instituciones, pero también puede ser el símbolo de que las presiones pueden más que la ley.
El caso será determinante, frente a esto hay dos escenarios: el primero y más probable es que gane la impunidad, no pase nada en el corto plazo, pero la credibilidad en las instituciones se perderá aún más, lo que alimentará el enardecimiento social y será la muerte de la fiscalía como un órgano de control de la legalidad electoral.
El segundo escenario es que haya un seguimiento creíble al caso, una política de transparentar y limitar los recursos que ingresan a las elecciones, de tal manera que se contengan las oportunidades de lucrar con el poder público en beneficio privado y castigarlas cuando se cometan. Las instituciones encargadas de regular los procesos electorales se fortalecerían y la ciudadanía tendría elementos para volver a tener fe en las instituciones y la democracia.
Una de las formas más eficaces de fortalecer el Estado mexicano es limitar el dinero en las elecciones. Pero ¿cómo enfrentar este reto? Primero se debe reconocer el tamaño del problema y los riesgos que implica, adicional, implementar una política de reducción del volumen del dinero en las elecciones, considerar los delitos electorales y de corrupción como crimen organizado, pero sobre todo, implementar sanciones efectivas a la clase política.
La fortaleza de la democracia no está en cuánto dinero se invierta en las elecciones, sino en la calidad de su clase política, el caso Escobar será una medida de esta calidad.
Senador de la República
@LuisHFernandez
