- No abdicaremos de nuestra exigencia de eliminar el fuero y toda situación de excepción al Ejecutivo federal.
Intervención en tribuna del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD, a nombre la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, sobre la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción.
Alejandro Encinas Rodríguez (AER). Gracias Senador Presidente.
Bueno, como lo han señalado ya mis compañeras y compañeros de las comisiones co-dictaminadoras de esta minuta que nos ha enviado la Cámara de Diputados y que se ha mantenido intocada a fin de buscar su aprobación y su correlato en la Ley General de Acceso a la Información y Transparencia, representa un pequeño paso adelante.
Reconozco que esta minuta mejora de manera significativa la reforma constitucional que en este Senado de la República propusimos en el año del 2013 y que no fue dictaminada por la Cámara de Diputados y en respuesta nos han enviado esta minuta, que es resultado de un amplio proceso de discusión en el que participaron distintas organizaciones de la sociedad civil, académicos y especialistas, que incluso vinieron aquí a las audiencias del Senado de la República a pedir a los legisladores que aprobáramos en sus términos esta minuta que independientemente de que es perfectible y que todavía necesita avanzar en otros temas, pues, hay que buscar que no se detenga.
Particularmente para combatir uno de los males endémicos de nuestro país, que es el problema de la corrupción, que prácticamente ha permeado todos los órdenes de gobierno, todas las instituciones públicas, a los propios partidos políticos, pero también a nuestra sociedad.
Lamentablemente la corrupción se ha convertido en un mal endémico y en una forma de hacer gobierno, pero también lamentablemente en una forma en que a la sociedad enfrenta los problemas para resolver muchos de sus trámites.
Esto con un enorme costo para el país, basta ver como la propia Auditoría Superior de la Federación reconoce que nuestro país en 10 años perdió 86 mil millones de dólares derivados de actos de corrupción y como la corrupción y la impunidad en nuestro país han venido acompañadas de una drástica caída de la inversión extranjera en nuestro país que tan sólo de 2013 a 2014 pasó de 13 mil 100 millones de dólares a 6 mil 500 millones de dólares, una caída superior al 50 por ciento, que tiene que ver como se ha dado a conocer recientemente a través de un índice global de impunidad en el mundo, como nuestro país lamentablemente ocupa el segundo lugar en impunidad, sólo debajo de Filipinas y arriba de Colombia. En un país en donde el 98 por ciento, en el caso de los delitos penales quedan sin castigo.
Hay que reconocer que esta modificación a diversas disposiciones de la Constitución Política de nuestro país crea un sistema nacional anticorrupción como una instancia de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno y que buscan fortalecer las tareas de prevención, protección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como mejorar dentro de las tareas preventivas la fiscalización y el control en el ejercicio de los recursos públicos.
Y que se busca crear este sistema como una instancia que sea capaz de mejorar de manera continúa el desempeño de la administración gubernamental, dotándola de capacidad técnica y objetiva e indicadores de evaluación de desempeño respecto a la función de los servidores públicos, partiendo de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.
Más aún dentro de este sistema se crea un comité coordinador en el que participarán los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía responsable del combate a la corrupción, la Secretaría de la Función Pública, el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la presidenta comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información, así como el representante del Consejo de la Judicatura, quienes con un comité de participación ciudadana tendrán como responsabilidad fiscaliza, investigar, controlar, vigilar, sancionar, transparentar y rendir cuentas, estrictamente del ejercicio de la función pública.
Y en esta reforma se faculta al Congreso de la Unión para emitir una ley general que debe establecer las bases de coordinación entre las autoridades y los órdenes de gobierno, que tendrá que ser replicada posteriormente en las legislaciones locales, lo cual lamentablemente puede abrir una ruta de muchos meses y años para su consolidación, independientemente que de inmediato con leyes reglamentarias o no, las nuevas facultades que se otorgan a la Auditoría Superior de la Federación le va a permitir, no solamente intervenir de manera inmediata para realizar auditorias durante el ejercicio fiscal en curso, asegurando con ello que las irregularidades cometidas en años distintos a los de la revisión de la cuenta pública o del ejercicio fiscal en curso no queden impunes.
Ello le va a permitir a la Auditoría investigar también la imposición o imponer sanciones a los servidores públicos e incluso a los particulares que hayan incurridos en faltas o en actos de corrupción.
Por ello, la Auditoría ahora podrá fiscalizar los recursos locales cuando provengan de deuda que esté garantizada por la federación, al mismo tiempo que fiscalizará los recursos federales transmitidos primordialmente a través de las participaciones federales, permitiendo de manera directa fiscalizar el conjunto del gasto público, con el objetivo de garantizar que éste se destine a los usos y destinos que fueron aprobados por los órganos competentes y en su caso, de no ser así, sancionar a los responsables de su malversación.
He insistido en que, efectivamente si bien se ha dado un paso adelante, todavía hay mucho camino por recorrer.
Porque lamentablemente el combate a la corrupción y a la impunidad no basta enfrentarlo con la creación de nuevas leyes e instrumentos jurídicos administrativos y penales, sino se requiere un cambio de actitud, un cambio en la cultura de ejercicio de la administración pública, un cambio cultural en nuestra sociedad y particularmente el cumplimiento irrestricto por parte de la autoridad responsable de hacer cumplir la ley, de enfrentar y no permitir la impunidad en la comisión de actos de corrupción.
Por eso, insisto, este no es un asunto de discurso, no basta en ir al estado de Nuevo León a decir a los empresarios que ésta va a ser la barita mágica que resolverá los problemas de corrupción en el país, sino tiene que asumirse que este es, antes que nada, un asunto ético de aplicación estricta de la ley, de hacer que la ley se cumpla y que la ética en el ejercicio de la función pública sea el eje rector para poder garantizar su buena aplicación.
Y uno de los asuntos pendientes de esta ley, pues es el que no eliminó el fuero al Ejecutivo federal y creando un sistema de excepción en donde el Presidente de la República está exento de la aplicación de esta ley.
Lo cual no lo dota de inmunidad, sino de impunidad.
Y por eso, no sólo como Senador de la República, sino presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, quiero solicitarle, señor presidente de la Mesa Directiva, que excite a la Comisión de Puntos Constitucionales para que la brevedad posible se dictamine la minuta enviada por la Cámara de Diputados y las iniciativas que hemos presentado distintos legisladores para eliminar todo tipo de fuero establecido en la Constitución y reformar el artículo 108 que se refiere en particular al Ejecutivo federal; el 109 que otorga fuero a servidores públicos y representantes populares; y revisar con detenimiento los artículos 110 y 111 de nuestra Constitución respecto a la aplicación del juicio político, ya que es inaceptable que legisladores o servidores públicos se amparen en la facultad o el derecho que les otorga el fuero constitucional para la comisión de ilícitos.
El fuero constitucional se dotó al Poder Legislativo a fin de que nadie pudiera ser detenido o reconvenido respecto a la libre manifestación de las ideas, no para erigirse en un instrumento que lamentablemente otorga impunidad a los servidores públicos que, ya sea en flagrancia o resultado de investigaciones o auditorias, se les ha acreditado la comisión de delitos, de desvío de recursos públicos, de abuso de autoridad e incluso de ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada, quedando impunes hasta el momento.
Queda pendiente como el eje fundamental, la eliminación de todo tipo de fueros en nuestra Constitución, porque el fuero implica una situación de privilegio en un país en donde todas y todos los ciudadanos deberíamos ser iguales en el ejercicio de nuestros derechos y obligaciones ante la ley, sin generar ningún tipo de excepción, menos aún para quien ocupa el primer cargo de representación política en el país
Vamos a votar a favor atendiendo la solicitud de los organizaciones sociales que nos han acompañado y apoyado en el desarrollo de otras iniciativas y reformas constitucionales y legales.
Pero no abdicaremos de nuestra exigencia de eliminar el fuero y toda situación de excepción al Ejecutivo federal,
Por su atención muchas gracias.
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