Intervención en tribuna del senador Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del PRD, para referirse a diversos dictámenes por los que se modifica la Ley General de Vivienda.
Adolfo Romero Lainas, (ARL): Gracias, senador presidente.
Buenas tardes a todos, compañeros, compañeras senadoras.
Creo que es un tema relevante hablar de la vivienda en nuestro país, de todos es muy conocido que al vivienda es una garantía constitucional garantizada en su artículo cuarto, párrafo siete, donde se subraya que toda familia tiene derecho de una vivienda digna y decorosa.
Faltaría agregarle un poquito más, que sea una vivienda adecuada. Las leyes se han hecho para que el pueblo de México y las familias puedan tener un pleno desarrollo (inaudible). La vivienda alberga al núcleo principal de la sociedad que es la familia y eso es lo que hoy nos debe de ocupar.
El modelo actual de la política habitacional en nuestro país aún es excluyente pues está estructurado en torno de los plazos y a la financiación en donde se dirige la lógica financiera que domina y condiciona los componentes del proceso de planeación, construcción y reproducción de viviendas.
El derecho a la vivienda debe de ser considerado un mecanismo de desarrollo, convivencia social y fuente esencial de la familia, como yo ya lo había mencionado, que al ser reconocido como tal, permitirá que el Estado, en sus tres niveles de gobierno, garantice políticas de accesibilidad y que además sus actores participen en el cumplimiento del estado de derecho.
En este sentido, el texto legal dice que la Ley de Vivienda establece que el Consejo Nacional de Vivienda tiene por objeto proponer mediadas de planeación, formulación, instrumentación, ejecución y seguimiento de la política nacional en este tema; y una Comisión Intersecretarial de Vivienda encargada de garantizar la ejecución coordinada de los programas y el fomento de las acciones de vivienda.
Bajo este esquema, es necesario que los trabajadores, siendo los beneficiarios directos, sean considerados dentro del Consejo Nacional de la Vivienda en pro de diseñar e instrumentar las políticas públicas en materia de vivienda para velar por sus intereses y sus derechos.
No debo omitir que en la Reunión Ordinaria de Vivienda, donde emanó el dictamen que hoy se discute, abogué por incluir, además de los representantes del sector obrero dentro del Consejo Nacional de Vivienda, a los representantes de las organizaciones sindicales de nuestro país.
Dicha modificación se realizó con la atención de atender los principios de (inaudible) y equidad, así como a la participación articulada de de todos los actores productivos en el diseño, desarrollo y construcción de las políticas nacionales en materia de vivienda.
Por todo lo anterior es que considero, bajo este marco normativo se logran los avances necesarios para una aportación significativa en la participación articulada de todas las actividades que inician en el desarrollo de la vivienda y en beneficio de las familias mexicanas.
Por lo tanto mi voto será a favor de este dictamen.
Es cuanto, señor presidente.
