Intervención en tribuna del senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar el dictamen a nombre a la Comisión del Distrito Federal, el dictamen por el que se reforman y se derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma política de la Ciudad de México.
Mario Delgado Carrillo, (MDC): Con su venia, presidente.
Recibimos la minuta de la Cámara de Diputados de diversas modificaciones a la Constitución para darle por fin avance a la Reforma Política del Distrito Federal, una reforma que en estos tiempos de un gran centralismo por parte del Ejecutivo, que la Ciudad avance en su autonomía no es un tema menor.
Los cambios que se han propuesto, que vienen de la Cámara de Diputados, ya los describió aquí muy bien quien me antecedió en la tribuna, el senador Burgos. En realidad son cambios menores, ajustes de tiempo, cambiar de febrero a marzo la fecha para registrar candidaturas independientes; darle al INE 15 días para convocar a la elección del Constituyente una vez que sea aprobado este decreto; y cambiar una referencia de salario mínimo a la nueva unidad de medida.
En realidad son cambios menores que permiten que esta reforma propuesta durante muchos años, pueda, por fin, hacerse realidad.
Quisiera recordar muy rápido los principales avances de esta reforma. Recupera la Cuidad su nombre, una ciudad que le dio nombre al país; se le quitó su nombre hace muchos años y hoy se le regresa.
Pero lo más importante es que avanza la autonomía de la Ciudad de México para que los habitantes de esta capital tengan derechos político similares al resto de las entidades, podrán ahora votarse las reformas constitucionales como en las demás entidades federativas y no la inequidad que persistía que no pudieran participar dentro del Constituyente permanente.
Otros cambios importantes, resumiéndolos, es que se crea la Entidad de Fiscalización de la Legislatura de la Ciudad de México con autonomía técnica y de gestión; la deuda pública se mantiene; la atribución del Congreso de aprobar el techo de deuda; el artículo 44 se introduce el concepto de capitalidad; se dan facultades, mantiene el Presidente facultades en cuanto al mando de la fuerza pública por tener su residencia aquí; el Senado ya no podrá remover al Jefe de Gobierno; el Jefe de Gobierno ahora podrá nombrar libremente al secretario de Seguridad Pública y al procurador de Justicia.
Tendremos como consecuencia de esta reforma, la primera Constitución de la Ciudad de México; desaparece el Estatuto de Gobierno y será sustituido por una constitución, la primera constitución de la Ciudad en la historia.
Deberá, entre otras cosas, la Constitución decidir el número y la división de las demarcaciones territoriales, establecer los órganos autónomos al igual que el resto de los estados, se establecen las reglas para establecer un Poder Constituyente: 100 diputados, 60 electos por la vía popular entre listas que inscriban los partidos políticos nacionales y una lista de ciudadanos de candidaturas independientes.
Aquellos independientes necesitan el 1 por ciento de la lista nominal; habrá también 40 designados, 14 por la Cámara de Senadores, 14 por la Cámara de Diputados, 6 designados por el Presidente de la República, 6 por el Jefe de Gobierno y el encargo de diputado constituyente será honorífico.
Los acuerdos de la Asamblea Constituyente tendrán que ser por dos tercios del total de los integrantes, el Jefe de Gobierno tiene facultad exclusiva de presentar el proyecto de Constitución y se establece un precepto muy importante, que la Constitución de la Ciudad de México deberá prever las garantías para el goce y la protección de los derechos humanos de conformidad con el artículo 1 de la Constitución.
Será la primera constitución que se haga desde una premisa distinta, los derechos humanos.
Un cambio muy importante son el de las alcaldías, el gobierno de las demarcaciones, ahora de alcaldías, tendrán de manera autónoma estos organismos su presupuesto, derecho a recibir fondos federales y ramos también de la federación en términos de la Ley de Coordinación Fiscal.
La elección de los alcaldes es a partir de una planilla donde también se elegirá entre siete y 10 candidatos para tener consejos instalados entre 10 y 15 concejales.
La reelección de concejales será por un periodo, el mismo que el alcalde; en el caso de los diputados locales, igual que la Federación, tres reelecciones.
La Constitución también deberá prever una fórmula de distribución entre las entidades federativas, entre las alcaldías, perdón; la coordinación metropolitana es una tesis que se incorpora por primera vez en la Constitución.
La zona metropolitana del Valle de México tendrá una ley emitida por el Congreso de la Unión, es uno de los asuntos pendientes que nos quedan por esta reforma.
¿Qué sigue después de esto? Pues esperemos que la reforma sea aprobada por los congresos estatales; una vez que sea aprobada por lo menos por 16 congresos estatales, se publicaría, entraría en vigor esta reforma.
Una vez que se haya publicado, el INE, el Instituto Nacional Electoral, tendrá 15 días para expedir la convocatoria para la elección de los constituyentes. Esta jornada tendrá que desarrollarse el 5 de junio de 2016.
El 15 de septiembre se instalará la Asamblea Constituyente y ahí se recibirá el proyecto de Constitución elaborado por el Jefe de Gobierno.
Será ahí cuando inicien los debates, las tareas del Constituyente que deberán culminar el 31 de enero de 2017 para que se promulgue la Constitución de la Ciudad y entre en vigencia a partir de septiembre de 2018.
Son los principales cambios que contempla la Reforma Política de la Ciudad.
Quisiera ahora, presidente, pedirle tiempo para poder manifestar mi postura particular en relación a esta reforma, ya no como presidente de la Comisión, sino como senador del Distrito Federal.
Primero, pues resaltar lo que se queda pendiente de esta reforma, insisto en que hay que valorarla en un contexto de profundo centralismo. Sin embargo, no hay que dejar de señalar lo que queda pendiente.
Primero, no hay autonomía política sin libertad económica. Toda autonomía conlleva responsabilidad, si pedimos mayor autonomía, debemos asumir más responsabilidad; pero renunciar a la responsabilidad de controlar el financiamiento, de controlar la deuda, es asentar una autonomía simulada.
Los mayores intentos de chantaje política sobre los gobiernos de la Ciudad desde 1997 han venido desde el regate del endeudamiento por la mayoría del Congreso de la Unión.
(Inaudible) financiero de la Capital mostrado desde el 97 a la fecha no obedece a esta regla en la Constitución, sino a los altos niveles de transparencia que existen en los gobiernos de la Ciudad.
Entonces no hay razón económica para que la Ciudad no controle su deuda, éste es un claro límite a la autonomía que hoy se aprueba. El aparente beneficio de tener el aval de la Federación en la deuda, palidece ante la enorme desventaja que representa el no tener la capacidad de no planear la infraestructura de mediano y largo plazo en la Ciudad porque no se controla el financiamiento y eso tiene un impacto directo en la competitividad de la Ciudad.
Esta Ciudad, ahora autónoma, tendrá que seguir año con año, su peregrinaje al Congreso para pedir la aprobación de su deuda.
La autonomía política a medias, sólo es autonomía política a medias si no se logra la autonomía financiera.
Otro tema que me parece relevante por el impacto que tiene en la ciudadanía, la gente nos pregunta muy frecuentemente cuál es el beneficio para mí, cuál es el beneficio para el ciudadano, la vía más directa que se tenía para cambiar la relación de los ciudadanos con el Gobierno, el cambiar el día a día de los habitantes de la Ciudad era la transformación del nivel de Gobierno más cercano a la población que actualmente son las delegaciones políticas.
Habría que transformarlo en dos sentidos, primero, subsanar el déficit de representación política, que eso se logra exitosamente con la introducción de los consejos, pero la otra era ofrecer un modelo de gestión de servicios públicos distintos.
En el fondo, el reto era construir una nueva figura más allá del municipio que fuera una respuesta a un país urbanos donde la gran mayoría de los mexicanos vive en zonas metropolitanas y todo nuestro entramado jurídico, político, constitucional no contempla a las ciudades y menos a las zonas metropolitanas, pero desafortunadamente otra vez se prefirió el control político a darle autonomía plena a las alcaldías, la misma autonomía que se reclama al poder central debería replicarse hacia las alcaldías.
Entonces los alcaldes mantendrán las mismas facultades que los delegados, pero con un consejo ahora que exigirá permanentemente y de manera favorable rendición de cuentas y resultados.
Hay un riesgo de ineficacia e inmovilismo en las alcaldías y esto puede llevar a la frustración de la ciudadanía que espera resultados de esta reforma.
Y por último, el asunto que me parece más grave, le logro más importante y el que mayor influencia tendrá en la vida de la Capital es el de poder contar con primera vez en su historia de esta Ciudad con una Constitución.
Paradójicamente en una reforma que pretende alcanzar la autonomía, se diseña un Constituyente bajo la lógica del control político, es decir, existe detrás un deseo por seguir influyendo en los destinos de la Ciudad y no dejarla crecer libremente.
Este diseño del Constituyente tiene un doble propósito, primero, cerrarle la puerta a la ciudadanía; y segundo, distorsionar artificialmente la distribución política actual de las fuerzas en la Ciudad.
Esta ciudad siempre ha sido el motor del cambio democrático en México, gracias a una población altamente informada, participativa, comunicada, comprometida y organizada.
Ése ha sido siempre su principal activo, la característica, diría yo, que nos distingue de otras grandes ciudades en el mundo.
El Constituyente era entonces o debería ser un llamado a toda esta ciudadanía para que con su participación vivamos un momento fundacional en esta primera Constitución de nuestra historia.
Se equivocan quienes creen que la Constitución puede ser simplemente un arreglo político a partir de un Constituyente controlado y con mayorías artificiales.
Para que haya una gran legitimidad de nuestra Constitución, ésta tendrá que recurrir necesariamente a la fuente originaria de la soberanía, el pueblo. Todos los ciudadanos deben de volverse constituyentes ratificando su Constitución mediante un referéndum.
En esta reforma que debería de representar la vanguardia del pensamiento progresista del país, la obsesión de control político otra vez se impone y se recurre a la fórmula del supremo poder conservador de principios del siglo XIX, donde ahora el Congreso, el Presidente y el Jefe de Gobierno seleccionarán a constituyentes cuyo mandato único será servir a los intereses del grupo político que representan e impedir que el poder constituyente se desborde, lo que ellos piensan es mejor para la Ciudad para controlar al adversario.
Termino, entonces estamos aprobando que haya constituyentes de primera y constituyentes de segunda, aquellos que tienen el mandato directo del pueblo y aquellos que serán designados; unos que servirán al poder constituyente y otros que servirán al poder constituido.
En plena crisis de credibilidad de los partidos y del sistema de representación política, se pervierte el ejercicio de participación política más importante desde el Constituyente del 17, esto estaba llamado a ser el gran debate, a definir el futuro de nuestra Ciudad, nuestros valores, nuestros derechos, nuestros sueños y aspiraciones.
A 100 años de nuestra Constitución era la fórmula para mostrar un camino para la reconciliación nacional y la urgente necesidad de replantearnos nuevamente nuestro pacto social, plantear una nueva Constitución.
Mi voto en contra es por el enorme riesgo que representa el pacto político detrás del Constituyente por la trampa que se está planteando para generar una sobrerrepresentación artificial del PRI y del gobierno de la Ciudad y quitarle representación legítima a fuerzas políticas como Morena.
Mi voto es en contra también por el riesgo que existe de entrampamiento en las alcaldías y que no pueda atender a la expectativa ciudadana de mejorar los servicios públicos.
Y mi voto en contra también es por la renuncia expresa a tomar el control de si endeudamiento y asumir con ello una autonomía plena.
Muchas gracias.
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